El decisivo papel que desempeñan los medios -privados- de comunicación como instrumentos para la formación de una opinión pública libre se ve complementado en las democracias avanzadas de Europa con el establecimiento de entes públicos de radiotelevisión configurados como prestadores de un servicio público que ha de caracterizarse por su profesionalidad y neutralidad. En Reino Unido la BBC ha sido durante décadas el modelo de referencia. Lamentablemente, en otros lugares -como ocurre en España- esos entes son colonizados por los partidos, pierden su neutralidad y con ella la razón que justifica su existencia.

En este contexto, el recientemente aprobado decreto ley que modifica la composición del consejo de administración de RTVE supone un paso más en el proceso de colonización partidista de las instituciones que sufre nuestro país. Los partidos asumen directamente el control de toda una serie de instituciones que deberían ser neutrales e independientes para poder cumplir correctamente con su función, como es el caso de RTVE.

Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo lugar el único intento serio de preservar la neutralidad de RTVE. Con su impulso se aprobó la ley que requería el apoyo de dos tercios de los parlamentarios para la elección de los consejeros. Esa mayoría cualificada implicaba la existencia de un consenso sobre la cualificación e independencia de los elegidos. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto ley para suprimir el requisito de los dos tercios, de modo que la mayoría parlamentaria de turno pudiera controlar RTVE. El PSOE denunció entonces con toda razón ese «golpe institucional» y lo recurrió ante el Constitucional. El tribunal le dio parcialmente la razón al entender que no existía la urgencia que justifica aprobar un decreto ley.

Ahora es el Gobierno de Pedro Sánchez el que recurre inconstitucionalmente al decreto ley para modificar la composición del consejo. Hasta ahora el Congreso elegía a seis consejeros y el Senado a cuatro. El decreto prevé que a partir de ahora el Congreso elija a once y el Senado (en el que el PP tiene mayoría) siga designando a cuatro. El objetivo es, por un lado, incluir en el órgano a representantes de los diversos partidos que apoyan al Gobierno (desde Bildu y ERC hasta Podemos) y, por otro, reducir al mínimo la presencia del PP y excluir directamente a Vox con la excusa de que no comparte «los valores de RTVE». Resulta muy difícil aceptar que compartan esos valores todos los grupos que respaldan al Ejecutivo y que han sido incorporados al consejo de la radiotelevisión pública.

Pero, al margen de ello, lo denunciable es que se pretenda convertir el consejo de RTVE en un Parlamento en el que los distintos partidos tengan sus representantes. El consejo no tiene que ser plural, tiene que ser neutral. Y para ello, estar integrado por profesionales independientes, de reconocido prestigio y trayectoria y cualificación acreditadas. En lugar de eso, los partidos, una vez más, operan como agencias de colocación y designan a personas sin la necesaria cualificación.

En definitiva, con la reforma se refuerza el poder de la mayoría de la investidura y se garantiza directamente su control de RTVE. El sistema es bastante similar al establecido en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid. Ello pone de manifiesto que ni el PSOE ni el PP entienden la importancia de la neutralidad y la condición de servicio público de RTVE. La reforma se opone, además, al reglamento europeo de libertad de medios -de aplicación directa en España-, cuyo artículo 5 exige que los Estados miembros garanticen la independencia editorial y funcional de los medios públicos.

El efectivo cumplimiento de este reglamento europeo requiere que España apruebe una ley que garantice la profesionalidad e independencia de los consejeros de RTVE -y de sus homólogos autonómicos- recuperando la exigencia de una mayoría parlamentaria cualificada de dos tercios para su nombramiento.