EDITORIAL EL MUNDO – 26/05/16
· La Fiscalía ha emitido un informe a la Junta Electoral en el que se muestra contraria a que Arnaldo Otegi pueda encabezar las listas de Bildu en las próximas elecciones vascas. Otegi, que fue condenado a una pena de prisión por pertenencia a banda armada, lo fue también a dos inhabilitaciones especiales: una para ocupar un empleo o desempeñar un cargo público y otra para el derecho de sufragio pasivo. Ambas fueron ratificadas por el Tribunal Supremo en 2012, aunque las redujo a seis años y medio de duración. De esta forma, Otegi no podría formar parte de ninguna candidatura electoral hasta el año 2021.
Sin embargo, su defensa alega la jurisprudencia creada por el Supremo y el Constitucional en el caso Iker Casanova. Condenado a siete años de prisión por pertenencia a banda armada, Casanova lo fue también a otros tantos años de inhabilitación especial «para empleo o cargo público». A pesar de esto, el etarra accedió al Parlamento vasco en condición de diputado por Bildu debido a que en la sentencia no se especificaban cuáles eran los cargos sobre los que recaía la inhabilitación. No obstante, y es importante la precisión que establece la Fiscalía, ambos casos son diferentes, ya que aunque en el caso de Otegi la sentencia tampoco concreta qué cargos son los que no podría ejercer el líder batasuno, la pena de inhabilitación para disfrutar del sufragio pasivo le impide ser elegido en cualquier proceso electoral.
Para algunos especialistas, estos errores en la redacción de las sentencias tienen como consecuencia un efecto contrario al que los magistrados pretendían conseguir. Y en un Estado garantista como el nuestro, es fundamental que las sentencias estén redactadas con la mayor precisión posible para evitar, como en este caso, una utilización torticera del Derecho. Finalmente tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien decida si Otegi tiene o no derecho a presentarse a las elecciones autonómicas. Y tendremos que aceptar su resolución aunque a todos los demócratas nos repugne que alguien con un pasado como el suyo pueda convertirse en un representante político pagado con el dinero de todos los españoles. El escrupuloso cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de Derecho son las principales armas que tienen los sistemas democráticos para imponerse al lenguaje del terror y de las armas.
No hay que olvidar que Otegi no es el hombre de paz que intentó presentar Zapatero, sino un fiel representante de todo lo que significa la banda terrorista ETA, con sus asesinatos, sus secuestros y sus extorsiones. Aunque sólo ha sido condenado por un delito, el secuestro en 1979 del que era director de la planta de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, se le ha relacionado, sin poder acreditarlo con pruebas fehacientes, con al menos tres secuestros más: el de los entonces diputados de UCD Gabriel Cisneros y Javier Rupérez y el del empresario Javier Artiach.
Que alguien con semejante historial pueda eludir el peso de la ley por un error en la redacción de la sentencia es triste y lamentable, pero forma parte del juego democrático. El Estado y la sociedad han demostrado que tienen recursos suficientes para derrotar a los defensores de la violencia.
EDITORIAL EL MUNDO – 26/05/16