Henri Parot es un terrorista relevante en la historia de la banda. Su comando itinerante, también llamado ‘comando Argala’, fue un cambio estratégico notable que facilitó a ETA la comisión de un número considerable de atentados con impunidad. A ello contribuía que los integrantes eran todos franceses, mientras los cuerpos de seguridad buscaban españoles.
Su carrera criminal duró doce años, desde que en 1978 lo captó Txomin Iturbe hasta que fue detenido por la Guardia Civil el 2 de abril de 1990 en Sevilla. En ese periodo asesinó a 39 personas y resultaron heridas 240. En sus 26 procesos fue condenado a 4.800 años de reclusión. Este tipo ya estaría en la calle y sus adeptos podrían haberle organizado un festejo de bienvenida, un ‘ongi etorri’ por aplicación del Código Penal de 1973, pero cometió la estupidez de escribir cartas desde la cárcel para urgir a sus compañeros la comisión de más atentados, lo que le valió una condena adicional de 11 años.
Ayer por la mañana conocimos la noticia de que la red de apoyo a presos etarras, Sare, desconvocaba la manifestación de apoyo a Henri Parot y la sustituía por concentraciones en pueblos y ciudades para pedir que no se condenara a cadena perpetua a los terroristas. En el Código Penal español no figura la prisión a perpetuidad como ocurre en Francia, donde dos de los miembros del comando itinerante, Jean Parot, hermano de Henri y Jacques Esnal sí están condenados a cadena perpetua.
Independientemente del error que sufren los simpatizantes del terrorismo etarra con las penas de los códigos español y francés hay una enseñanza razonable: la reacción de las víctimas y del partido Vox contra el homenaje ha dado frutos en este paso atrás de la izquierda abertzale. Piense uno lo que piense del asunto, no cabe duda de que las concentraciones contra la prisión perpetua son legítimas y están amparadas por el derecho a la libertad de expresión que reconoce y garantiza la Constitución. Luego, como siempre, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. En cambio, los homenajes a un asesino tan cualificado como Parot constituyen una humillación para las víctimas que el Estado de derecho no debe tolerar.
La firmeza de las víctimas se ha convertido en un acicate para los Gobiernos Central y Vasco que ayer participaron en Vitoria en un homenaje a las 39 personas asesinadas por Parot. No ha estado a la altura la Audiencia Nacional, que por auto del juez Calama rechazó prohibir el homenaje e indicó que tal vez lo más indicado era que lo hiciese el Gobierno. Eso pasaba en el día en que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el pasado mes de junio anunció que España estaba en una crisis constituyente, volvía a la Audiencia Nacional y después de que esta misma diera por buenas la infame destitución del coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer el delito que sus superiores le requirieron aquel 24 de mayo de 2020.
Ya lo había explicado claro León Felipe en su poema ‘Romero solo’: “No sabiendo los oficios los haremos con respeto./ Para enterrar a los muertos como debemos/ cualquiera sirve, cualquiera… menos un sepulturero”. Bueno, pues para hacer justicia les viene a pasar lo mismo a algunos jueces.