Paradojas de la libertad de expresión

EN LOS ÚLTIMOS meses se han producido en España varios casos relacionados con la libertad de expresión. Entre ellos hay diferencias, pero se han agrupado, por razones de oportunidad periodística y porque la aceleración del debate público hace que el Zeitgeist cambie con las estaciones y tengamos un caso Dreyfus por semana. En ocasiones, como ocurrió con los raperos Valtónyc o Pablo Hasel, había una sentencia judicial que los condenaba a prisión por enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias a la corona; el primero también fue condenado por amenazas no condicionales. Otras veces, como sucedió con la obra de Santiago Sierra, una institución presionó para que no se expusiera una obra, algo que no es propiamente censura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto de los Reyes en 2007: esa acción, sentenciaba, no es un delito, sino un acto amparado por la libertad de expresión. Aprovechando el momento, algunos independentistas han presentado la actuación judicial contra los dirigentes secesionistas que optaron por una vía ilegal como un ataque a la libertad de expresión, pero probablemente no esperan que los crea quien no viva en su universo paralelo.

Hay dos malentendidos frecuentes cuando pensamos en este asunto. Uno es imaginar que quien intenta recortar la libertad de expresión tiene malas intenciones: pretende evitar que circule una idea peligrosa para el sistema, impedir que se produzca un debate, obstaculizar el conocimiento de un hecho embarazoso para el poder. En la versión más poética, el censor es una especie de artista fallido, un crítico paranoico. Hay ejemplos célebres, en la historia y en la literatura. Pero, incluso en regímenes opresivos, el impulso suele obedecer a las buenas intenciones. El objetivo habitual es proteger a los débiles: a aquellos que se juzgan más vulnerables a una mala influencia y a las víctimas. Hablamos del silenciamiento histórico de la voz de las mujeres, con razón. Pero otro aspecto importante también fue la falta de acceso a la palabra. Donatella Gagliardi, por ejemplo, ha documentado la idea de la mala influencia de determinadas lecturas sobre mujeres y niños en el Siglo de Oro español. Las advertencias de los efectos perniciosos sobre los «débiles» nunca han dejado de producirse: desde la novela de caballerías a los videojuegos, pasando por la pornografía. Un componente reiterado tiene que ver también con la novedad tecnológica. «Antes, trabajar en el cine era lo peor. Menos mal que apareció la televisión», decía Billy Wilder.

Se podría escribir un libro que presentara algunos de los grandes avances de la historia como procesos por la blasfemia. Sócrates, Jesucristo o Giordano Bruno fueron condenados en un juicio por blasfemia. Sus ideas y actividades fueron cruciales para el desarrollo de la vida civilizada. Al leer sobre los juicios a obras célebres del pasado, los debates sobre su retirada o su circulación abundan en posturas ridículas. En 1933 un juez permitió en EEUU la distribución de Ulises de James Joyce, al decretar que no era pornográfico. El libro, argumentaba el magistrado, podía resultar vomitivo, pero en modo alguno afrodisiaco: podía, por tanto, circular sin peligro en EEUU. El argumento, como señaló Christopher Hitchens, muestra la miseria intelectual de la mentalidad censora incluso en su versión relajada.

Probablemente preferiríamos reivindicar la circulación de una idea interesante o una obra de mérito artístico. Pero en una sociedad liberal como la nuestra defender la libertad de expresión es casi siempre menos glamuroso. Primero, porque esas ideas que admiramos son las que triunfaron. Segundo, porque las palabras amenazadas nunca son las palabras de la mayoría. Si todo el mundo las hubiera suscrito, no habría que haber protegido su expresión. Y existe la posibilidad de que, en otra época, hubiéramos rechazado esas ideas que ahora admiramos. Las manifestaciones de Valtónyc, de Cassandra Vera o de otros son rechazables. Pero eso tiene que ver con el tercer aspecto, el más importante: la defensa del principio de la libertad de expresión es independiente del valor de lo que se diga. A veces hablamos de la libertad de decir tonterías.

