Ignacio Camacho-ABC

Si los indultos están protegidos por la legislación patrimonial habría que exhibirlos como monumento a la arbitrariedad

Si los expedientes de los indultos a los líderes del ‘procès’ están protegidos por la Ley del Patrimonio Histórico no deberían mantenerse en secreto: en buena lógica y precisamente por eso habría que exhibirlos en algún museo como un monumento a la arbitrariedad, una obra maestra del desafuero. Por razones de utilidad pública, por supuesto, según la tesis con que los defiende el Gobierno, para que las generaciones venideras estudien el ejemplo de cómo un poder ejecutivo ebrio de prepotencia fue capaz de burlarse del Tribunal Supremo. Y tampoco está justificado el pretexto de confidencialidad porque los datos personales de los afectados se pueden borrar y los ciudadanos tienen derecho a conocer los argumentos en que se funda la puesta en libertad de los reos de un delito de máxima trascendencia y enorme eco. Una sedición contra el orden constitucional, nada menos.

Menos mal que éste iba a ser el Gobierno de la transparencia. Todavía no ha ofrecido los detalles de los contratos urgentes de la pandemia, ni revelado el comité de expertos del Covid, ni aclarado el aterrizaje en Barajas de Delcy y sus maletas, ni explicado las causas de los ceses de altos mandos de las fuerzas de seguridad, ni informado de los traslados de inmigrantes desde Canarias o Ceuta. Pablo Iglesias fue colocado en la comisión del CNI de contrabando y por la gatera del decreto de emergencia. La hermética lista de ocultaciones alcanza las más nimias materias, desde el viaje en avión oficial a un concierto de rock hasta el coste de los veraneos de la familia Sánchez en Doñana y La Mareta. La misma tesis del presidente, redactada -o falsificada- cuando aún no lo era, hubo que filtrarla burlando a un ejército de celosos centinelas de biblioteca. Como ironizaba De Quincey, se empieza por cometer un crimen y se termina por no ceder la acera a una vieja.

En realidad, la documentación de los indultos sólo tiene relevancia a efectos de recursos y otros trámites jurídicos. Ante la opinión pública está todo clarísimo: la legislatura dependía de un pacto no escrito con los dirigentes del separatismo y para cumplirlo había que pasar por encima de los tribunales y de lo que fuera preciso. Y ése es solo el principio de una larga lista de compromisos. La decisión tenía exclusivo carácter político y a posteriori se añadió la exposición de motivos y se dio carpetazo a la cuestión con el cese del ministro, que para mayor escarnio era -es- juez de oficio. Ahora el Gabinete pretende por si acaso colocar un candado a la chapuza declarándola clasificada durante veinticinco o cincuenta años, como si fueran los papeles del ‘tejerazo’ o los archivos de guerra que custodia el Pentágono. Patrimonio nacional blindado hasta que estemos todos calvos. Se acabará conociendo antes porque en el mundo contemporáneo no hay modo humano de esconder durante mucho tiempo la sinrazón de Estado.