Jesús Cacho-Vozpópuli

«Me preocupa, desde luego, la entrada de Podemos en el Gobierno; me preocupa que Iglesias sea vicepresidente, que vayan a tener tres o cuatro ministerios, que se carguen la reforma laboral, que nos frían a impuestos… claro que me preocupa, pero lo que de verdad me quita el sueño es la ocupación de las instituciones por parte de la extrema izquierda, el riesgo de que, algo que por definición debería ser neutral, se convierta en una máquina de captación de fieles con dinero público, que las pongan al servicio del partido para, en una gran operación de ingeniería social, subvencionar a quien no quiere trabajar, dar obra al constructor amigo, convertir en cátedro al enseñante adepto, ir, en definitiva, a la entronización de un sistema clientelar similar al que en Cataluña viene funcionando con el nacionalismo, un modelo mucho más cerrado que el ensayado durante décadas por el PSOE en Andalucía. Poner las instituciones a trabajar para el partido, sea Podemos o sea este PSOE podemizado, supondría acabar con la democracia en tanto en cuanto equivaldría colocar a media España extramuros del sistema». La frase pertenece a un español de bien, un testigo vivo del franquismo y la Transición, un hombre de gran cultura que no quiere pertenecer a esa «gente intelectualmente formada e iniciada que ha desaparecido como poder dominante en toda Europa», según la descripción de Franz Werfel.

La salud de una democracia se mide por la calidad de sus instituciones, por su independencia frente al Ejecutivo de turno y por su capacidad para defender los intereses generales por encima de los de  particulares. También por su resistencia a ser capturados por los grupos de poder. Los distintos Gobiernos del PSOE y del PP se han resistido como gato panza arriba a la hora de garantizar la independencia de las económicas (supervisores, reguladores, agencias de evaluación) en tanto en cuanto ello suponía perder importantes cuotas de poder para torcer el brazo de la Ley y maniobrar en favor de conmilitones o simples lobbies. Sin un Gobierno digno de tal nombre desde finales de 2015, nuestras instituciones han seguido funcionando mal que bien hasta la fecha: los bomberos siguen apagando fuegos, la policía sigue persiguiendo criminales, la Justicia continúa condenando a delincuentes, la Sanidad pública se obstina en curar enfermos, la Escuela pública insiste en seguir enseñando, la Administración prosigue publicando concursos públicos, la CNMC prolonga su racha de multas… Haya o no Gobierno, la maquinaria estatal, en suma, sigue en activo porque miles de funcionarios continúan haciendo bien su trabajo al margen, más o menos, de la política partidista. Bien cierto es que su funcionamiento ha empeorado recientemente a ojos vista, hasta el punto de que estos días todo parece manga por hombro, todo cogido con alfileres, pero todo podría empeorar fatalmente si el populismo neocomunista tuviera la oportunidad de infiltrar esas instituciones y ponerlas a su servicio.

La llegada al Gobierno de un partido de extrema izquierda como Podemos supone una seria amenaza para la existencia de instituciones de control, políticas y económicas, independientes

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), por ejemplo. El actual presidente, José María Marín Quemada, uno de esos españoles dispuesto a honrar el cargo y asumir sus responsabilidades, ha finalizado su mandato, aunque no será efectivo hasta que no haya Parlamento y exista un Gobierno y un ministro que proponga un sucesor que deberá pasar el filtro de la Comisión de Economía. Como órgano colegiado que es, la libertad de actuación del presidente viene determinada por la composición de un Consejo en el que están representados los partidos (las malditas cuotas en el reparto de cargos) que, a menudo capturados por los grupos de interés, tiende a eludir responsabilidades y a no hacer nada, a menos que el presidente opte por echarle valor. Muchas de las multas que ha impuesto en fecha reciente la CNMC por prácticas contrarias a la libre competencia quedan después desbaratadas por unos tribunales de Justicia infiltrados por esos grupos de presión y su poderosa cohorte de grandes bufetes. Los intentos de dividir la CNMC para volver al viejo esquema de organismos reguladores sectoriales no han tenido éxito por el momento. Pretender una Comisión de Telecomunicaciones independiente capaz de fiscalizar a Telefónica (60% del mercado) es una burla al consumidor, lo mismo que intentar que una Comisión de la Energía haga lo propio con Naturgy (95% del gas) o Iberdrola (dominante en el de la electricidad). La triste realidad es que los ex presidentes de los antiguos organismos reguladores se han colocado todos, y todos muy bien, en empresas reguladas tras dejar el cargo.

Tocar las criadillas al Poder

La CNMC (que debe renovar también la mitad del Consejo) necesita con urgencia un auténtico «meneo» de independencia que asegure su labor como institución encargada de velar por la libre competencia en defensa del bolsillo del consumidor. Y como la CNMC, el resto de organismos reguladores, tal que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), también pendiente de renovación, o la CNMV que preside Sebastián Albella (otro buen presidente, a quien restan dos años de mandato), o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo de reciente creación (impuesto por la UE para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del país), que está llamado a desempeñar un papel esencial como fiscalizador de las políticas de gasto del Ejecutivo. Cumplido ya su mandato, su presidente, José Luis Escrivá, intentó este verano un cambio legislativo que le hubiera permitido seguir en el cargo, pero el presidente en funciones dijo que ni hablar, que ese puesto es demasiado importante como para colocar en él a un independiente dispuesto a tocar las criadillas al Poder. Como aquí señalaba días atrás Alejandra Olcese, Escrivá va a promover la creación de una Ley de Evaluación para que el examen de la eficacia de las políticas públicas se haga de forma recurrente por ley y no por capricho del Gobierno de turno. Demasiado para Sánchez.

