Si hay alguna institución o persona que no debería cuestionar en España la presunción de inocencia se trata del Gobierno y sus miembros. En primer lugar porque su principal obligación jurada o prometida consiste en proteger y garantizar las bases del Estado de derecho. Y en segundo término, porque es la presunción de inocencia la que ampara a la mujer y el hermano del presidente, al fiscal del Estado, al ministro de Administraciones Públicas o al ex de Fomento, involucrados en escándalos de corrupción que van desde el tráfico de influencias al cohecho y de los que pueden defenderse y salir absueltos gracias a ese denostado principio jurídico que demolió el verbo exaltado de la vicepresidenta Montero.

Sí, se ha retractado luego, aunque de aquella manera. Arrastrando los pies tras dos días de insistencia y manteniéndose en la idea de que las mujeres que denuncien agresión sexual merecen credibilidad genérica, por más que la denuncia carezca de elementos probatorios en número y calidad suficientes para sostenerla. Si hubiera sido la otra Montero, la autora de la ley cuyas grietas jurídicas ha puesto de manifiesto la sentencia de la polémica, tendría una cierta lógica pero ni siquiera ella se ha atrevido a decir de forma tan abierta lo que probablemente piensa. Esto es, que los hombres son agresores de entrada y por naturaleza, y que exculparlos por dudas sobre la fiabilidad de las pruebas es «una vergüenza».

El ministro Grande-Marlaska, que antes fue juez de ejecutoria irreprochable –en materia de terrorismo incluso admirable por su coraje–, ha intentado echar un capote a su compañera reclamando mayor claridad pedagógica a los tribunales. El centenar de folios de la resolución del TSJ de Cataluña, redactada por una magistrada afiliada a Jueces para la Democracia y especializada en asuntos de igualdad y violencia de género, no le ha debido de parecer explicación bastante para justificar la exoneración de Dani Alves. Quizá en la próxima reforma penal el Ejecutivo deba imponer a los profesionales de la Justicia la obligación de consultarle antes de emitir veredictos susceptibles de provocar debate.

Porque eso es, más o menos, lo que vienen a sugerir los portavoces sanchistas cuando un fallo judicial, o una simple diligencia procesal, les resultan antipáticos. Pueden atestiguarlo los jueces Peinado, Pedraz, Puente o Hurtado –instructores de los sumarios que afectan a la familia de Sánchez o a su entorno político inmediato–, hartos de oír que los ministros, incluido Bolaños, el de su ramo, les digan cómo han de hacer su trabajo. (Conde Pumpido no tiene ese problema: sabe hacerse cargo de antemano). En esos casos la dichosa presunción constituye para el Gabinete en pleno un postulado axiomático que María Jesús Montero olvidó en su desparrame incontrolado. Salvo que, lo cual sería más grave, estuviese siguiendo un argumentario.