‘Pasión por la libertad. El pensamiento político de Adolfo Suárez’

Texto de la conferencia pronunciada por el periodista y escritor Federico Quevedo, presentando su libro ‘Pasión por la libertad. El pensamiento político de Adolfo Suárez’, el 4 de julio de 2007 en Bilbao, en un acto organizado por la Fundación para la Libertad.

Cuando Nicolás Redondo me propuso presentar el libro PASIÓN POR LA LIBERTAD. EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE ADOLFO SUÁREZ en el marco de la Fundación para la Libertad, me sentí enormemente agradecido.

Primero porque mi único mérito es haber puesto negro sobre blanco el pensamiento de un gran hombre, y de haberlo interpretado lo mejor que he sabido hacerlo, entroncando su ideario con las reflexiones de los padres de la democracia liberal.

Y, segundo, porque para mi tenía una especial significación que quien me introdujera e hiciera la primera reflexión sobre este libro fuera Nicolás Redondo.

Yo no soy una persona de izquierdas, ni lo era tampoco Adolfo Suárez, y sin embargo estoy absolutamente convencido, y después de haber escrito este libro lo afirmo sin ningún temor a equivocarme, de que a Adolfo Suárez le unirían muchas más cosas con Nicolás Redondo que las que pudieran separarle, porque cuando se trata de defender la libertad, no existen fronteras ni físicas, ni humanas, ni sociales, ni ideológicas.

No puedo decir lo mismo de otros de sus compañeros, y eso queda muy en evidencia en la lectura de este libro.

Sin necesidad de hacer referencias explícitas a la situación que vivimos, es obvio que la imagen que la actual coyuntura refleja en el espejo de la Transición aparece completamente distorsionada, borrosa e irreconocible.

De todo esto les quiero hablar a lo largo de los próximos minutos, pero antes permítanme que les cuente una tercera razón por la que para mi presentar hoy aquí este libro tiene un componente emotivo que no puedo obviar: esta fue mi casa, mi patria chica durante mi infancia y mi adolescencia.

Aquí no nací yo pero si lo hicieron mis cuatro hermanos y una de ellas todavía sigue formando parte de este pueblo maravilloso.

Cerca de aquí, en Las Arenas, viví años muy intensos, en los que todo lo que ocurre alrededor de un muchacho deja huellas marcadas en el recuerdo y en el alma.

Vivíamos en una plaza que hoy responde al nombre de Sabino Arana y entonces al del general Primo de Rivera.

Ni uno ni otro me seducen, pero es evidente que el primero ha tenido una influencia muy nociva en el devenir de este pueblo y una responsabilidad muy extensa en el tiempo por la pérdida de su libertad.

Tengo recuerdos hermosos de esta tierra, recuerdos que he llevado conmigo y que no me abandonan, pero tengo también recuerdos que aun hoy me afligen cuando la piso.

Todavía puedo ver a mi madre, asomada a la ventana, esperando a que llegara del colegio, la mitad de los días perseguido por una pandilla de secuaces de la kale borroka empeñados en atormentar mi existencia.

Recuerdo que mi padre hubo de abandonar su casa, su familia y su trabajo y emigrar a Madrid mientras nosotros terminábamos nuestros cursos escolares a la espera de reunirnos con él tras aquel verano de 1980. En el camino había experimentado el miedo y la asfixia de una sociedad sometida a la violencia de los que desprecian la libertad de pensamiento y de elección.

La policía nos detenía para cachearnos todas las tardes a la entrada de Bilbao cuando venía desde Las Arenas con mis compañeros por la vieja carretera que orillaba la ría para estudiar en casa de algún amigo.

Recuerdo el terror que sentí el día que unos desaprensivos nos bajaron de un autobús en pleno barrio de El Arenal para quemarlo, y estaban dispuesto a hacerlo con nosotros dentro si no nos dábamos prisa en abandonar el vehículo.

Y recuerdo, perfectamente, como si fuera ayer, el rostro desencajado de un tio mío que pasaba unos días con su familia y paseando por la calle fue testigo directo y en primera línea de cómo unos cobardes descerrajaban varios tiros en la nuca de un miembro de las Fuerzas de Seguridad. Yo mismo he visto la sangre fresca en el suelo de las calles de Bilbao… entonces ETA mataba cada tres días.

Y he sentido el desprecio, el odio y el rencor de los que cargados de un profundo sentimiento de racismo y xenofobia nos llamaban maketos y nos escupían a la cara.

Pues a pesar de ellos, sigo queriendo a esta tierra y la sigo considerando mía.

Ni su odio, ni su rencor, ni su desprecio conseguirán nunca, jamás, que deje de sentirlo así. Al contrario, desde entonces me guía esa profunda pasión por la libertad que da título al libro y a esta conferencia.

Esa pasión por la libertad que guio los pasos de quienes a la muerte de Franco vieron la oportunidad de llevar adelante un proyecto ilusionante de convivencia.

La pasión por la libertad que guía los pasos de mi amigo Nicolás Redondo, y de tantas y tantas personas, unas más conocidas y otras que pasan desapercibidas, pero que cada día entregan un poco de sus vidas para conseguir que en un futuro no muy lejano la libertad vuelva a ser una realidad en el País Vasco.

