La idea es del economista Ignacio Conde-Ruiz, quien ha elegido ‘Saturno devorando a sus hijos’, una de las obras más expresivas y desgarradoras del último Goya, para ilustrar un texto sobre el tratamiento de la vejez en la pintura. Diego Velázquez (‘Menipo’ y ‘Esopo’), Rosales (‘Isabel la Católica dictando su testamento’), Sorolla (‘¡Aún dicen que el pescado es caro!’), Tiziano (‘Autorretrato’), Van Dick (‘Cabeza de anciano’) o Mariano Fortuny (‘Viejo desnudo al sol’), entre otros, se aproximaron a la vejez desde el arte.

Unas veces para expresar la dignidad de las personas ancianas (el catálogo lo ha editado la Fundación Notariado) y otras desde su vulnerabilidad, aunque también desde la angustia y desde la fatalidad, pero Conde-Ruiz lo hace desde la metáfora de Saturno, quien devoraba a sus propios hijos por miedo a ser despojado del poder, como él mismo lo había hecho con su padre, a quien había usurpado el trono. El pacto intergeneracional se ha roto, viene a decir el economista, y quienes hoy mantienen el ‘statu quo’ por razones de interés político lo hacen a cambio de sacrificar el futuro de sus hijos. 

Toda metáfora, como se sabe, suele incorporar enormes dosis de exageración, y pocos asuntos como el de las pensiones han sido pasto de tanta desmesura, incluso, a veces, con tonos tremendistas, un viejo vicio español, y hasta apocalípticos. Si fuera verdad lo que muchos han dicho y escrito desde hace décadas, la Seguridad Social estaría hoy quebrada, pero lo cierto es que cada mes abona más de nueve millones de pensiones, lo cual debería obligar a alguna rectificación. No se hará. Es más fácil hablar de esquema Ponzi que demostrarlo, y de ahí que el ruido sobre el futuro de las pensiones seguirá entre nosotros hasta que no se haya impuesto un sistema de capitalización, que es el objetivo estratégico de muchos.

Es más fácil hablar de esquema Ponzi que demostrarlo, y de ahí que el ruido sobre el futuro de las pensiones seguirá entre nosotros 

Frente a los mensajes apocalípticos, fatalmente, se ha consolidado la idea justamente contraria. La Seguridad Social es inmune a la situación económica del país y siempre se irán pagando las pensiones, toda vez que el Estado está detrás. Es el guardián de la financiación. La idea, sin duda, es atractiva en términos políticos, aunque algo más que discutible en términos económicos, y de ahí que se suela descalificar a quienes proponen adaptar el sistema de pensiones —dado que todos los partidos quieren mantener el sistema de reparto— a las circunstancias económicas de cada momento.

¿Cuestión de Estado?

Es verdad que el incentivo a dejarlo todo como está es demasiado grande. Al fin y al cabo, nueve millones de votos son la cuarta parte del censo electoral y cualquier movimiento en falso puede hundir al partido de Gobierno. El sistema de reparto, sin embargo, y como se sabe, supone un pacto entre generaciones, ya que son los activos quienes pagan las pensiones en vigor, lo que obliga a tener en cuenta factores que van mucho más allá que la lógica partidista de cada momento. Algo que explica que siempre se diga que las pensiones son una cuestión de Estado, no solo por lo que representa social y económicamente, sino porque afectan a varias generaciones. Una mala decisión que se tome ahora puede afectar a quienes se jubilen dentro de 30 o 40 años. 

Un antiguo secretario de Estado de Seguridad Social solía decir, para demostrar la fortaleza de los sistemas de pensiones —el mejor invento de la historia de la humanidad, como dice el economista José Antonio Herce—, que incluso en los peores años de la II Guerra Mundial, cuando caían chuzos de punta sobre Berlín, los pensionistas alemanes seguían cobrando su prestación, lo que da idea de su robustez. Y en verdad ha sido así hasta que han aparecido nuevos fenómenos que afectan de forma directa a la línea de flotación del sistema, y que eran impensables en la época de Bismarck: la globalización, la longevidad, la acelerada sustitución del trabajo por máquinas (las revoluciones industriales cada vez son más cortas en el tiempo), la deslocalización industrial o, incluso, la erosión de las bases fiscales, lo que hace que los Estados dispongan cada vez de menos recursos en comparación con el nivel de prestaciones que exige la sociedad, ya sea en educación, sanidad, dependencia, oferta cultural o infraestructuras. 

El hecho de que se haya troceado la reforma no es más que la demostración de que las pensiones se siguen considerando un asunto sectario 

Un escenario necesariamente complejo que el Gobierno, sin embargo, ha decidido trocear, lo cual impide acercarse al problema desde una visión holística, como se dice ahora, teniendo en cuenta todos los factores. Primero se aprobó indexar las pensiones al IPC, además de otras medidas como un cierto endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, lo cual, dicho sea de paso, no parece que esté dando los resultados buscados, y ahora toca —o tocará— diseñar un mecanismo de sostenibilidad a largo plazo, y que viene a ser como el termómetro del sistema. Su intensidad dependerá de factores demográficos o macroeconómicos, y se trata, como es conocido, de una de las exigencias de Bruselas para liberar los fondos europeos. 

