Recordarán los más memoriosos del lugar que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dimitió de sus cargos hace nueve meses, exactamente el 10 de octubre. Lo sustituyó al frente del CGPJ Rafael Mozo en su condición de vocal de más edad de entre los que componían el Consejo. Al tiempo que Mozo empezaba a ejercer como presidente del CGPJ, las funciones de presidente del Supremo empezaba a desempeñarlas Francisco Marín, mientras el PSOE y el PP trataban de negociar la renovación del Consejo. No había precedentes de esta separación de poderes o bicefalia entre la Presidencia del Supremo y la del CGPJ. Se contaba entonces con que la presidencia en funciones de Rafael Mozo no se iba a prolongar mucho en el tiempo, solo lo suficiente para que las negociaciones entre Sánchez y Feijóo llegaran a buen puerto, o, por lo menos, a un caladero razonable. Por otra parte, Rafael Mozo no podía presidir el Supremo por no ser miembro de dicho tribunal.
No pudo ser. El PP tiró la baraja cuando Sánchez confirmó a Feijóo que iba a abaratar el delito de sedición, lo que en la práctica suponía derogar el tipo penal que la contemplaba. Socialistas y populares chocaban en la interpretación de las instrucciones que la UE venía impartiendo para la renovación del Consejo. Se trataba, por una parte, de renovar a los miembros cuyo mandato hubiera vencido, (caducado lo llaman los partidarios del Gobierno) pero se trataba también de cambiar el método de elección de los vocales con el fin de que los jueces eligiesen a los jueces, tal como pretendía la Constitución Española cuyo designio fue torcido por la Ley del Poder Judicial de 1985. Sánchez urgía el relevo de los vocales cuyo mandato hubiera llegado a término, pero se hacía el loco en lo que tocaba al método que había de seguirse para la renovación. Todo el que haya tenido ocasión de seguir lo que Pedro Sánchez viene denunciando un día tras otro puede llegar a la conclusión de que la Constitución Española consta de un solo artículo que el PP vulnera continuamente al no renovar a los miembros del Consejo con el mandato vencido, sin querer hacerse cargo de la forma de renovación, con mandato de Europa y sin él. Y ahora, Mozo tiene que cesar irremisiblemente por haber llegado a la edad reglamentaria de jubilación.
Por otra parte, hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas por uno de esos caprichos tontos que tiene nuestro sistema electoral según el cual está prohibida la publicación de sondeos durante los cinco últimos días de campaña, así como la posibilidad de hacer campaña durante las 24 horas anteriores a la jornada electoral.
Hay dos docenas de circunscripciones, vale decir provincias, donde se están jugando los resultados del domingo en el último escaño de cada una de ellas. El PP que puede sacar. entre 141 y 152 escaños, se quedará en 141 si pierde el último escaño en Teruel, Huesca, Las Palmas, Salamanca, Coruña y La Rioja y se alzará con 152 si los gana en Málaga, Valladolid, Murcia Gipuzkoa y Bizkaia. El PSOE se quedaría en 102, el mínimo de la horquilla si no gana el último de Almería, Cádiz, Córdoba, Ciudad Real, Murcia y Gipuzkoa y podría llegar a 117 si gana los de Huelva, Albacete, Burgos, Alicante, Castellón, Coruña, Lugo, Madrid y La Rioja. Vox estaría entre 24 y 33 y Sumar entre 27 y 37. Habrá que esperar al último compás.