Por eso me produce tanta emoción estar hoy aquí, porque si hay un lugar en esta España nuestra en el que hablar de libertad tenga todo el sentido, es este, donde tanto se sufre su ausencia.

El terrorismo, afirmo en el libro, ha hecho acto de presencia en la vida política española desde el primer momento en el que accedimos a la libertad, aunque su factura es anterior y, en cierto modo, un residuo del franquismo, demostrando así que su lucha no tenía como fin la desaparición de la dictadura, sino la imposición de sus planteamientos por encima de cualquier resquicio de respeto al constitucionalismo pluralista.

El terror no sabe nada de respeto a las ideas de los demás. Tampoco lo sabe el nacionalismo que se situaba, y se sitúa, detrás de su acción.

Pero en el caso español confluyen en la manifestación de terror al menos dos de los mayores enemigos de la libertad: un trasnochado marxismo y un fundamentalismo excluyente y absolutamente nocivo para la idea de democracia liberal y de libertad.

Adolfo Suárez afirmaba que el terrorismo “es un ataque frontal al Estado, y no un ataque a un partido, a un gobierno o a un presidente; es un ataque frontal al sistema democrático que tantos esfuerzos nos ha costado traer a nuestro país y que tantos esfuerzos ha de reclamar de nosotros también para consolidarlo definitivamente y que no sea un breve paréntesis en la historia de España”.

Son palabras dichas al hilo de los acontecimientos en aquella España que iniciaba el camino de la libertad, y que asistía impotente a una manifestación extrema de violencia dirigida a desestabilizar el edifició que la Reforma Política estaba rehabilitando sobre la base de unos cimientos firmes, los de una nación de ciudadanos libres e iguales que contaba, y cuenta, con más de quinientos años de historia.

Y pese a haber sido dichas hace treinta años, esas palabras sigue teniendo una vigencia plena, porque hoy podemos afirmar sin duda alguna que, de nuevo, el mayor peligro al que se enfrenta la idea de libertad es el renacimiento o, mejor dicho, el fortalecimiento de un nacionalismo excluyente, que ha encontrado un terreno abonado en una sociedad considerablemente acomodada y adormecida, a la que es difícil que la idea de defensa de los principios constitucionales y el ideal de Nación común la saquen de su letargo.

A veces parece, incluso, que ni siquiera las manifestaciones de violencia de este nacionalismo radical y excluyente conmueven las estructuras de esa sociedad acomodadiza, y de ese riesgo ya nos advertía Adolfo Suárez:

“Se pretende aniquilar nuestras esperanzas; se pretende sembrar la desconfianza, el odio, el recelo y el enfrentamiento entre todos y cada uno de los grupos políticos que representamos dignamente la soberanía popular; pero se pretende con la única y exclusiva finalidad de que nosotros, desencadenando esa reacción que produce el terrorismo, de desmoralización, suicidamente hagamos el trabajo que les falta por realizar”.

Sorprende -¿verdad?- escuchar ahora estas palabras, casi proféticas, anunciadoras del verdadero gran objetivo de los terroristas: que la sociedad, que el Estado, acabara asumiendo su chantaje y cediera a sus pretensiones, lo que de facto significaba tirar por la borda todo lo conseguido hasta este momento y poner la libertad de todos en manos de una ideología aniquiladora.

Lamentablemente la enfermedad que le aqueja nos impide conocer las reglexiones que Adolfo Suárez haría a la luz de los acontecimientos de estos últimos tres años, pero después de haberlo pensado mucho y haberle dado muchas vueltas, creo que si algo destacaría el ex presidente del Gobierno como la gran victoria de los terroristas sobre la democracia es la fractura social, la desunión de los demócratas frente a la amenaza de los violentos.

Él nos pedía hace treinta años que “frente a la desmoralización que quieren provocar los ataques terroristas, la respuesta sea una respuesta colectiva de todo el pueblo español, una respuesta de solidaridad, una respuesta de responsabilidad”.

Pues bien, siento decirles que hoy esto no es así. Lo fue en algún momento, cuando el asesinato vil y cobarde de Miguel Ángel Blanco llenó los corazones de todos los españoles de un grito atronador, ¡basta ya!, que reclamaba libertad y esperanza.

No lo es hoy.

Aunque es verdad que la ruptura de lo que fuera que durante estos meses le ha servido a ETA para fortalecerse ha relajado, aparentemente, la tensión entre los dos partidos mayoritarios, lo cierto es que en estos momentos la división que ha provocado la apuesta por la negociación con los terroristas llevada a cabo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue latente y es visible en cada rincón de nuestras calles y plazas.

Y estoy absolutamente convencido de que eso es lo que más podría doler en el alma de un político que amaba a su país por encima de todo, de ambiciones personales, de intereses de partido, de afectos familiares, de íntimas creencias… Por eso su actitud fue siempre firme:

“Deseo que quede una cosa muy clara –afirmaba en 1977-: de entreguismo a la subversión, nada; de actitudes tibias hacia las provocaciones, nada; de despreocuparnos ante los grandes temas que puedan rozar la unidad, la idependencia o la seguridad de la patria, nada”.

