Pasta fugit

EL MUNDO 07/07/14
SANTIAGO GONZÁLEZ

Tengo escrito alguna vez con propósitos admirativos mi acuerdo con la vieja sentencia «els catalans, de les pedres en fan pans», basta ver que con materiales más humildes se han hecho un president y un portaveu de la Generalitat (Mas y Homs).

He aquí la prueba: en sólo 26 días, los comprendidos entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011, la familia de Jordi Pujol Soley, compuesta por su esposa, això es una dona, y cinco de sus siete cabritillos: Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer, ingresaron en sus cuentas de Andorra tres millones y medio de euros. No es una cantidad relevante si la comparamos con los 55 millones que según Hacienda y la Udef movió el primogénito, Jordi júnior, entre paraísos fiscales, pero éste en más tiempo.

Lo más característico de los cinco pujolitos y mamá Ferrusola es la velocidad que han sabido imprimir al circulante. Veintiséis días, qué fenómenos. Por compararlo con homólogos españoles: a los dirigentes del novísimo y exitoso partido Podemos les costó más de 10 años traerse de la Venezuela chavista una cifra superior (3,7 millones de euros), pero en un periodo 120 veces más largo. Aceleración histórica le llaman a esto.
Sumen las cantidades que mamá Ferrusola y sus cinco lobitos llevaron a Andorra a los transportes del primogénito y a los negocios de hostelería que los Pujol pusieron en marcha en Hispanoamérica y escriban debajo: «Espanya ens roba».

¿Cómo no entender el sobrevenido ardor independentista de esta familia? Las cosas han dejado de ser como en los buenos viejos tiempos de Banca Catalana y asuntos que comprometen a todos y cada uno de los miembros de la familia fundadora no pueden ser juzgados por la Justicia española. No conformes con robarnos nos acusan de delito, dónde se habrá visto.

En 1986, los fiscales del caso Banca Catalana pidieron el procesamiento de Jordi Pujol por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El coste para las arcas públicas de la mala gestión de BC ascendió a 344.000 millones de pesetas de los años 80. Espanya ens roba.

La Audiencia de Barcelona absolvió a Jordi Pujol como no podía ser de otra manera y el agit-prop que él organizó con la pretensión de que era Cataluña la acusada proporcionó a Convergència i Unió una etapa de Gobierno sólo interrumpida por el tripartito de Maragall. Esto es complicado, pero sólo en apariencia: bastaría rescatar a Lluís Pasqual Estevill del ostracismo al que lo sometieron los españoles y nombrarle presidente del Tribunal Supremo de Cataluña o de un juzgado especial para los nacionalistas acusados de delitos económicos. Todos los acusados podrían acogerse a sagrado. Les bastaría encerrarse en Montserrat y encomendarse al abad, que está por la tarea.