Alberto Núñez Feijóo ha pedido perdón hoy martes a los españoles por el error de su partido al votar afirmativamente una reforma legal que sacará a la calle a decenas de presos etarras. El PP ha enviado además a todos sus simpatizantes un SMS disculpándose por no haberse dado cuenta a tiempo del ardid parlamentario del Gobierno. Un movimiento inusual que da cuenta del sentimiento de culpa que ha cundido entre la oposición.

El error, que también cometió Vox, se produjo después de que Sumar añadiera a la trasposición de una directiva europea una disposición adicional no relacionada con esta y que permitirá la excarcelación de 44 presos de ETA, entre ellos los asesinos de Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica.

Feijóo se ha comprometido a trabajar para paliar las consecuencias de su error. Y es forzoso reconocer la celeridad con la que los populares han tratado de enmendar su despiste, retirando del orden del día del pleno del Senado la votación de la reforma legal.

Aún así, parece difícil que ese esfuerzo vaya a ir mucho más allá del voluntarismo, dado que cualquier rectificación futura necesitaría del apoyo del PSOE. Además de ganar algo de tiempo para que la controversia siga cogiendo vuelo, el PP intenta retratar al PSOE para que «demuestre si esta a favor de sacar a la calle a terroristas antes de tiempo».

Y en respuesta, los socialistas han intentado ocultar su interés en la excarcelación de los terroristas a cambio del apoyo en el Congreso de EH Bildu. Patxi López ha alegado que la enmienda que beneficiará a los etarras viene de la UE, que el PP la votó «a conciencia» y que consiste meramente en «evitar que un delincuente pague dos veces por el mismo delito». Todas ellas afirmaciones falsas, como ha explicado detalladamente EL ESPAÑOL.

Este periódico también le ha señalado a Pilar Alegría la imposibilidad de que, como ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ley (con la enmienda incluida este año) superase el examen del Consejo de Estado de 2023, ante lo cual la portavoz del Gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria.

El PP ha anunciado pese a todo que no tomará medidas contra los responsables del error. Pero los tres ponentes populares en la Comisión de Justicia deben ser sancionados con la mayor contundencia que permitan los estatutos del grupo parlamentario.

La ineptitud que han demostrado no queda resarcida con la mera petición pública de disculpas de Feijóo. Porque, aunque loable, esa petición no atempera la responsabilidad del PP en la aprobación de una medida que tendrá consecuencias devastadoras.

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Lo cierto es que el PP ha votado no una, sino dos veces la reforma, cuando la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya advirtió en 2022 que dicho cambio legislativo comportaría la reducción de penas de asesinos como Txapote, cuya condena finalizaba en 2031, pero que será puesto en libertad seis años antes de lo previsto.

Frente a un error de este tipo resulta difícil no caer en la demagogia de preguntarse cuál es la función de los 137 diputados del PP y sus más de cien asesores contratados como personal eventual en el Congreso y el Senado, más allá de votar en el sentido determinado por su jefe de filas.

La conversión de los diputados y los senadores en meros aprietabotones es, además, una de las consecuencias más evidentes de la laminación de ese artículo 67.2 de la Constitución que dice que los miembros de las Cortes Generales «no estarán ligados por mandato imperativo».

Devolver a los diputados la propiedad de su voto, es decir, hacerles responsables de sus errores, redundaría sin duda alguna en una sensible mejora de la calidad de nuestra democracia.

Hay que recordar, en cualquier caso, que aunque el PP hubiera votado de otra manera, el resultado habría sido exactamente el mismo.

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Por eso, el árbol del inexplicable error del PP no puede ocultar el bosque de la escandalosa maniobra de un PSOE que ha sumado a un fondo inaceptable (la aprobación de una reforma destinada a excarcelar terroristas a cambio de la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa) unas formas lamentables.

Formas concretadas en la inclusión tramposa de una disposición adicional no relacionada con el objeto principal de la trasposición votada. Y agravadas por la negativa del Gobierno a retirar el proyecto de ley que le ha trasladao este martes por teléfono Félix Bolaños a Cuca Gamarra.

La foto final de lo ocurrido a lo largo de las últimas horas en las Cortes Generales arroja una foto poco esperanzadora para los españoles, arrinconados entre la espada de unos diputados negligentes y la pared de una mayoría gubernamental dispuesta a literalmente cualquier cosa, incluida la excarcelación de etarras, para impedir o retrasar hasta el límite de lo tolerable en democracia la alternancia en las urnas.