José Antonio Zarzalejos-El Mundo
Como director técnico de la coordinación policial el 1-O, debe realizar una declaración testifical definitiva. Los que le han precedido en la fase probatoria no han sido ni concluyentes ni precisos
¿Quién es el coronel Diego Pérez de los Cobos cuya declaración testifical hoy en el juicio del proceso soberanista se considera de cargo contra los encausados? En la actualidad, es el jefe de la Guardia Civil de Madrid. Pero en septiembre de 2017 fue el hombre que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada, designó como “director técnico” para la coordinación de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional con la finalidad de que estas fuerzas policiales impidiesen la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Su nombramiento fue respaldado judicialmente. Cuando se produjo, Pérez de los Cobos desempeñaba la responsabilidad de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El fiscal Romero de Tejada le encomendó convocar y dirigir “cuantas reuniones de planificación y coordinación” policiales fuesen necesarias con los responsables de los tres cuerpos policiales, dando cuenta de su actividad a la Fiscalía del Tribunal Superior. De tal manera que cuando el coronel se siente hoy en la silla de los testigos ante la Sala Segunda del Supremo, no debería producirse ni un solo titubeo, ningún olvido, ni la más mínima evasiva. Si los hubiere, o si Pérez de los Cobos se comporta, en su condición de testigo (que debe decir verdad), de modo ‘renuente’ como su superior jerárquico, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la acusación por rebelión corre el muy serio riesgo de quedar suspendida en el aire, obligando al Ministerio Fiscal, en su momento, a cambiar sus conclusiones provisionales.
Pérez de los Cobos —que acumuló gran experiencia operativa en la lucha contra ETA y en misiones especialmente delicadas— asistió a la tensa y crucial reunión de la Junta de Seguridad convocada por Puigdemont el día 27 de septiembre de 2017 durante la cual, y en un clima de tensión y recelo, quedó clara la autoridad conferida al coronel de la Guardia Civil, muy contrariadamente recibido por el mayor de la policía autónoma, Trapero. Aquella reunión —que el secretario del Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, no acertó ayer a reflejar con profundidad en su declaración testifical— tiene un valor decisivo en el posterior desarrollo de los acontecimientos y, en particular, sobre el comportamiento de los Mossos el día de la consulta ilegal.
Pérez de los Cobos, sin embargo, llega a su declaración testifical con otras previas que han sentado la impresión de que el operativo policial fue insuficiente, por una parte, y que, por otra, no se alcanzó a calcular la actitud desleal de los mandos de la policía autónoma catalana. Josep Lluís Trapero, el director general de los Mossos en aquel momento, Pere Soler y Cesar Puig, secretario general del cuerpo, los tres cesados el 27 de octubre al amparo del 155, están acusados de rebelión por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El juicio oral comenzará cuando termine el que se celebra en la Sala Segunda. No se puede perder, en consecuencia, la perspectiva de la enorme importancia de la declaración de este mando, que tuvo que coordinarse con la policía autónoma cuyo responsable operativo y cuyos responsables políticos están imputados por rebelión.
Como director técnico de la coordinación policial el 1-O de 2017 en Cataluña, Pérez de los Cobos debe realizar una declaración testifical absolutamente definitiva, una vez que todos los que le han precedido en la fase probatoria no han sido ni concluyentes ni precisos. En otras palabras, y sin desmerecer la importancia que tendrán los testimonios de policías nacionales, guardias civiles y ‘mossos’, la versión más próxima a las decisiones operativas policiales y la observación más cercana al comportamiento de los agentes bajo el mando de Trapero son las que pueda referir ante el tribunal este hombre que, pese a su prestigio y larga trayectoria, no evitó —nadie lo hizo, por desgracia— que el despliegue policial el 1-O en Cataluña no solo estuviese descoordinado con los Mossos d’Esquadra —deslealtad mediante— sino que resultase también manifiestamente insuficiente ante la magnitud de la movilización popular muy mal calculada por el Ministerio del Interior.
En la Sala Segunda se juzga la responsabilidad penal de los 12 encausados y no la de los testigos, sean estos cuales fueren, resulten convincentes o no. Pero es inevitable que se forme una opinión sobre la solvencia en el modo de acometer política y policialmente aquellos sucesos. Pérez de los Cobos, un coronel muy bragado de la Guardia Civil, resulta así un testigo imprescindible que, además, se tendrá que ver las caras con el letrado del exconsejero de Interior catalán Joaquin Forn, Xavier Melero, que le someterá (y nunca mejor dicho) a un tercer grado. En el circuito de toma y daca entre Pérez de los Cobos y Melero está el meollo de este juicio oral.