Sólo estarán decepcionados quienes esperaban que Ibarretxe introdujera en sus preguntas alguna reprobación de ETA. ¿Y quién es el Gobierno español para impugnar un proyecto de ley del Gobierno vasco?, se estará preguntando ahora Ibarretxe. Que no cunda el pánico. Esta pregunta no será sometida a referéndum. De momento.
Si el lehendakari hubiera anunciado ayer que disolvía el Parlamento vasco para convocar elecciones autonómicas vascas, nos habría ahorrado muchos esfuerzos: el desgaste de debatir sobre una consulta que resulta irrealizable, pasar por el trago de ver cómo los representantes parlamentarios del entorno de ETA acuden en su ayuda y, por último, comprobar cómo las papeletas impresas se pierden en el agujero negro de la inutilidad. Pero Ibarretxe, tan previsible él, tenía que seguir los pasos de su plan. Tras su puesta en escena, se habrán sentido decepcionados únicamente quienes esperaban de él cierta capacidad para introducir en sus preguntas alguna mención reprobatoria del terrorismo de ETA.
Pero quienes han seguido, con capacidad crítica, toda su trayectoria desde el minuto uno en que llegó a Ajuria Enea, con el apoyo de Euskal Herritarrok, sabían que su «minuto de gloria» iba a discurrir tal como fue, cartulina incluída. Con la pregunta sobre si el pueblo llano da su consentimiento al final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta su voluntad inequívoca de cerrar su macabro negocio, Ibarretxe recupera del archivo una pregunta que se formulaba la sociedad vasca desde que el Pacto de Ajuria Enea se hizo texto y habitó entre nosotros. Año 1988.
Si quería aportar algo a la historia de Euskadi, el lehendakari podría haberse atrevido a invitar a la ciudadanía a que pidiera a los terroristas que se disolvieran. Una fórmula recurrente, por otra parte, porque se han celebrado en Euskadi innumerables manifestaciones contra ETA exigiéndole exactamente eso. Con la segunda pregunta, tan farragosa en forma que eclipsa el fondo del que se viene hablando desde la aprobación del Estatuto de Gernika (año 1979) nos lleva a la conclusión de que nos está haciendo perder el tiempo y el dinero público.
Cuando Ibarretxe dice que espera que todos los parlamentarios le den un sí rotundo, ya sabe que todos no, pero que los justos y necesarios (con el grupo de las ‘nekanes’ de Batasuna, basta) acudirán en su ayuda, entre otras cosas porque la formulación de las dos preguntas está pensada para que el entorno institucional de ETA no se encuentre incómodo. Si la idea se aprueba en el Parlamento vasco, no tendrá recorrido porque el Gobierno piensa impugnarlo. Tiene todos los mecanismos pensados para que el proceso sea automático. Si no, hubiera corrido el riesgo de que el Tribunal Constitucional y sus responsables se lo tomaran al mismo ritmo que los recursos contra el Estatuto catalán y al lehendakari le hubiera dado tiempo a tomarse las uvas con sus preguntas sin respuesta.
¿Y quién es el Gobierno español para impugnar un proyecto de ley del Gobierno vasco?, se estará preguntando ahora Ibarretxe. Que no cunda el pánico. Esta pregunta no será sometida a referéndum. De momento. Pero vayámonos preparando para las elecciones.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 29/5/2008