La producción legislativa del Gobierno es ubérrima (que adjetivo tan bonito) en cantidad, pero también muy mejorable en calidad. Sería cómico si antes no fuese dramático. La ley del ‘solo sí es sí’ propició la rebaja de las condenas o incluso la excarcelación de cientos de agresores y abusadores sexuales. Una circunstancia imprevista, que el orgullo de la ministra Montero y el dogmatismo de sus acólitos no han permitido subsanar al negarse a reformar una ley manifiestamente incompleta, que ellos insisten en considerar perfectamente adecuada. Su indigencia jurídica podría excusar los fallos de su redacción -sorprendentemente visados por quienes carecen de esa excusa por no ser ignorantes- pero la constatación de sus efectos excluye la posibilidad de una mínima disculpa. Derivar la responsabilidad del desastre sobre los jueces que la interpretan en sentido contrario al pretendido es una muestra de soberbia y de contumacia en el error, inaceptables en unos dirigentes con tan elevadas responsabilidades sociales.
Ahora es la regulación del nuevo impuesto sobre las grandes fortunas el que provoca sonrojo al conseguir efectos perfectamente contrarios a los deseados. El nuevo impuesto nació más para castigar el orgullo de los gobernantes autonómicos díscolos en materia fiscal y poco obedientes con las directrices ministeriales, que para obtener un aumento de la recaudación que ya se está consiguiendo por otros caminos. De paso, el Gobierno se añadía varias plumas a su penacho progresista y un par de medallas en su pechera protectora al castigar a los contribuyentes más acaudalados.
La puesta en práctica de tan nobles intenciones ya nació torcida. Recibió el apoyo holgado del Congreso, gracias a la colaboración entusiasta de Podemos y la interesada de los socios de legislatura. Y todo ello a pesar de que algunos de quienes votaron a favor opinaron que tendría un corto recorrido, pues sería tumbada por los jueces (PDeCAT, por ejemplo), o aseguraron que no lo aplicarían en su ámbito de decisión, como el PNV, al que ya se sabe que lo que suceda en Madrid en materia fiscal le importa menos que la floración de los cerezos en el Jerte.
Pues ahora resulta, como ha desvelado la Consejería de Hacienda andaluza, que la redacción de la norma que regula el nuevo impuesto es tan chapucera que conseguirá el admirable efecto de minorar el pago de impuestos de los ciudadanos afectados. Una redacción distraída de la parte dedicada a evitar la doble imposición, mediante un sistema de deducciones y escudos en las cuotas, va a provocar que los acaudalados se escapen o paguen mucho menos de lo previsto en las preclaras mentes del Ministerio de Hacienda.
Como diría nuestro insuperable presidente, ¿todo esto es muestra de insolvencia o de mala fe? No lo sé, pero a su lado Pepe Gotera y Otilio se merecen el Premio Pritzker.