¡Que difícil se hace escuchar estas palabras treinta años después, cuando todos estos valores se cuestionan a partir de una falsa idea de apaciguamiento de la bestia!

Quienes se declaran partidarios de la negociación y el entreguismo no han entendido nada del comportamiento nihilista de quienes empuñan las armas contra la libertad, su verdadera obsesión aunque escondan sus intenciones tras pretendidos conflictos políticos, religiosos o territoriales absolutamente inexistentes.

El terrorismo no es otra cosa que la máxima enfatización del fanatismo, cuya única voluntad es la aniquilación del ser humano expresada mediante un absoluto desprecio por la vida y la dignidad de los individuos.

Terrorismo significa la plenitud del odio de unos seres llenos de miseria y en minoría hacia la voluntad de la mayoría, porque son plenamente conscientes de que por la vía de la participación democrática, de la defensa de sus ideas en igualdad de condiciones que los demás, nunca conseguirían sus objetivos, porque éstos representan un rotundo desarme moral, la pérdida de la libertad, el camino de la servidumbre, y no estamos dispuestos a entregar lo que tanto nos ha costado recuperar.

Adolfo Suárez lo expresaba con una contundencia que hoy se echa de menos en nuestras autoridades políticas:

“Que nadie espere negociación ni amnistía para quienes están en armas contra la autoridad legítima, con desprecio de la vida humana”.

Esto era lo que afirmaba Suárez hace treinta años, cuando él era presidente del Gobierno.

Permítanme que les recuerde lo que opinaba Adolfo Suárez hace tan solo diez años, cuando una tregua de ETA puso en alerta a otro Gobierno de centro-derecha liderado, esta vez, por José María Aznar.

También en esa ocasión, y cuando desde el nacionalismo se repicaban campanas de triunfo, Suárez tenía muy claro que no cabía diálogo con la banda terrorista que supusiera una cesión en los valores fundamentales de la democracia y de la Constitución española, y por eso ponía en alerta sobre la paz a cualquier precio y la glorificación de la tregua y afirmaba que “todo se puede debatir, pero no todo es conveniente ni todo se puede dar. Un debate supone respeto a las normas que lo presiden; esas normas están recogidas en la Constitución. Dentro de ellas no se puede pedir lo que no se puede dar. En estos casos la petición extrema invalida el diálogo. Eso hay que hacerlo ver y hacerlo popular entre los españoles. Hay precios que no se pueden pagar”.

Y el precio máximo, el precio definitivo que los terroristas quieren que los demócratas paguemos es el de nuestra libertad.

Aquí y en el resto del mundo.

Aquí y en el Oriente Medio donde el discurso del odio se ha cobrado, recientemente, seis víctimas entre los soldados españoles.

Aquí y en Londres donde se ha podido evitar in extremis una masacre.

Aquí y en Yemen donde varios compatriotas nuestros han fallecido a causa de un atentado terrorista.

No estamos solos en el mundo, y los enemigos de la libertad campan a sus anchas de norte a sur y de este a oeste del planeta sembrando el pánico y el odio, sabedores de que su victoria está en hacer de nuestro tránsito un camino de servidumbre a su ideología totalitaria.

Yo se que, probablemente, sea políticamente incorrecto hacer estas afirmaciones, pero los enemigos de la libertad no son de ahora, sino que su lucha contra la democracia nace en el mismo momento en el que la concepción liberal de la convivencia se impuso en nuestras sociedades, unas sociedades que por su tradición judeocristiana consideran al ser humano como un ente falible, y de esa falibilidad es de la que nace, como afirma Philippe Nemo, el derecho de la humanidad a aspirar a un futuro mejor.

Donde no existe ese humus intelectual y cultural, es decir, en la mayoría de las civilizaciones no occidentales, no solo no arraiga la democracia, sino que en muchos casos se acaban convirtiendo en enemigos acérrimos de la misma.

Permítanme que me aleje un tanto de la línea argumental que estaba siguiendo hasta el momento, pero vivimos en un mundo globalizado, y creo que tan trascendental es el hecho, ocurrido a excasos kilómetros de aquí, de que un ayuntamiento como el de Lizarza se tenga que constituir en medio de un fortísimo dispositivo de seguridad, como el que a miles de kilómetros de distancia la mujer tenga impedido el ejercicio de las libertades más elementales y se vea sometida a la tiranía del burka.

“Nunca hasta hoy había existido una única sociedad humana sobre la tierra con problemas globales a los que hacer frente globalmente”, afirmaba en 1989 Adolfo Suárez.

No puede ser más cierto, aunque a los problemas de entonces hoy hay que añadir algunos de nuevo cuño, no tanto por nuevos, que no lo son, como por su relevancia e influencia en los modelos de convivencia, como son los movimientos migratorios, el terrorismo y la proliferación del nihilismo, y la aparición de un populismo de raiz marxista que viene a sustituir la preeminencia que tuvo el comunismo como ideología de referencia durante la segunda mitad del siglo XX.

