Noviembre es un mes peligroso. El invierno está cerca, hace frío y a los jueces les da por trabajar. Se ponen a la tarea de recuperar el tiempo perdido para adecentar la estadística de cara a fin de año y limpiar la mesa de papeles. Un noviembre, pero de 1996, el Tribunal Supremo estuvo en un tris de empitonar a un expresidente del Gobierno. La Sala Segunda, requerido su superior criterio jurídico por el instructor del caso GAL, rechazaba citar como imputados a Felipe González, Narcís Serra y José María Benegas, en aquel momento diputados rasos. Seis votos contra cuatro. Por poco. Rozando el larguero. Seis magistrados, progresistas -como Cándido Conde Pumpido– y conservadores, en contra de pedir el suplicatorio; otros cuatro, progresistas -como José Antonio Martín Pallín– y conservadores, a favor.

Se trata de la misma sala que acaba de inhabilitar al fiscal general del Estado con el respaldo de cinco de sus componentes y la opinión contraria de dos. La diferencia entre esta decisión y aquella, es que hace más de treinta años a nadie se le ocurrió cuestionar la legitimidad de la decisión. Ni siquiera al gobierno de José María Aznar, cuyo partido había ganado las elecciones unos meses antes gracias, en parte, a una durísima campaña en la que el PP, rompiendo el pacto suscrito en tiempos de Manuel Fraga, utilizó borrosos episodios de la lucha antiterrorista como material altamente inflamable.

La resolución que en 1996 dictaminó por escaso margen que las imputaciones dirigidas contra los tres aforados socialistas no resultaban ni «fundadas ni verosímiles», se acató sin que nadie alentara campaña de descrédito alguna contra los magistrados que integraban esa exigua mayoría. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años para que hoy veamos al Tribunal Supremo convertido en una pieza más de la contienda política? Muchas cosas, desde luego. Entre otras, la propia incapacidad demostrada durante largo tiempo por quienes han tenido la responsabilidad de protegerlo; particularmente los miembros de los últimos consejos generales del Poder Judicial, el CGPJ. Pero sin duda ha sido la ceguera de unos partidos políticos obsesionados con el control de los principales órganos jurisdiccionales la causa principal de esta preocupante deriva.

Salvar el Gobierno no es lo mismo que salvar el pellejo

El Supremo cuestionado y la Fiscalía descompuesta. Dos de las piezas maestras del sistema judicial transformadas en fichas del wargame en el que Pedro Sánchez ha convertido la acción política. Dos casos que confirman la tesis de que cuando lo que está en juego es la supervivencia no existen barreras. La supervivencia política hasta que explotó el caso Koldo; a partir de ahí, también la supervivencia personal. Y desde ayer, primera jornada completa de José Luis Ábalos con el traje de rayas, lo político y lo personal ya son irremediablemente las dos caras de la misma moneda.

El encarcelamiento del que fue durante años su más cercano colaborador, y los mensajes que este dejó enlatados antes de enfilar hacia Soto del Real (“Sí, Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo”), parecen aconsejar una reconsideración de la estrategia a seguir. Y de las decisiones a tomar. De momento solo es la palabra de uno contra la del otro (de uno o de unos, porque también Koldo ha dejado en el camino miguitas que podrían ayudar a clarificar si hubo financiación irregular en las primarias de 2017). Pero, visto lo visto, ¿está seguro Pedro Sánchez de que Ábalos no posee documento escrito u oral? ¿Tiene el presidente del Gobierno alguna duda de que la virtud de la lealtad -de complicada invocación a estas alturas- apenas tiene peso frente a la expectativa de una rebaja sustancial de la condena?

En otras circunstancias quizá hubiera sido posible sostener ese original relato, producto de la factoría de ficción Moncloa Films, que hablaba de un gobierno “hibernado”. Del oso que se retira a su cueva en los meses difíciles, conserva energías, y reaparece pletórico cuando el clima mejora. Pero ya no. Desde el jueves Pedro Sánchez es otra pieza más de un tablero sobre el que ya no tiene garantizado el control. Si hasta ahora la ausencia de presupuestos o la insostenible debilidad parlamentaria eran inconvenientes superfluos, pero inconvenientes, desde esta semana han dejado de tener, definitivamente, la menor importancia. Las decisiones que a partir de este momento tome el líder socialista van a estar sobre todo condicionadas por lo que Ábalos y Koldo García hagan o dejen de hacer. Sin olvidar a Santos Cerdán.

Aguantar, cueste lo que cueste

Y hasta que sepa a qué atenerse, ahora sí que la primera opción es resistir. Sánchez necesita tiempo; necesita saber; a ser posible recuperar la conexión. Puede que esté jugando su última partida. Y va a echar el resto. ¿A qué me refiero? A sobrepasar si fuera necesario las líneas rojas que él mismo se había impuesto: el cupo catalán, un poder judicial propio para catalanes y vascos, vieja aspiración del nacionalismo que de haber cristalizado en su día habría impedido con toda seguridad el juicio a Pujol. Lo que haga falta y hasta que haga falta.

Como comentaba hace unos días un importante personaje de la Judicatura, si se les garantiza a los nacionalistas una fiscalidad propia y que van a ser ellos los que a través de un llamado Consell de Justícia se ocuparán de seleccionar a los jueces que ejerzan en su territorio, igual “Sánchez acaba su mandato dentro de 30 años ingresado en La Paz por una flebitis”. Ciertamente, la entrada en prisión de Ábalos lo cambia todo. Olvidémonos de fantasear con una anticipación electoral. Al menos de momento. La prioridad ahora es resistir. Cueste lo que cueste. Y pertrecharse ante la eventualidad de ver por segunda vez a un presidente del Gobierno jugarse el banquillo en una votación de la Sala Segunda del Supremo.

En 1996 los cuatro magistrados que se inclinaban por imputar a González por los GAL basaron su argumentación en que «no puede afirmarse categóricamente que las sospechas sobre este y Benegas sean inverosímiles y absolutamente infundadas». Sospechas. Solo había sospechas, ningún indicio sólido, pero la bala pasó muy cerca. Ha transcurrido mucho tiempo y seguro que nadie en Moncloa se acuerda de aquello. Y si se acuerdan, pensarán que las comparaciones son odiosas. Definitivamente, noviembre tiene mucho peligro.