Paz por dignidad

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero negoció con ETA un acuerdo de «paz por presos» y poder político, primero en la clandestinidad de las reuniones secretas entre Josu Ternera y Txusito Eguiguren, después con el humillante aval del Congreso, aceptando que la banda impusiera condiciones similares a las pactadas en Irlanda, pese a ser las circunstancias completamente distintas: allí había habido una potencia colonial y dos grupos terroristas enfrentados entre sí. Aquí, una única Nación con más de cinco siglos de historia común, un Estado de Derecho desafiado por una organización criminal, y víctimas inocentes asesinadas a sangre fría.

Mariano Rajoy aceptó de facto los términos de esa negociación al menos desde 2008, asumió tácitamente lo acordado como el precio a pagar por el fin de la violencia, aunque nunca reconociera su anuencia al «proceso», y ha venido cumpliendo desde su llegada a La Moncloa los términos de este contrato siniestro, ya fuera por acción (como cuando el Ministerio del Interior concedió el tercer grado penitenciario a Bolinaga, a sabiendas de que su cáncer distaba mucho de ser terminal) o por omisión. A este último apartado obedece la presencia de la serpiente etarra en las instituciones, a falta de iniciativa alguna destinada a expulsarla de ellas, así como la liberación prematura de «Santi Potros» y otros terroristas de su ralea. Es verdad que la firmante de esta excarcelación ignominiosa ha sido la Audiencia Nacional, tan politizada como imbuida del espíritu de los tiempos, consistente en claudicar ante los pistoleros a costa de traicionar a las víctimas. No es menos cierto que, en caso de haber tenido la firme voluntad de hacerlo, el Gobierno habría dispuesto de recursos sobrados para impedir esta afrenta, acelerando la aprobación de la ley burlada por las prisas de los jueces justo antes de entrar en vigor, o bien utilizando su influencia sobre algunos togados clave, tal como han hecho otros ejecutivos, sin recato, cada vez que lo han considerado necesario para sus intereses de partido.

La salida triunfal del autor de las matanzas de Hipercor y la plaza de la República Dominicana, diez años antes de cumplir su condena, se explica por la evolución natural de las cosas en este contexto de apaciguamiento, que impone un final sin vencedores ni vencidos a lo que fue una lucha a brazo partido entre el orden democrático y la barbarie. Responde a la misma sinrazón que la derogación de la doctrina Parot o los permisos carcelarios concedidos a bestias sanguinarias como «la Tigresa» o Valentín Lasarte. Se trata de trocar «paz» por dignidad, con el agravante del embuste permanente que intenta convencer a la ciudadanía de que todo es debido al designio ineludible de la ley. Porque no les basta con la insoportable impunidad de los más de trescientos atentados sin resolver. No se contentan con el relato falseado de un «conflicto» entre iguales, que cala ya en buena parte de la sociedad vasca y algunos pretenden extender al resto de España. Les parece poco la desmemoria de esta sociedad ingrata. Van a por todas. Ya lo pronosticó en su día Pilar Ruiz Albisu, madre del asesinado Joseba Pagazaurtundúa, a raíz del amistoso encuentro celebrado entre Patxi López y Arnaldo Otegi: «Veremos cosas que nos helarán la sangre». ¡Y vaya si las estamos viendo!

Para esta «paz» de los cobardes no hacían falta alforjas llenas de lágrimas. Nos sobran todos los muertos, los amputados en cuerpo y alma, los despojados de alegría. Nuestra batalla, la de quienes no callamos, ni secundamos mentiras ni agachamos la cabeza ante la banda asesina, era por la Libertad. Esto es una estafa.