Capítulo aparte merece la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuatro magistrados del primero, dos progres y dos conservadores (entre ellos el hasta ahora presidente, el cuitado González Rivas), deben ser renovados, y está por ver si el PP se muestra dispuesto a entrar ahora mismo en el inevitable regateo con los socialistas. Lo «normal» es que la actual mayoría conservadora (7 a 5) se invierta, de modo que el sanchismo nombraría a tres magistrados por uno el PP, que podría ser el presidente (¿Pedro González-Trevijano?). Parece lógico pensar que Pedro & Pablo preferirán controlar la mayoría a costa de sacrificar la pieza del presidente (con voto de calidad). En caso contrario, el candidato de la alianza socialcomunista podría ser Juan Antonio Xiol, uno de los tres magistrados que esta misma semana suscribieron un voto discrepante en relación con el amparo planteado por Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, en prisión tras la condena del procés. Imaginar a Xiol al frente del tribunal intérprete supremo de la Constitución pone los pelos de punta. Tal es el riesgo que enfrentamos, uno más entre muchos. Las fuentes consultadas descartan a Cándido Conde-Pumpido, socialista pata negra, que lleva tiempo persiguiendo el cargo como la obstinación de galgo tras liebre, pero que no figura en el cuarteto de presidenciables (Xiol, Trevijano, Narváez y Martínez-Vares) presentes en el último mandato, entre los que, por tradición, se elige al presidente.

La combinación de Podemos y separatismo en el Ejecutivo podría resultar devastadora

Particularmente importante es la renovación de los 21 jueces que componen el CGPJ, cuyo mandato lleva más de un año vencido, entre otras cosas porque el nuevo Consejo será el encargado de renovar al 45% de la plantilla del Supremo en los próximos 5 años. También aquí parece que PSOE y PP se repartirán el pastel. Teniendo en cuenta que la renovación del órgano de gobierno de los jueces precisa el respaldo de 3/5 del Congreso (210 diputados), los dos partidos mayoritarios no deberían tener problema (208 entre ambos), aunque hay que contar con la entrada de representante/s de Podemos en el organismo (Iglesias ha manifestado su disposición a olvidarse del TC para dar la batalla en el CGPJ), y desde luego del PNV. La incógnita reside en ERC. Es cierto que peneuvistas y convergentes han contado siempre con vocalía en el Consejo, pero el caso de ERC traspasa los límites de lo que una democracia dispuesta a defenderse de sus enemigos debería tolerar. Tanto el Constitucional como el CGPJ, por no hablar del Supremo y su «unánime» sentencia del procés, están hechos unos zorros, con su prestigio cuarteado y su credibilidad seriamente dañada por culpa de esa politización extrema. Una democracia que se precie no debería consentir la existencia de unos jueces convertidos en meros comisarios políticos del partido que los nombra. Más que una mera idea, recuperar el prestigio de estas instituciones es una urgente necesidad.

La amenaza del populismo 

Mención especial merece el CNI. Tras el cese por fin de mandato del general Félix Sanz Roldán, la que fue su número dos a partir de 2017, Paz Esteban López (1958) ocupa la dirección en funciones de nuestros  servicios secretos. «Aquí hay más de 3.000 hombres y mujeres que trabajan en temas de muchísima importancia para la seguridad de España», aseguró el 9 de julio la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, al presentar el relevo a los medios. Se desconoce si el nuevo Gobierno ratificará en su cargo a Esteban, aunque parece probable. «Somos conscientes de que existen las amenazas, pero el trabajo callado de estas personas tan preparadas en todos los lugares del mundo, poniendo a veces en riesgo su propia vida, permite al Gobierno disponer de la inteligencia necesaria para realizar sus planes». Las palabras de la titular del ministerio de quien depende el CNI hablan por sí solas del contrasentido, también del riesgo, que supone sentar en la mesa del Consejo de Ministros a los representantes de un partido que apoya el derecho de autodeterminación en Cataluña y que financia la teocracia iraní y la dictadura venezolana. ¿Seguirán a partir de ahora los servicios secretos extranjeros compartiendo información con un CNI hiperconectado con centros de inteligencia del mundo entero?

La llegada al Gobierno de un partido de extrema izquierda como Podemos supone una seria amenaza para la existencia de instituciones de control, políticas y económicas, independientes. Los populismos suelen ver en ellas a organismos al servicio de una elite a la que hay que expulsar del poder y, a ser posible, del país. A poco que puedan, su estrategia estará orientada a socavar su legitimidad y limitar su autonomía e independencia y, si les resultara posible, acabar con ellas. Los comunismos, los viejos y los nuevos, no consienten más poder que el del partido, y todo lo demás debe ser barrido del mapa. En esta línea, la combinación de Podemos y separatismo en el Ejecutivo podría resultar devastadora. «Avanzar hacia la ruptura social y nacional es la herramienta imprescindible», dejó escrito Josep Maria Jové en su cuaderno moleskine en mayo de 2016. Y un paso imprescindible para lograr esa ruptura de la unidad de España pasa por la ocupación de las instituciones. El PSOE se ha sentado a negociar la investidura de Sánchez con este presunto delincuente y, apenas en el primer lance, ha aceptado la existencia de un «conflicto político» en Cataluña allí donde no hay más que un problema de vulneración de la Ley y el orden público. El Gobierno en funciones no es capaz de reaccionar ante esta grave amenaza a la paz y la convivencia, porque necesita a los rebeldes para ser investido y consolidarse en el poder. De alguna manera, el PSOE de Sánchez forma ya parte del banco rebelde. ¿Cabe imaginar situación más grave para España?