En ese nuevo marco la lucha por la libertad se convierte en una necesidad aún más axfisiante pues, si bien siempre ha sido necesaria su defensa, hasta hace bien poco podíamos delimitar esa batalla asemejándola a la de dos novios que trifulcan por el amor de una mujer, pues esa batalla se daba entre comunismo y capitalismo referenciados a dos bloques monolíticos y poderosos.

Pero ese no es el escenario en el que ahora nos movemos, pues los enemigos de la libertad se multiplican dentro y fuera de nuestras fronteras y, como afirma Suárez, “lo que en última instancia está en juego es el ser humano, en su individualidad, en su libertad, en su dignidad moral, en sus condiciones de vida en suma”.

Su defensa exige entrega, pasión por la libertad, fe en la democracia liberal y en las virtudes del pluralismo político y el respeto a las ideas de los demás, y ese es el cimiento de nuestra cultura democrática, pero no es el cimiento sobre el que se elevan otras culturas y otras civilizaciones.

Por eso no valen los brindis a la paz universal, ni los discursos elocuentes y dogmáticos, sino que necesitamos, en un primer paso, reconocer la complejidad de los problemas –“no hay soluciones simples para problemas complejos. La libertad, la seguridad, el bienestar requieren una dificil combinación de elementos”, afirmaba Suárez-, en segundo lugar potenciar la cooperación y, finalmente, asentar un marco jurídico de relaciones internacionales que no sea, como decía Suárez, “un mero instrumento de ordenación de relaciones y de distribución de competencias entre estados”, sino que de verdad sirva para defender y fortalecer el ideal de libertad en todo el mundo.

André Gluksmann afirma que “el muy esencial derecho de los pueblos a disponer de sí mismos no debe garantizar ni implicar el derecho de los gobernantes a disponer de sus pueblos”.

Y esta ley, que debería ser universal, no se defiende simplemente con algo llamado alianza o diálogo entre civilizaciones, si antes no se ponen las bases que impliquen la no cesión de ninguno de los logros alcanzados por la cultura occidental.

Miren, y ahora vuelvo de nuevo a la línea argumental en la que había abierto este paréntesis, si algo nos ha enseñado la reciente experiencia del mal llamado ‘proceso de paz’ es que el diálogo entre la verdad reconocida en el rostro de la libertad, y la mentira que se visualiza en el discurso del odio, no puede concebirse como una negociación política, es decir, partiendo de la base de que solo se puede llegar a acuerdos a través de concesiones políticas.

Hacerlo así supone destruir lo mejor de nosotros mismos y poner en riesgo nuestra propia libertad.

Suárez concebía la libertad como una energía creadora, en permanente estado de evolución y cambio, contrapuesta al inmovilismo propio de las ideologías surgidas del marxismo y el fascismo, es decir, de los totalitarismos, algunos de cuyos principios motores siguen siendo hoy atractivos para muchos jóvenes inconformistas y reaccionarios, los mismos jóvenes que se unen a las huestes de la kale borroka y acaban poniendo el coche bomba o pegando el tiro en la nuca.

El profesor Pedro Schwart afirma que el liberalismo es la única ideología verdaderamente revolucionaria, la única que ha aportado progreso y desarrollo al ser humano en todos los ámbitos de su vida.

Por eso sus enemigos no descansan y de nuevo, en nuestros días, después de un largo periodo de marginación y arrinconamiento, vuelven a tener cierta preeminencia entre determinados sectores sociales las críticas de los herederos del marxismo-leninismo al liberalismo, y las páginas de los periódicos, las estanterías de las librerías y, lo que es peor, las cátedras de las universidades se llenan de discípulos de Sartre que, como afirma Raymond Aron, “se esfuerzan por alcanzar a fuerza de sutilidad uno de los más groseros dogmatismos de la historia”, ese que supedita a la igualdad los avances logrados en la libertad del ser humano.

“No puede hablarse de política democrática si no se fundamenta en la libertad y se orienta continuamente a la libertad”, afirmaba Adolfo Suárez, y el mismo añadía que “las desigualdades de partida suponen posibilidades diferentes de libertad”, por lo que “las diferencias en el disfrute de los bienes, las desigualdades reales en la sociedad, deben ser el resultado de la misma libertad, esto es, de las diferencias en el esfuerzo, en el trabajo y en el mérito”.

Ese es, sin duda, el escenario de la confrontación a la que asistimos en nuestros días entre liberalismo y socialismo, entre los defensores del ser humano y de su libertad y quienes anteponen la igualdad colectiva como aspiración máxima del Estado, aún a costa de la libertad individual.

Pero no toda la izquierda, o lo que llamamos izquierda aunque yo discrepe del término, es así, pues existe una izquierda razonada y razonable; una izquierda que debemos reivindicar por el bien de todos; una izquierda consecuente con sus compromisos sociales y firmemente responsable en lo que a la defensa de la libertad y la democracia se refiere; una izquierda con la que ha sido posible el consenso y el entendimiento allí donde estos han sido necesarios para superar los conflictos y los enfrentamientos; una izquierda que aceptó el componente liberal de la democracia, precisamente porque en ese componente liberal ella misma se hacía fuerte frente a la tentación colectivista y totalitaria heredada del marxismo; una izquierda que hoy se encuentra sometida a la humillación de unos pocos que han convertido el espacio de poder en un cortijo personal y actúan movidos por intereses espúreos que ni siquiera se puede decir que sean de partido, y que son los herederos de esa misma izquierda rupturista que vio en la obra de la Transición un peligro para sus objetivos totalitarios.

