Como suele pasar, no ha sido la clase política británica, que, como aquí, merecería la jubilación inmediata sin pensión, sino dos ciudadanas corrientes las que han defendido la soberanía histórica del Parlamento sobre cualquier otra instancia, incluidos el Gobierno y la marabunta político-mediática. Gina Miller y Deir Dos Santos decían que la salida de la UE tras el plebiscito perpetrado por el infame Cameron (RIP), con el infame Johnson (RIP) en las calderas y el Gran Pilatos Murdochconi en los medios, vulnera los derechos individuales que les amparan en la UE. Y que sólo el Parlamento puede revocar, desde la Ley, esos derechos que la Ley les garantiza. «Una legislación sólo puede ser reemplazada por otra legislación», decía Miller y el Supremo le ha dado la razón.
¿Quiere eso decir que el pueblo, que es el que elige el Parlamento, no tiene derecho a decidir la salida de la UE? No. A lo que no tiene derecho el Gobierno es a convocar un plebiscito (tramposo y demagógico, como casi todos) y aprobarlo sin pasar por el Parlamento, como quiere May. A lo que se niegan a renunciar Miller y Dos Santos es a algo sagrado: unos derechos que, por la pertenencia la UE, habían conseguido, llevándolas a crear, en uso de su libertad, una propiedad, unas empresas que arruinaría el Brexit. Naturalmente, el Parlamento puede votar que aprueba el Brexit y hundirlas, pero sería legal. El sistema plebiscitario, televisivo y simplificador, no debería sustituir al Parlamento, a la Ley, clave de la civilización liberal.
No evocaré mi victoria contra la corrupta Justicia española y su ex ministro Gallardón en Estrasburgo, donde fue posible que triunfara la Ley y no el Poder. Lo importante en Londres es que, tras la sentencia, May ha recurrido nada menos que a la Prerrogativa Real del absolutismo contra el Parlamento, lo que prueba la actualización del despotismo a través del populismo, de los tele-plebiscitos contra la mediación sagrada de la Ley, sin la que no hay Propiedad ni Libertad.