Ignacio Camacho-ABC
- La Fiscalía recibe en el veredicto de Bankia un grave reproche moral y jurídico: incompetencia disfrazada de populismo
Detalle para esos talentos de la síntesis que resumen en un tuit una sentencia de 442 folios y les sobra espacio para extraer conclusiones políticas: el tribunal que ha absuelto a los directivos de Bankia por la salida a Bolsa es exactamente el mismo que hace tres años los condenó en el caso de las tarjetas opacas. Las dos juezas y el magistrado que enviaron a prisión a Rato y compañía -tras posterior confirmación del Supremo- por gastar alegre y suntuariamente el dinero de la Caja. La aclaración parece pertinente ante la tentación oportunista de atribuir la sentencia de ayer a una justicia «secuestrada» -el adjetivo es de ciertos dirigentes de Podemos- por ocultos poderes enemigos de la voluntad democrática.
Los populistas que pretenden someter la cúpula judicial a sus consignas sectarias tendrán que buscarse otro argumento de más enjundia o mayor precisión que el de la impunidad de una presunta estafa que la Fiscalía no ha podido probar en un ejercicio de incompetencia que el propio fallo señala: falta de concreción en las imputaciones, ignorancia del visto bueno de las autoridades inspectoras y del Banco de España, desprecio de las 36 advertencias expresas de riesgos y, sobre todo, un incoherente cambio de criterio de acusación adoptado sobre la marcha. En resumen: un larguísimo proceso que ha dilapidado dinero de los contribuyentes para nada… excepto para una exhibición de demagogia que sembró falsas esperanzas en muchos inversores perjudicados por la quiebra bancaria.
A estas alturas no cabe ninguna duda de que la fusión de entidades a punto de quiebra fue un fracaso. Una operación a la desesperada del Gobierno de Zapatero para tratar de eludir lo que luego terminó de todos modos pasando: el rescate forzoso que comprometió la estabilidad financiera del Estado, y de cuyas pérdidas milmillonarias parece haberse olvidado este Ejecutivo «progresista» en uno de sus habituales giros pragmáticos. (Inciso: el rescate no se efectuó tanto para proteger a los accionistas como a los ahorros de los depositarios). Sucede que la mala gestión no siempre es delito, que una inversión bursátil conlleva el peligro de sufrir menoscabo por su natural carácter especulativo y que la misión de los tribunales consiste en distinguir las pruebas indubitadas de los indicios. Nadie podrá ya recuperar el capital perdido, pero tampoco nadie resarcirá a los 34 procesados absueltos del castigo reputacional y civil que ha supuesto este litigio. Y una parte de ellos pena desde hace tiempo en la cárcel el escándalo de las visas autoconcedidas para dispendios ilícitos.
La Fiscalía Anticorrupción no sólo ha perdido literalmente el juicio. Eso puede ocurrir; lo peor es que del varapalo con que la ridiculiza el veredicto se desprende un grave reproche moral y jurídico: el deslizamiento nítido por la pendiente escabrosa, arbitraria y subjetiva del populismo.