Parot y las promesas incumplidas

HIZO falta mucho tiempo y aún mayor determinación para poner fin a la práctica impunidad de la que gozaban en España los terroristas y otros asesinos múltiples de similar calaña. Hasta 2006, al amparo de una jurisprudencia imbuida de «buenismo», auténticos depredadores de rostro humano, condenados a centenares o millares de años de cárcel, cumplían un máximo de quince, lo que en muchos casos no equivalía ni siquiera a uno de privación de libertad por cada vida segada. Fueron los gobiernos de Aznar quienes hallaron el modo de terminar con este escarnio, aplicando los beneficios penitenciarios al total de la pena impuesta y no al periodo máximo de estancia en prisión (30 años). Del mismo modo encontraron fórmulas legales para liquidar a todo el entramado político, empresarial y «socio-cultural» que alimentaba a ese monstruo de múltiples tentáculos llamado ETA, mucho más complejo y peligroso que un grupo de pistoleros. Porque cuando se quiere se puede.

Fue la voluntad política de un Partido Popular firme en sus convicciones la que logró que las víctimas obtuvieran al fin justicia y los criminales pagaran por sus crímenes. La que hizo prevalecer el sentido común por encima de los complejos históricos. La que impuso cordura y proporcionalidad a una lucha lastrada hasta entonces por el pensamiento débil de un legislador y unos jueces obsesionados por salvaguardar los derechos de los delincuentes hasta el extremo de ignorar los de sus víctimas. Hoy, todo ese capital moral corre el riego de desvanecerse.

Pasado mañana la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo fallará un recurso del Gobierno español contra una sentencia del mismo órgano, favorable a la etarra Inés del Río, que supondría la voladura definitiva de esta doctrina Parot de la que nos hemos valido durante unos años a modo de parapeto contra la iniquidad. Un parche, un remiendo de emergencia puesto por un Ejecutivo con coraje en una legislación terriblemente laxa, cuya desaparición, de producirse, supondrá la excarcelación de un centenar de auténticos monstruos sanguinarios no arrepentidos, no rehabilitados y desde luego no dispuestos a reconocer ni reparar el daño causado. Bestias terroristas pero también violadores multireincidentes, pedófilos asesinos de niños… gentuza de la peor calaña que andará suelta por las calles y transmitirá el mensaje de que cometer esas atrocidades en este país sale muy barato.

Y es que a pesar de las promesas electorales, a pesar de las palabras destinadas a ganar votos, este PP, el de ahora, no ha movido un dedo por cambiar la legislación que hace posibles estas situaciones. Fue uno de los caballos de batalla de Gallardón durante la campaña. Se desgañitó asegurando que instauraría la cadena perpetua revisable para determinados delitos, sabiendo perfectamente que existe un verdadero clamor social en demanda de ese compromiso y que el hecho de contraerlo le facilitaría la carrera hacia el Consejo de Ministros. Aseguró igualmente que despolitizaría la justicia y que derogaría la Ley del Aborto. No ha dado un paso en ninguna de las tres direcciones. Ni para salvar vidas de criaturas indefensas en el vientre de sus madres, ni para devolver al Poder Judicial su independencia perdida, ni tampoco para impedir que un degenerado como el profesor de judo recientemente condenado por más de 35 abusos sexuales a menores pueda ser recluido por un periodo superior a veinte años. Todo sigue igual.

La doctrina Parot fue el remiendo, no la solución. El problema seguirá estando ahí, diga lo que diga Estrasburgo, mientras nadie tenga el valor de coger ciertos toros por los cuernos.