Cuando les decía, al inicio de estas palabras, que a Adolfo Suárez le unirían más cosas con quienes representan a esa izquierda que las que le separarían, no estaba hablando de ninguna ficción.

Existe un espacio común de consenso ideológico en el que coinciden valores como la limitación del poder, la defensa de los derechos humanos, la creencia en la ley como expresión de la voluntad popular y el respeto a las reglas del juego democrático, la salvaguarda de la propiedad privada y el fomento de la iniciativa individual, la defensa del pluralismo… Ese es el espacio que debemos potenciar.

Por el contrario, los que yo he llamado en el libro ‘demócratas dogmáticos’, los discípulos del populismo, nos presentan libertades formales no exentas de cierto atractivo, pero que en ningún caso son la esencia de la verdadera libertad, por eso es posible afirmar que hoy en día las libertades más amenazadas son las llamadas libertades liberales, aquellas vinculadas a la propia capacidad del individuo y las vinculadas al pluralismo social.

No somos más libres, sino todo lo contrario, cuando dejamos en manos del Estado nuestra capacidad de elección para que decida por nosotros lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y por eso Suárez abogaba por una sociedad democrática avanzada en la que, decía, “las libertades sean más efectivas; que el aparato estatal no se burocratice ineficazmente; que la imaginación de indviduos y grupos, estimule y reactive todo el cuerpo social; que la solidaridad y la cooperación en la lucha contra el desempleo y la marginación se extiendan”.

Me dirán ustedes que estas son las generales de la ley, y de alguna manera es cierto, pero no por ello deja de ser necesario recordarlas puesto que, por desgracia, no puede decirse que nuestra democracia se base, hoy en día, en el respeto a esos principios.

Aron afirma, sobre Tocqueville, que “sentía apego por la libertad política porque detestaba el servilismo que implica la obediencia a una autoridad a la que se desprecia”, por mucho que esa autoridad lo sea legitima y democráticamente constituida.

No se es completamente libre si no se avanza en el desarrollo de aquellos elementos que hacen posible que el ser humano esté cada vez menos atado, menos sujeto, a la voluntad colectiva expresada en el poder de la mayoría, que puede llegar a ser una forma de opresión como cualquier otra.

Permítanme desarrollar esta idea y para eso fíjense en lo que Adolfo Suárez entiende por un país moderno, por un país que avanza en el desarrollo de esos elementos que garantizan y profundizan en la libertad individual y colectiva:

“Un país moderno –dice Suárez- es aquel en el que el gasto público es transparente sin que el gobierno pueda impedir un minucioso control.

Un país moderno es aquel en el que los servicios públicos, en particular los necesarios para la vida cotidiana, funcionan correctamente con puntualidad y eficacia.

Un país moderno es aquel en el que existe una correlación, sujeta a controles rigurosos, entre presión fiscal, gasto público y eficacia en los servicios públicos.

Un país moderno es aquel en que el gobierno está más abierto a rendir cuentas al ciudadano que a desplegar los símbolos de su autoridad.

Un país moderno es aquel en que el gobierno y la oposición tienen similares oportunidades en las instituciones del estado.

Un país moderno tiene que propiciar el progreso social y los valores de la cultura política democrática, es decir, la toleracncia, el diálogo, el pluralismo, el control del poder, la solidaridad y la lucha contra la marginación social y las desigualdades injustas”.

Es evidente que somos un país moderno. Pero la pregunta es, ¿hemos avanzado lo sificiente en estos elementos de modernidad que permitirían profundizar y ampliar nuestros espacios de libertad o, por el contrario, hemos retrocedido significativamente en muchos de ellos?

Yo tiendo a creer que lo segundo, al menos en estos últimos años.

Nuestra democracia refleja graves carencias que afectan directamente a nuestros espacios de libertad: la personificación del poder, la burocratización de la maquinaria estatal, la tendencia del parlamento a no ser más que ostentador simbólico de la mayoría, la renuncia a las reformas necesarias para avanzar en el desarrollo económico y la justa redistribución de los bienes, el empeño en manipular a los electores a traves de los medios públicos de comunicación…

Son solo algunos ejemplos. El estado, que fue concebido por Suárez en la transición como un ente garantista de las libertades, se ha convertido en un estado controlador del individuo y de la sociedad, como paso previo a una expresión máxima de autoritarismo.

Giuglielmo Ferrero afirmaba que “en las democracias la oposición es un órgano de la soberanía popular tan vital como el gobierno. Cancelar la oposición significa cancelar la soberanía del pueblo”.

Suárez nos alertaba de los riesgos de la “prepotencia, la intolerancia o la soberbia política, porque siempre es la vuelta al pasado histórico, a la costumbre incivil de mirar al poder para anticiparse a sus deseos”.

Y por eso el ex presidente, años después, cuando ya había perdido el poder, denunciaba “el abuso de la mayoría y la manera y la prepotencia con que esa mayoría no dialoga y cercena las iniciativas de control de las minorías, una mayoría que es incapaz del compromiso y que se cree en posesión de la verdad”.

