El presidente del Gobierno, sin embargo, no aclaró ante los medios qué se pretende llevar a cabo y si el fin último es reformar la Jefatura del Estado, tal y como pretende Podemos con su reciente anuncio de que llevará al Congreso de los Diputados una ley de la Corona para su debate y eventual votación en la Cámara baja.

Sánchez dio por hecho que Zarzuela dará pasos para adecuar la institución a «una monarquía parlamentaria constitucional adecuada a la España del siglo XXI», aunque no dio más detalles. «Paso a paso», dijo desde Moncloa cuando se le preguntó por una ley de la Corona, que debería ser impulsada por el Ejecutivo, y la posibilidad de regular algunos aspectos como la inviolabilidad del monarca.

El presidente insistió en que ya se irá conociendo cómo se materializa ese compromiso que, en su opinión, marcó el Rey en su reciente discurso de Navidad en forma de «hoja de ruta» para la «renovación de la Corona», si bien Felipe VI no llegó a tanto en su mensaje del día 24.

Al darle solemnidad a este futurible desde Moncloa, Sánchez coloca a la Monarquía en el debate político por tiempo indefinido

A diferencia de las críticas vertidas desde las filas de Podemos contra el contenido del mensaje del Rey, Sánchez destacó que Felipe VI hiciese una comparecencia «valiente» en la que «marcó claramente cuál es el rumbo hacia el cual quiere dirigir la Corona y Jefatura del Estado». Y dicha «renovación» la ligó expresamente a «la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad».

Las palabras del presidente del Gobierno venían precedidas por lo adelantado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la víspera, donde sugería que Felipe VI se mostraba dispuesto a abordar una ley de la Corona que nunca se ha desarrollado en democracia. Al darle solemnidad a este futurible desde Moncloa, Sánchez coloca a la Monarquía en el debate político por tiempo indefinido. Al menos, varios meses.

Ahora bien, ¿qué se puede cambiar en una institución como la Corona? El artículo 57 señala que «las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión se resolverán por una ley orgánica». En ese cajón de sastre entraría en juego la citada ley de la Corona que Pablo Iglesias quiere impulsar ahora en la Cámara baja tras los escándalos de Juan Carlos I.

No está claro qué podría entrar en dicha iniciativa parlamentaria. Cualquier reforma de la Constitución que afecte a la definición del Estado, los derechos fundamentales o la Corona debe hacerse por la fórmula del ‘procedimiento agravado’. Ello obligaría a una mayoría de dos tercios en Congreso y Senado para su aprobación -el Gobierno necesitaría al PP, tal y como le recordó este martes Pablo Casado– y después, disolver las Cortes y convocar elecciones para que el nuevo dé el visto bueno.

En última instancia, sería sometido a referéndum. Un tortuoso camino que nadie quiere transitar en este momento con el país en estado de alarma y una crisis económica que aún no ha tocado fondo. Por ello, esa ley de la Corona podría dejar a un lado la parte ‘blindada’ de la Carta Magna para centrarse en aspectos más mundanos.

Discriminación en la línea sucesoria

Entre ellos podrían estar las incompatibilidades de los miembros de la Familia Real-ya fijadas en el código ético que el Rey aprobó unas semanas después de su proclamación- o el régimen de asignaciones públicas que éstos reciben del presupuesto anual. Por ejemplo, fue Felipe VI el que decidió que su padre recibiese el 80% de su sueldo tras la abdicación, que a la reina Letizia le correspondiese el 55% y que para doña Sofía fuese el 45%.

También podría abordarse la discriminación de la mujer en la línea sucesoria que ya planteó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Ese punto es muy delicado y entra dentro del ‘procedimiento agravado’ arriba mencionado, pero algunos expertos en Derecho Constitucional advierten de que habría una vía mucho más sencilla sin tocar esta parte de la Carta Magna.

El artículo 57.1 del Título II de la Carta Magna se contradice por completo con uno de los enunciados clave de la Constitución, el artículo 14 que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley «sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

España es la única monarquía parlamentaria europea -junto con Mónaco y Liechtenstein-, que sigue discriminando a la mujer en la línea sucesoria. Miquel Roca, uno de los ‘padres’ de la Constitución en 1978, sostuvo hace unos años, según El Mundo, que bastaría con que se hiciese una consulta al Tribunal Constitucional y éste señalase que el artículo 14 pesa más que el 57. Y problema resuelto.

El dinero de Sanginés-Krause

En cuanto a la ejemplaridad a la que aludió Sánchez, hay un aspecto que puede estar en la mente de Felipe VI: pedir a su padre que devuelva o done a una ONG el dinero que le regaló el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a lo largo de varios años tras su abdicación en 2014.

Precisamente, el código ético que impulsó Felipe VI al poco de convertirse en jefe del Estado establece unas pautas muy concretas sobre la recepción de regalos o dádivas. Desde entonces, los miembros de la Familia Real -entre los que se encuentra el rey emérito- tienen prohibido recibir donaciones en dinero.

Y, en el caso de que lo hicieran, tendrían que proceder «a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general», tal y como indica textualmente en el código ético. Por lo tanto, si se cumple stricto sensu dicho código, don Juan Carlos tendría que devolver o donar a una ONG el dinero que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y que en diciembre le llevó a regularizar un total de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, «ante las Autoridades Tributarias competentes».

¿Cambios en el organigrama?

Felipe VI procedió a principios de diciembre al cambio en la jefatura del Cuarto Militar, el más importante dentro de la Casa de Su Majestad el Rey desde la proclamación de Felipe VI en junio de 2014. En aquel momento, el monarca decidió seguir con sus más estrechos colaboradores que había tenido como príncipe de Asturias, caso de Jaime Alfonsín -jefe de este organismo-, Domingo Martínez -secretario general- o Emilio Tomé -jefe de Planificación y Coordinación-.

También llamó a La Zarzuela a antiguos colaboradores como Jordi Gutiérrez -director de comunicación- o Alfredo Martínez -jefe de protocolo- y confirmó a altos cargos de su padre, caso de Alfonso Sanz -consejero diplomático- o Isaías Peral -jefe de Administración-.

Las únicas incorporaciones relevantes fueron las de la interventora Beatriz Rodríguez, la segunda mujer en ocupar un puesto en la dirección después de Asunción Valdés, y Miguel Ángel Herráiz, quien fue colocado al frente del Servicio de Seguridad tras el fallecimiento de José María Corona en 2017.

La llegada de un nuevo jefe del Cuarto Militar –el general Emilio Juan Gracia Cirugeda– puede ser el preludio de otros movimientos en La Zarzuela en los próximos meses. En las últimas semanas, a raíz de la salida del país de Juan Carlos I, se ha especulado en algunos medios con la posible sustitución de Alfonsín, quien en agosto de 2021 llegará a los 65 años.

A ello se añade que este abogado de Estado en excedencia acaba de cumplir 25 años al servicio de don Felipe, primero como jefe de la secretaría que en noviembre de 1995 se creó para organizar la agenda y el trabajo del príncipe de Asturias y luego, desde 2014, como jefe de la Casa del Rey.