Una respuesta habitual a esta argumentación es que la libertad de expresión no lo ampara todo y que debe haber una regulación. Pero esto no deja de ser un hombre de paja. La libertad de expresión siempre está regulada. Ni siquiera quienes, como Flemming Rose, del Jyllands Posten, el medio que publicó las caricaturas de Mahoma, defienden una regulación al estilo de la Primera Enmienda estadounidense, donde solo se persiga la incitación clara de la violencia, abogan por una versión irrestricta. Tampoco la excusa del arte debe permitir que proliferen amenazas o injurias. Pero también parece un poco desconcertante que ahora, cuando ETA ha cesado su actividad terrorista, haya más condenas por enaltecimiento del terrorismo que cuando la organización asesinaba. Se emplea un artículo pensado para otras circunstancias: lo sensato sería cambiarlo. Si este artículo tiene sus problemas, es todavía más discutible el que protege «los sentimientos religiosos». Ismael Grasa escribía en La flecha en el aire que «reconocer que existe un ámbito religioso ya es un hecho religioso». Y en todo caso se debería proteger el libre ejercicio de la religión, no el derecho a no sentirse ofendido.

Se cuenta que, cuando la censura franquista impidió que el final de Viridiana presentara a dos personajes solos sin estar casados, Buñuel añadió un tercero. Lo que parecía una situación veladamente transgresora se transformaba en un trío sexual sin que la censura se diera cuenta. La retirada de la obra de Sierra concluyó con un revuelo sobre las libertades en España, algo de propaganda independentista y 96.000 euros para el pintor, un provocador oportunista. El celo excesivo en la defensa de instituciones como la corona contribuye al descrédito de esas instituciones. Es decir, una de las consecuencias habituales de la censura es que vaya en dirección contraria a la deseada por quienes la impulsan. Otra, poco estética, es convertir en héroes de la libertad de expresión a cafres contrastados.

La legislación debe adaptarse a nuevas realidades comunicativas. Hemos pasado del utopismo tecnológico –pensar que internet permitiría un debate ilustrado y que el intercambio libre de mensajes enriquecería la conversación y fomentaría el entendimiento– a una visión casi contraria –proliferan el exceso emocional y la simplificación falaz, pero también el tribalismo, la noticia falsa, el insulto–. Ambas versiones son exageradas. Sin duda, sería preferible tener un debate más serio y menos bronco. Ha habido intentos de regulación, como el que fue aprobado recientemente en Alemania. Pero también podría ser peor: discutimos de idioteces, no lamentamos atentados. Por otra parte, aunque ha habido ejemplos de ideología distinta, casos como el de Vera (absuelta por el Supremo), Hasel o el propio Valtónyc producen algún desconcierto: a veces es difícil no pensar que hay un elemento de intencionalidad en la persecución a un tuitero u otro.

LA REACCIÓN a estas polémicas refuerza el tribalismo moral y la política de posiciones. Con frecuencia, el sector que se indigna ante intervenciones de la justicia comprende mejor las actuaciones que castigan el comportamiento de su adversario ideológico. Eso, como numerosos fenómenos contemporáneos, sirve para recordar la necesidad de las salvaguardas liberales: muchas veces sólo nos acordamos de ellas cuando truena, y nos desconcierta un poco que protejan a los que nos caen mal.

El de la libertad de expresión es un debate que no se acaba nunca, que exige una renegociación constante. Tenemos una judicatura conservadora, y algunas leyes discutibles y anacrónicas. A eso se suma también «el rodillo de la sensibilidad», como lo ha definido Paula Corroto: una sociedad donde todos estamos pendientes de los que nos ofenden y ansiosos por mostrar nuestra indignación. Una mejor regulación debería tener en cuenta los cambios comunicativos y partir de la idea de que ante la duda la libertad es el mejor principio. Pero también nos ayudaría algo sobre lo que ha escrito Ramón González Férriz: quizá convenga indignarnos un poco menos y no hacer tanto caso a lo que digan los demás.

Daniel Gascón es editor de Letras Libres y este mes publica El golpe posmoderno (Debate).