Y es que cuando la mayoría actúa desde una concepción patrimonialista del poder, tiende, inevitablemente, a rebajar la calidad de la democracia.

Creo, y lo digo sinceramente, que podemos vernos reflejados en estas palabras.

Hace tan solo tres semanas celebrábamos los treinta años de las primeras elecciones democráticas, pero no puede decirse que lo hiciéramos desde una perspectiva de mejora y consolidación de los valores que entonces se propugnaban.

Suárez afirmaba que la democracia no estará enraizada en España mientras no se fundamente en las virtudes que, según el, la sostienen, y que no son otras que la tolerancia, el respeto, el diálogo.

Por el contrario, alertaba de una dimensión negativa de la propia democracia, la “pretensión de imponer desde el poder una ética determinada a toda la sociedad”, y añadía que “son los hombres los que tienen libertad en su búsqueda de la verdad y el bien, y el Estado debe proteger esa libertad”.

Y este es el punto al que quería llegar, plantearles a ustedes la verdadera dimensión del dilema que a mí, al menos, me llena de preocupación, especialmente después de haberme sumergido en los fundamentos ideológicos de la persona que pilotó la Transición, después de haber comprendido, deteniéndome únicamente en las palabras y no en los hechos, el verdadero alcance del proyecto político que Adolfo Suárez dejó sin terminar.

Giovani Sartori lo resume en muy pocas y sencillas palabras: “Hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el Gobierno existe para el pueblo, y no viceversa”.

¿Es este Estado, tal y como lo conocemos hoy en día, garante de nuestra libertad, o es un Estado controlador con una visión paternalista de la sociedad civil?

Pienso más bien que lo segundo, y esto ha impedido que la propia democracia haya sido incapaz de avanzar en la consolidación de los mecanismos de control del poder. Al contrario, estos mecanismos de control se han visto sometidos al propio poder establecido.

En los últimos años hemos asistido, semana tras semana, a una de las mayores burlas de la democracia parlamentaria: la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados se ha convertido en una extensión del Poder Ejecutivo, anulando la soberanía nacional en la que reside, ciertamente, la esencia misma de la democracia.

No es el único ejemplo. La Justicia ha actuado a lo largo de todo este tiempo en estrecha relación con el Gobierno, de tal manera que la división de poderes tal y como la planteara Montesquieu como sólido fundamento de la democracia liberal, ha sucumbido a una interpretación evidentemente retorcida del poder de la mayoría y del ejercicio del mismo.

A partir de ahí, el resto de los resortes del Estado de Derecho se han visto sometidos, sin ninguna contemplación, a los intereses de esa mayoría, en lugar de servir de garantía de defensa de las libertades y derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su color político.

“No usa adecuadamente el poder quien lo utiliza para evitar la crítica o hurtar el control, y quien es incapaz de negociar o pactar”.

Esto, dicho hace décadas por Adolfo Suárez, es, sin embargo, el resumen, la definición exacta de los tiempos que vivimos.

Dicho de otra manera, pero en palabras también del ex presidente del Gobierno, lo que debería ser un poder establecido para asegurar la libertad de los ciudadanos y sus derechos, y para fomentar esa libertad y la felicidad de las personas, se caracteriza sin embargo por “paternalismo didáctico, falta de transparencia, autocomplacencia y obsesión por el control de la sociedad civil”.

Ejemplos tenemos para aburrir, pero baste decir que un Gobierno que dice a los ciudadanos donde, cuando y como pueden fumar o beber, que oculta el contenido de sus negociaciones con una banda terrorista, que se autoestimula con unos datos económicos que nos son producto de su gestión y que fomenta legislaciones que pretenden condicionar el acceso de los ciudadanos a la información o educar a los niños en unos valores determinados por el poder político, responde, exactamente, a esos criterios tan poco adecuados a lo que entendemos por una democracia liberal y un Gobierno con vocación de servicio a los ciudadanos.

Hayek, en uno de los libros que considero imprescindibles para comprender el alcance de todo esto de lo que les estoy hablando titulado Los Fundamentos de la Libertad, afirma que “hoy en día el peligro para libertad individual no lo constituyen los poderes que las asambleas democráticas manejan efectivamente, sino los que conceden a los administradores encargados de la consecución de fines determinados”.

Tenemos un ejemplo evidente de que esto es así y hemos visto como este riesgo se hacía realidad hace muy pocas fechas, cuando el Gobierno, habiendo podido evitar la presencia de ANV en los ayuntamientos vascos, burló la Ley de Partidos para permitir que la nueva marca de ETA accediera a los sillones consistoriales.

La Ley, tal y como está redactada, deja en manos del Poder Ejecutivo la facultad de iniciar el proceso de ilegalización o de impugnación de listas, en lugar de haber facultado al Poder Judicial, e incluso al Legislativo, para que esa facultad estuviera lo suficientemente repartida y garantizado el objetivo último de la norma, que no es otro que el de evitar que quienes no respetan la democracia y niegan la libertad y la vida de los ciudadanos, puedan ejercer su actividad política con las mismas garantías que quienes sufren su acoso y su extorsión.

