LA RAZÓN, 7/2/12
El Gobierno vasco ultima un decreto para reparar los «sufrimientos injustos» producidos en el contexto de la violencia política entre 1968 y 1978. Los familiares de asesinados por ETA pedirán mañana al lendakari que retire el texto y denuncian el agravio comparativo entre víctimas y verdugos
MADRID- El Gobierno vasco ultima la aprobación de un decreto sobre la «reparación integral de víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1968 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política». Esta proposición no de ley que se aprobó en marzo de 2011 a instancias de Aralar –formación que integra hoy en Amaiur–, y en cuya votación el PP se pronunció en contra, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a indemnizar a las víctimas de la violencia policial, con un presupuesto inicial de un millón de euros. Además, según consta en el borrador al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Gobierno vasco «ha optado por elaborar dos decretos diferentes», es decir, que se prevé que haya otro que recoja «los que se hayan podido producir una vez concluida la dictadura, aprobada la Constitución», destaca el texto.
Ante esto, las víctimas y las asociaciones policiales han decidido plantar cara al decreto que, según denuncian, pretende «la equiparación de las víctimas del terrorismo con quienes no lo son, en un intento de armonizar artificialmente la situación política actual». Por ello manifiestan su «enérgica protesta» ante lo que consideran un «revisionismo sectario» para «contentar a victimarios y verdugos».
El Parlamento vasco solicitó a las asociaciones de víctimas que en un plazo de diez días presentaran sus alegaciones sobre el decreto y la respuesta de las víctimas del terrorismo ha sido unánime: «Enmienda a la totalidad». Es decir, que solicitan que el decreto no vea la luz. El Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo se reunirá con las distintas asociaciones mañana para conocer sus alegaciones. Pero si el texto no es derogado en su totalidad, las víctimas también presentarán sus alegaciones punto por punto.
Entre las quejas destaca que el decreto olvida que en 1977 se declaró la Ley de Amnistía por la que cientos de presos de ETA salieron a la calle, pese a que la banda terrorista no dejaba de matar. Es por ello que las asociaciones policiales, las más agraviadas con dicho decreto, consideran que existe en este borrador «un agravio comparativo», al no tenerlo en cuenta. «Porque si hubo amnistía sería para todos», destacan. Fuentes de la Asociación de Fuerzas y Seguridad del Estado aseguran que si los hechos están amnistiados, «no procede la remisión de ningún tipo de relaciones de reconocimiento de víctimas» al Ministerio Fiscal como destaca el documento, pues «de su contenido no puede derivarse ninguna actuación legal». Además, subrayan que durante la etapa democrática los hechos de violencia policial que se hayan podido producir han sido juzgados (en alusión a la posible ampliación con un segundo decreto). En cuanto al artículo que hace referencia a que la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia prevé que, a instancia de la comisión de valoración –que será quien determine quiénes son o no víctimas– «podrá dirigirse a cualquier tipo de organismos oficiales tales como el Ministerio del Interior…, las asociaciones policiales solicitan modificar ese «podrían» por «será obligatorio», puesto que la Comisión de Valoración tendría que «contar siempre con los diversos informes al respecto del Ministerio del Interior», con el fin de dar una versión ajustada de los hechos y así evitar que alguien que, por ejemplo, fue herido mientras arrojaba piedras o cócteles molotov contra la Policía, además, no resulten indemnizado por ello. Además, asociaciones policiales lamentan que el asesinato de un compañero cometido en 1980 haya prescrito y el etarra se libre así de la condena por el mismo.
La asociación de ertzaintzas considera una «tomadura de pelo» que «personas que no se han preocupado jámas de las vulneraciones de los derechos humanos y que aplaudían y jaleaban estas vulneraciones se quieran beneficiar de un decreto que parece hecho para acallar a la izquierda abertzale» más que para impartir justicia. Tras subrayar su exigencia y respecto a los derechos humanos recuerdan que ante las amenazas de ETA y su entorno «no han recibido nunca una compensación por parte del Gobierno vasco».
Una década con 142 muertos
La barbarie terrorista dio comienzo en 1968. El 7 de junio, el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines, de 25 años, detuvo un Seat 850 en Villabona (Guipúzcoa) ocupado por los etarras Iñaki Sarasketa y Francisco José Etxebarrieta, «Txabi». Mientras Pardines comprobaba el número de bastidor, «Txabi» sacó la pistola y le disparó desde arriba. A continuación, le remató en el suelo. En los diez años siguientes, la banda terrorista asesinó a 142 personas.
– A partir de esa fecha, la crueldad de la banda fue en aumento. Entre 1968 y 1978, ETA cometió algunos de sus atentados más sangrientos y efectistas. El 20 de diciembre de 1973, los terroristas acababan con la vida del presidente del Gobierno Carrero Blanco, dentro de la que denominaron como «operación Ogro». Con este atentado, la banda logró una proyección internacional sin precedentes.
– Y en menos de un año, ETA cometería una de sus mayores matanzas. Con la intención de asesinar a un buen número de policías, la banda hizo explosionar una bomba en la cafetería Rolando, junto a la Dirección General de Seguridad en Madrid. Y la masacre se produjo: acabaron con la vida de 12 civiles y un agente de Policía.
LAS CIFRAS
Derecho a la reparación
El derecho a la reparación reconocido a las víctimas de la violencia policial incluye la compensación económica por las violaciones sufridas, la rehabilitación, la atención personal de los afectados y la satisfacción moral.
135.000 euros de indemnización por fallecimiento de la persona
390.000 euros por indemnización por gran invalidez
95.000 euros por incapacidad permanente absoluta de la víctima
45.000 euros por indemnización por incapacidad permanente total
35.000 por incapacidad permanente parcial
No establecida: Lesiones permanentes no invalidantes figuran en el baremo de la Ley de Responsabilidad Civil
LA LUPA
El doble rasero del Ejecutivo vasco
Distintas asociaciones policiales y de víctimas no dan crédito a lo que establece este borrador del decreto. Y es que no es de recibo que el Gobierno vasco indemnice ahora a aquellos que en este medio siglo de barbarie terrorista pudieran haber sufrido algún «daño» por parte de las Fuerzas de Seguridad, cuando jamás se ha indemnizado a nivel individual a ninguna de las víctimas de estos atentados.
LA RAZÓN, 7/2/12