Las declaraciones este jueves de dos miembros de la Fiscalía General del Estado ante el magistrado que instruye la causa abierta a Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos del novio de Ayuso refuerzan inquietantemente los indicios contra el fiscal general.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado que en la mañana del 14 de marzo tuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que le reprochó: «Álvaro, has filtrado los correos». A lo que el fiscal general le habría replicado «eso ahora no importa, lo que importa es defender a los fiscales, que lo han hecho bien».
Además, como publica hoy EL ESPAÑOL, Lastra reprendió a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber enviado a García Ortiz los mails incriminatorios de la defensa de González Amador, alertándola de que «¡los van a filtrar!».
Por otro lado, el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que también ha declarado este jueves como testigo, ha lamentado que, de haber sabido lo que iba a ocurrir, habría hecho las cosas de otra manera.
Después de estos testimonios, García Ortiz está un paso más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Y ello porque son ya multitud los indicios acumulados en su contra, aunque Félix Bolaños cuestionase el miércoles el «fundamento» de las «afirmaciones» del auto del Tribunal Supremo para citar a declarar el día 29 al fiscal.
Tiene razón Bolaños al advertir que no existe por el momento una «base probatoria» para incriminarlo en la comisión de un delito. Pero soslaya el ministro que sí hay una «base indiciaria», al decir del juez Hurtado, para «presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales».
En su informe de noviembre, la UCO señaló la «participación preeminente» del fiscal general «en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada», concluyendo que esta debió iniciarse en la la Fiscalía. Unos indicios de que «dirigió» la filtración a los medios de la información tributaria confidencial que el magistrado del Supremo ha considerado «apuntalados» en su auto del lunes.
También el «trasiego del intercambio de mensajes» entre el fiscal y sus subordinados durante el día de la filtración, «revelador de momentos de urgencia y gran tensión», es «lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación» del correo.
Y pese a ese «trasiego», la UCO no encontró en el teléfono incautado a García Ortiz ningún mensaje en las fechas en las que se produjo la filtración, revelando después que habría cambiado de terminal justo una semana después de que el Supremo abriera una causa contra él. Dos elementos indiciarios más que alimentan también la sospecha de una destrucción de pruebas.
E inapelable es el otro de los «elementos objetivos» destacados por el juez para mantener la condición de imputado de García Ortiz: que «solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión».
Ante el copioso reguero de pistas que han dejado por el momento las diligencias practicadas, no se entiende que el Gobierno se empecine en la defensa numantina de «su» fiscal general.
De hecho, Pedro Sánchez se mostró desafiante al asegurar que «antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno en el fiscal general. Después del informe de la UCO, aún más».
La circunstancia de que un fiscal general del Estado esté próximo a ser acusado de la comisión de un delito resulta por sí misma insoportable para la función de garante de la legalidad que tiene atribuida. Se ha entrado en un estadio diferente que obligaría no sólo a Sánchez a, por lo menos, moderar su confianza en el fiscal, sino al propio fiscal a dimitir (y sin detrimento de su presunción de inocencia) a la espera del desenlace de su causa.
Sánchez se preguntó entonces «¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?». Como si hubiera que disculparse por que a un ciudadano se le abra con fundamento un proceso penal. Y, aun cuando saliera finalmente absuelto, tampoco nadie estaría obligado a resarcirlo por nada.
Pero la pregunta fundamental es: ¿pedirá el presidente perdón a los españoles si «su» fiscal general, como todo parece indicar, acaba sentado en el banquillo de los acusados?