Es cierto que esto se hizo así creyendo que nunca el Poder Ejecutivo retorcería el espíritu de la Ley para favorecer, precisamente, a quien pretende anular, pero la experiencia debe servir de lección: nunca una norma puede poner en manos de un solo poder todos sus mecanismos de ejecución y control, porque de lo contrario se atenta contra uno de los principios esenciales del estado de Derecho, que no es otro que el de la seguridad jurídica de los ciudadanos a los que debe proteger.

La tendencia del poder ejecutivo a acumular poder anulando la capacidad de control de los otros dos poderes, es, sin duda, el mayor de los peligros a que se ve sometida la libertad, sobre todo cuando la élite gobernante responde a fundamentos ideológicos ajenos a los principios de la democracia liberal y a la ausencia más absoluta de referentes éticos y morales.

Lo digo sin acritud, pero convencido de que no me falta razón y de que, precisamente por eso, es absolutamente necesario recuperar el espíritu con el que se afrontó la transición y el proyecto de reforma política dirigido a salvaguardar la libertad de todos bajo los principios de la democracia liberal.

Treinta años después esta es una democracia joven, y sin embargo es una democracia enferma en la que los resortes del poder sufren de un cáncer de corrupción generalizada y agobiante.

Y cuando digo corrupción no me refiero a los asuntos urbanísticos. Para mi es corrupción del sistema que el fiscal general del Estado actúe como abogado defensor de Arnaldo Otegi, o que el Gobierno cambié las reglas del juego de los reguladores para favorecer sus propios intereses, o que se apruebe una ley que permite la renovación automática de la presidenta del Constitucional haciendo caso omiso de la propia Carta Magna, o que desde el gabinete de la Presidencia se distribuyan dossieres contra empresarios y, además, se les vigile con medios del propio Estado que deberían dedicarse a salvaguardar nuestra seguridad.

Son solo ejemplos, pero lo suficientemente sintomáticos de la gravedad de lo que les estoy hablando.

Suárez era perfectamente consciente de que el proyecto político de la Transición podía viciarse y sufrir, desde dentro mismo del sistema, el acoso de los enemigos de la libertad, por eso afirma que para consolidar en España una convivencia democrática es necesario un esfuerzo de generosidad de todos los partidos, como el que hizo posible el tránsito de la dictadura a la democracia.

En este libro se afirma que el político que desprecia las opiniones de la oposición, que rechaza los consensos, que evita escuchar lo que la opinión pública dice en las tribunas de los medios y, sobre todo, en la calle, es un político subido a lomos de la democracia populista y de la demagogia, un político que camina irremediablemente hacia la destrucción de la democracia y que pone en serio peligro la libertad individual y los derechos de los ciudadanos.

Por eso afirma Suárez que la consolidación democrática requiere que “ningún tema de Estado sea resuelto por el Gobierno unilateralmente, de forma irreversible”.

Es necesario, por tanto, recuperar formas y talantes de antaño, pero que son formas y talantes perdurables en el tiempo y que hacen posible que la democracia se consolide como lo que debe ser, como lo que he calificado de democracia-disenso en contraposición de la democracia-conflicto.

Hayek asegura que “quienes se esfuerzan en persuadir a las mayorías para que reconozcan límites convenientes a su justo poder son tan necesarios para el proceso democratico como los que constantemente señalan nuevos objetivos a la acción democrática”.

He ahí la contraposición positiva de la democracia liberal con los modelos destructivos. Si queremos recuperar el espíritu que hizo posible el acuerdo y el consenso, es necesario desterrar esa idea revolucionaria de que la democracia es la plasmación del poder de la mayoría y de su supremacía sobre el sistema.

Esa interpretación revolucionaria, que hace descansar el sentimiento democrático sobre el conflicto, sobre el enfrentamiento, fue el que imperó en la II República con el final que todos conocemos.

Por el contrario, la democracia liberal se estructura sobre la diversidad y sobre el acuerdo en las cuestiones fundamentales, y eso es lo que llamamos democracia-disenso, es decir, el modelo que permite tanto el acuerdo como el desacuerdo y que, sobre todo, delimita los cauces por los que van a discurrir ambos.

“En cualquier caso –explica Suárez- debe quedar claro que la política de consenso no trata de forzar unanimidades, sino de lograr acuerdos libres y responsablemente asumidos por las fuerzas políticas y por las instituciones representativas”.

Digo esto porque creo que los próximos años van a ser trascendentales para la consolidación de nuestro sistema de libertades o para su destrucción. Cuando se llevó a cabo la transición, los enemigos de la libertad estaban dentro y eran perfectamente reconocibles.

Hoy, treinta años más tarde, como he dicho a lo largo de esta intervención, los enemigos son más numerosos y provienen tanto del interior como del exterior. Suárez los señala con una acertada precisión:

“El escaso o nulo respeto a las minorías; la autoidentificación dogmática con el interés general o con la democracia; la concepción patrimonial de las instituciones; la intolerancia y el recurso a la amenaza; la irresponsabilidad de los cargos públicos aún por errores manifiestos o transgresiones de la ley; la consideración de la dimisión como práctica indeseable; la ocultación o absolutización de la razón de Estado como mecanismo de violación impune de la ley; la arbitrariedad y el favoritismo en las concesiones públicas y, a la postre, la corrupción, con frecuencia perceptible aunque, con frecuencia también, difícil de probar”

No tengo que decirles que todas y cada una de estas deficiencias democráticas son perfectamente reconocibles, hoy, con absoluta nitidez.

