¿Para qué triunfó la moción?

Manuel Villoria-El País

Para legitimarse, el nuevo Gobierno debe mejorar las políticas de lucha contra la corrupción

Tras el sorprendente éxito de la moción de censura del 1 de junio ha surgido una irrefrenable búsqueda de explicaciones ex post.No voy a escribir sobre las causas de por qué triunfó, pues ya hay bastantes buenos análisis sobre ello. Pero sí creo que sería bueno reflexionar sobre el para qué. Es decir, qué justificó la moción y cómo actuar desde el Gobierno para ser coherente con las razones que llevaron al proceso de cambio de presidente.

Desde la retórica política, la explicación que justifica la presentación de la moción tiene que ver con la corrupción. Rajoy tenía que irse por culpa de la corrupción que anidaba en su partido y la indignación que ello creaba en la población española. En virtud de esta teoría, el principal partido de la oposición no tenía más remedio que presentar la moción tras la sentencia del caso Gürtel. Por supuesto que la realidad es más compleja y que las razones de cada uno de los que apoyaron la moción eran diferentes y estratégicamente dispares, pero ante la ciudadanía española la explicación fue la que fue. El discurso del candidato socialista fue claro y consistente en ese fundamento.

Es cierto que la percepción de que existe mucha o bastante corrupción en España (94% de los encuestados en el Eurobarómetro de 2017), de que el Partido Popular es el principal afectado y de que el Gobierno no hacía todo lo que debía para acabar con ella se repite en las encuestas desde hace ya más de cinco años. Pero el PP dio por amortizada la corrupción como peligro tras repetir su triunfo en 2016. Dicha lectura errónea generó dos consecuencias que se han revelado nefastas posteriormente. La primera fue la de creer que les daba derecho a utilizar las instituciones a su servicio y que podrían influir en los resultados de las investigaciones y sentencias a través de nombramientos de afines. La segunda fue la de ralentizar la implementación de las reformas que lanzaron en 2015 y aplazar las siguientes, conscientes de que si seguía ese ritmo de cambios institucionales se conocerían más casos y no podían poner la mano en el fuego por nadie.

Resumiendo, se gana la moción fundándose en la corrupción del PP, su incapacidad de asumir las culpas y la necesaria regeneración de la vida política. No se gana retóricamente porque el PP hiciera políticas socialmente regresivas, o porque no fuera suficientemente promotor de la igualdad de género, o porque su reforma laboral generara empleo precario. La moción se gana porque en su relato la clave es la falta de ética política del PP, su uso de la corrupción para llegar y mantenerse en el poder. En consecuencia, la moción no se ha fundado en que el PP era de derechas, sino en que siendo lo que fuera había roto las reglas del juego y transgredido fundamentos esenciales de la democracia.

Dicho esto, la cuestión clave para el nuevo Gobierno es si puede legitimarse en su ejercicio si no mejora las políticas de prevención y lucha contra la corrupción; en definitiva, si no hace de la lucha por la integridad pública el centro de su agenda. Porque si todo este cambio era para modificar la política laboral, o la de igualdad, o la territorial, deberían haberlo dicho así en el Parlamento. Si la razón de llevar adelante la moción era poder avanzar en políticas progresistas y descentralizadoras la ciudadanía tendría que haberlo escuchado así en el Congreso. Pero la intervención justificatoria de la moción del hoy presidente y de los miembros de su partido se fundó en la inmoralidad de dejar en el poder a quien había permitido, cuando no alentado, la corrupción.

Con ello no quiero decir que el nuevo Gobierno no lleve adelante otras políticas y programas más en sintonía con la mayoría real del Parlamento, pero sí creo que no puede ni debe olvidar en su acción de gobierno la justificación esencial de su relato. En términos maquiavélicos diríamos que Sánchez ha mostrado virtù (voluntad y arrojo) y gracias a ello la errática fortuna le ha favorecido. Pero si quiere la gloria tendrá que mostrar con sus obras su aporte al bien común y ese aporte requiere coherencia y respeto a la palabra dada, requiere dar ejemplo, en el fondo y en las formas, de su compromiso insobornable con la integridad.

Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y coautor de Ética pública y buen gobierno (Tecnos, 2016).