Existen en España dos grandes ‘partidos’ no inscritos como tales pero de una influencia social y política notable: el de los pensionistas y el de los funcionarios. Entre ambos agrupan a unos doce millones –nueve y tres respectivamente– de ciudadanos, un caladero de votos demasiado goloso para desdeñarlo. En su afán de remontar su declive electoral, el Gobierno ha decidido otorgarles un manifiesto trato de favor presupuestario. Es decir, beneficiarlos con subidas insostenibles en el reparto discrecional de dinero público, que no es del Estado sino de los contribuyentes cuyas cotizaciones e impuestos sufragan la espiral recaudatoria que permite el incremento de gasto. Eso no es un pacto de rentas ni un arbitraje redistributivo sino un agravio añadido al sobreesfuerzo fiscal exigido por el avance inflacionario. Y un irresponsable aumento de la deuda estructural de un sistema quebrado por la ausencia de reformas pendientes desde hace años.

Los jubilados forman parte incuestionable de las clases pasivas, pero encuadrar en esa categoría a los empleados de la Administración sería una injusticia. Unos y otros, en su vida laboral pasada o presente, han soportado cargas exactivas esenciales para mantener los servicios del bienestar a salvo de más de una situación crítica. No son sus derechos lo que está en discusión sino la brecha comparativa, la desigualdad con el resto de los sectores implícita en una política de claro sesgo clientelista. Los costes de esta operación de autorrescate gubernamental recaen en las ‘clases medias trabajadoras’ –sintagma propagandístico creado por el sanchismo sobre una reiteración tautológica, como si hubiera clases medias rentistas u ociosas– que sufren en la empresa privada una contención salarial discriminatoria derivada de las asfixiantes condiciones de la actividad económica. El Ejecutivo, tan aficionado al frentismo, está creando otras dos Españas: la que vive del Presupuesto –aunque las pensiones no sean precisamente desahogadas– y la que depende de un mercado darwinista en devaluación palmaria y sometido a una competitividad dramática.

En todo caso, la generosidad con estos dos colectivos ofrece dudosas expectativas como maniobra de estímulo electoralista. Su implantación sociológica es demasiado heterogénea para convertirla en objetivo de conquista por unas solas siglas, y la intención de seducirlos con guiños monetarios queda muy a la vista. Hay valores ideológicos, culturales, biográficos o morales impermeables a las tentaciones crematísticas, amén de que la confianza en Sánchez está hundida. Si los prometidos estipendios no surten en los próximos meses –encuestas mediante– el efecto buscado, lo que quedará es un equilibrio financiero menoscabado en vano. Y otros muchos millones de empleados, autónomos y pequeños empresarios convencidos de que la élite de poder los expolia para paliar su fracaso.