ABC 10/07/14
ISABEL SAN SEBASTIÁN
· Si ETA está derrotada, su única razón de ser es la de cambiar paz por presos con apariencia de legalidad
LA Audiencia Nacional fue creada en 1977 para combatir el terrorismo etarra, esa es la verdad. Todas sus demás atribuciones adornaban el empeño de justificar la existencia de un tribunal especial, con sede en Madrid y jurisdicción sobre todo el territorio español, cuyos miembros tuvieran el valor y la protección necesarios para enfrentarse a los criminales de una banda cuya capacidad de coacción en el País Vasco impedía que el juez natural garantizara in situ el imperio de la Ley. Durante casi treinta años, hasta la llegada de Zapatero a la Moncloa y la fulminación del fiscal jefe Fungairiño, considerado un obstáculo para la negociación con ETA, ese órgano jurisdiccional cumplió ejemplarmente con su función, sin más sombras que las proyectadas por algún «togado estrella» como el prevaricador Garzón. ¿Cuál es su utilidad hoy?
La sentencia que absuelve a los acusados por el asedio del Parlamento catalán ha provocado escándalo e indignación entre quienes pensamos que los tribunales están para aplicar las leyes y no para reinterpretarlas a su antojo, pero no sorpresa. Y no lo ha hecho porque este fallo es solo el último eslabón de una larga cadena de dislates que induce a las peores sospechas.
Estima la Sección Primera de la sala penal de la Audiencia que acosar a representantes electos de la ciudadanía y tratar de impedirles el libre ejercicio de su tarea democrática es una conducta amparada por la libertad de expresión. Hace unos días un juez perteneciente a esa misma sala, José Ricardo de Prada, declaró públicamente que las penas establecidas en nuestra legislación para los terroristas le parecían excesivas, «desproporcionadas» e incluso «inhumanas», sin que semejante afirmación fuera sancionada o al menos desautorizada por el presidente de la Audiencia o por alguno de sus compañeros. El mes pasado, la Sección Tercera absolvió, contra el criterio de la Fiscalía, al presunto asesino de Isaías Carrasco, Beinat Aginagalde, que había sido reconocido por varios testigos, agarrándose a un tecnicismo referido a una rueda de reconocimiento. En octubre de 2013 los mismos togados, reunidos en pleno, tardaron veinticuatro horas en llevar a efecto la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, soltando en bloque a los etarras susceptibles de acogerse a ella y pulverizando así todas las marcas de celeridad judicial conocidas en España. ¿Para qué sirve hoy la Audiencia Nacional? Algunos de sus integrantes actúan como si fuese un escaparate profesional de lujo que les brinda la oportunidad de hacerse famosos usurpando las atribuciones de la Corte Internacional de La Haya y enjuiciando a cualquiera, independientemente de dónde, cuándo o por quién hayan sido cometidos presuntos crímenes contra la Humanidad. Otros aspiran honradamente a perseguir desde sus despachos las grandes tramas de corrupción que esquilman nuestro país, ignorando el hecho de que tras esas tramas casi siempre hay un partido político y por ende una red de aforados que aboca el caso al Supremo. Los hay cuya vocación real es la política, a la que juegan con la toga puesta. Y luego están los más peligrosos, los empeñados en «contribuir a la resolución del conflicto» poniendo su particular grano de arena en forma de «interpretación» sistemáticamente favorable al terrorista, por encima de la víctima y hasta del Código Penal.