El hecho de que se decidiera en su momento trocear la reforma no es más que la demostración de que las pensiones se siguen considerando un asunto sectario. El PSOE sabe que Unidas Podemos (UP) difícilmente le aprobará un factor de sostenibilidad, pero tampoco ha buscado el apoyo del PP, que ha olido sangre y nunca pactará una reforma ambiciosa con los socialistas. Hasta el propio Rajoy tuvo que derogar los dos ejes principales de su reforma a fin de poder aprobar unos presupuestos.

Inmune a los cambios

El sistema, mientras tanto, se deteriora. No porque ahora no se esté creando empleo o haya una avalancha de jubilaciones, sino porque cada día asume compromisos que debe satisfacer dentro de 30 o 40 años sin que lo justifiquen las bases demográficas o los avances en productividad. Se actúa, de hecho, como si el sistema fuera inmune a los cambios demográficos que asoman ya en el horizonte más cercano, y que tienen que ver no solo con lo más evidente, un fuerte crecimiento del número de pensionistas, sino con las transformaciones sociales y económicas que ello conlleva, y que afectan a todos los órdenes de la vida.

Parece evidente que, si la tercera parte de la población tendrá 65 o más años en 2050 —el gasto en pensiones se irá al 16,2% del PIB—, se configurará necesariamente un nuevo ecosistema político y social. Entre otras razones, porque el aumento de la longevidad (los 65 años del tiempo de Bismarck son hoy equivalentes a 89 años) corre en paralelo a una caída sin precedentes (salvo en periodos de guerra o calamidades) de las tasa de natalidad y de fecundidad, lo que solo se puede sustituir con inmigración, que es una de las variables más difíciles de cuantificar. 

Los crecientes problemas del tejido empresarial español para contrataciones de verano son solo un ejemplo de lo que sucederá en los próximos años si no se empieza a planificar desde ya una política de inmigración eficaz, sin prejuicios ni peroratas ideológicas. España necesita inmigrantes: cualificados y no cualificados. 

Los problemas para contratar en verano muestran el futuro. España necesita inmigrantes: cualificados y no cualificados 

A veces, se olvida, incluso, que el envejecimiento —que configura un Estado de naturaleza cada vez más asistencial— no solo afecta al gasto, aunque tal vez habría que hablar de inversión pública por el efecto multiplicador que tiene la economía de los servicios sobre el PIB, sino también sobre los ingresos. 

Algunos estudios han encontrado evidencias de que en el futuro las bases imponibles serán menores por la caída en la participación de los salarios en el PIB, ya que aumentará el porcentaje de contribuyentes con tipos efectivos menores (pensionistas). Los patrones de consumo, igualmente, cambiarán por razones obvias vinculadas a la edad, lo que en definitiva también erosiona las bases fiscales, ya que tenderá a crecer el consumo de productos de primera necesidad, que están gravados con tipos más bajos. El envejecimiento, de la misma manera aumenta el ahorro improductivo (más conservador) y produce una caída del tipo de interés natural, lo que a la postre obliga a los bancos centrales a realizar políticas más agresivas en aras de lograr su objetivo de inflación del 2%.

Largo recorrido

En definitiva, el envejecimiento afecta a todo el sistema político y económico: políticas de innovación, productividad, crecimiento potencial, composición de la demanda interna, empleo, política monetaria y, por supuesto, al equilibrio intergeneracional, una de esas herencias que las sociedades democráticas deben preservar, y que ahora corre el riesgo de romperse. Precisamente, por la escasez de políticas de largo recorrido. Por ejemplo, en educación, con un creciente desequilibrio entre oferta y demanda laboral. 

No parece que estos temas se encuentren en el centro de las preocupaciones. Probablemente, porque la política española se ha acostumbrado a la menudencia, habría que hablar, incluso, del uso obsceno de la casquería ideológica e intelectual, lo que explica que se transite por la irrelevancia de la agenda pública. Y eso que la propia Administración paga y publica habitualmente papeles, estudios y toda suerte de informes que identifican de forma certera los problemas, pero que duermen en el sueño de los justos porque se vive al día. 

La política española se ha acostumbrado a la menudencia, habría que hablar, incluso, del uso obsceno de la casquería ideológica e intelectual

¿Alguien sabe algo de la reforma fiscal o del nuevo sistema de financiación? ¿Alguien conoce qué fue de los ambiciosos planes para revertir el invierno demográfico y la despoblación? ¿Se conoce a dónde fue a parar la idea de aprobar un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI? ¿De verdad la precariedad laboral se ha acabado con la última reforma? ¿Qué pasó con las reformas de Administración para evitar que el reconocimiento de algo tan importante como una pensión tarde más de tres meses? ¿Cuál es el papel que puede cumplir España en la división internacional de trabajo? ¿Cuál es el coste de oportunidad que tiene un país construido sobre actividades de bajo valor añadido como el turismo o la hostelería? ¿Es normal tener las mayores líneas de alta velocidad y al mismo tiempo la peor red ferroviaria de Europa en mercancías y pasajeros convencionales? ¿Y qué decir de la reforma de la Constitución, convertida en un pergamino de mármol? 

El envejecimiento, mientras tanto, avanza, y en esta ocasión no es un fantasma que recorre Europa.