Va a ser necesario, por tanto, reafirmar nuestras convicciones y, sobre todo, reforzar los mecanismos del sistema para evitar que se degraden.

No se equivoquen, no estoy hablando de introducir más elementos de control sobre la sociedad civil, que sería la alternativa tanto de algunos grupos de inspiración conservadora como de los defensores de la igualdad universal…

No. Creo que la democracia solo puede consolidarse con mayores mecanismo que garanticen espacios más amplios de libertad individual, por un lado, y mayores controles a la acción del ejecutivo, por otro.

No es necesario inventar muchas cosas nuevas.

Algunas, como una auténtica separación de poderes, ya están inventadas, simplemente es necesario confiar en su efectividad y tener fe en su grandeza.

Para eso será necesario, seguramente, reformar la Constitución de manera que se avance en la independencia de la Justicia y de los organismos de control. Habrá que consensuar una reforma parlamentaria que permita, por ejemplo, que las minorías, siempre que logren un numero suficiente de diputados que respalden las iniciativas, puedan exigir comparecencias del Gobierno y crear comisiones de investigación, por poner solo dos ejemplos que considero sangrantes para nuestra democracia.

Y sería positiva una reforma electoral que garantice el gobierno de ayuntamientos y comunidades a la lista más votada, asi como que establezca un mínimo del 5%, al menos, para obtener representación parlamentaria, de manera que tampoco minorías casi marginales puedan condicionar gobiernos a cambio de prerrogativas que exceden, con mucho, la proporcionalidad respecto de su respaldo electoral.

Y habrá que consensuar las políticas de inmigración, de educación y, por supuesto, de lucha contra el terrorismo y de seguridad ciudadana. Es decir, habrá que confiar, de nuevo, en nuestra capacidad para superar conflictos y caminar juntos en la dirección de garantizar un espacio de convivencia en libertad, más allá de divisiones y de recurrentes recursos a la Historia para afianzar la confrontación.

Pero para lograr ese espacio de entendimiento, para llevar a cabo este nuevo proyecto constituyente dirigido a consolidar nuestro sistema de libertades, es necesario volver a creer en nuestra escala de valores.

No me refiero a valores religiosos, aunque deberíamos, al menos, ser conscientes de cual es el origen de nuestro modelo de convivencia y de la cultura que lo sustenta, lo que se ha venido en llamar la civilización judeocristiana, fundamentada en el respeto al individuo y la defensa de la dignidad del ser humano, frente a otras civilizaciones anuladoras de la capacidad individual en favor de una idea colectivista a la hora de regir las relaciones humanas.

Pero lo cierto, como se afirma en el libro, es que el hombre ha ido perdiendo sus referentes morales, la civilización occidental ha dejado importantes espacios vacíos que han empezado a ocupar los fundamentalistas y los apostoles del nihilismo, seguros de que podrán exterminar a una sociedad levantada sobre la base del humanismo para construir una nueva sobre la lección del fanatismo.

Frente a esa amenaza tan peligrosamente cercana, tan inevitablemente próxima, nos tenemos a nosotros mismos, tenemos la firmeza de nuestra convicción democrática, tenemos nuestra pasión por la libertad.

Creemos en los valores de respeto a las ideas de los demás, en la defensa del pluralismo, en el papel de las minorías como parte esencial de las reglas del juego democrático, en la separación de poderes, en la propiedad privada, en el derecho y el deber de los padres a la educación de sus hijos, en la transparencia en la gestión de Gobierno, en el imperio de la ley, en la fuerza de la razón, en la idea de solidaridad, en el principio de soberanía popular, en la limitación del poder, en el compromiso como valor de convivencia, en la ética del esfuerzo, en la moral como germen de nuestras convicciones.

Decir todo esto aquí, donde la libertad es un bien tan preciado, no deja de remover las entrañas de la emoción.

Permítanme que termine dedicando unas palabras a los hombres y mujeres que, como la alcaldesa de Lizarza, han puesto muy alto el listón de los principios y son una referencia para los valores democráticos de todos los españoles, hombres y mujeres que creen en la libertad, que aman la libertad, y que se levantan cada mañana para proteger su vida y la de los suyos, para proteger su tierra y todo lo que representa.

Y esa fuerza es un poder colosal que afianza esta nación de ciudadanos libres y que merece toda nuestra gratitud, porque están dispuestos a dar su vida por defender aquello en lo que creen en lo más profundo de su corazón, como muchos otros la han dado antes.


Ficha del libro

Título: PASIÓN POR LA LIBERTAD: EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE ADOLFO SUÁREZ
Autor: FEDERICO QUEVEDO
Editorial: ALTERA
Fecha de publicación: 04/2007
Número de páginas: 340.
Precio: 23 €


Federico Quevedo, 4/7/2007