AUNQUE Gina Miller tiene un largo historial filantrópico, la mayor donación de su vida a 60 millones de británicos ha sido su demanda ante la Justicia, que ayer le dio la razón, para que el Gobierno no aplicara el Brexit sin pasar por el Parlamento. Miller y Deir Tozetti Dos Santos, las dos querellantes ante la Corte Suprema de Londres, han defendido que el Parlamento les había concedido unos derechos, como el de establecer sus negocios en la UE, que sólo el propio Parlamento podía revocar, nunca un plebiscito, que es el mayor caso de traición institucional de la casta política británica. En todos los países no es igual, pero ya comenté aquí el año pasado, cuando comenzó la lucha de estas dos heroínas cívicas –Dos Santos, señalada por el infecto Daily Mail como «enemiga del pueblo», ha tenido que cerrar sus peluquerías–, que en Inglaterra el Parlamento, desde la decapitación de Carlos I, es el depositario secular de las libertades inglesas. Dos ciudadanas han pagado muy caro recordarlo.
La decisión del Supremo va a revelar hasta qué punto el referéndum es una de las mayores estafas de masas perpetradas en Europa. Todos los partidos, salvo Ukip, defendían la permanencia. Tienen mayoría en el Parlamento para revocar un plebiscito que se hizo, como luego se ha reconocido, con datos escandalosamente manipulados y saldado con una victoria mínima: 52%-48%. No es cierto que el pueblo decidiera romper con la UE, porque casi la mitad del pueblo votó quedarse. Sin embargo, a esa mitad del pueblo se le privará, tal vez para siempre, de lo que ya tenía.
Un Gobierno puede decidirse en unas elecciones por mínimo margen; y a los cuatro años, cambiarse. El Brexit, no. Un plebiscito que liquida décadas de trabajo, paz y convivencia con 23 países europeos, protagonizadas por todos los gobiernos y parlamentos legítimos, no es democracia, es demagogia golpista. La esencia de la democracia es la reversibilidad, la rectificación por el voto y sin violencia. La casta política británica ha traicionado eso. Ahora dicen los laboristas que enmendarán el programa de May pero no desoirán al pueblo, o sea, al 52%. Al 48%, sí. Pero si ahora cambian esos términos, ¿no los someterán a referéndum? Deberían. Y, luego, cerrar el Parlamento.