Cuando el Tribunal Constitucional valide la amnistía en el veredicto cuya ponencia acaba de conocerse, quedará pendiente la pregunta fundamental de si en España será o no delito sublevarse contra la integridad del Estado. En parte ya la había contestado el Gobierno hace dos años, cuando suprimió del Código Penal la sedición contemplada en el artículo 544, pero falta por aclarar qué pasará con otras modalidades de insurrección, concepto de amplio campo semántico. La amnistía no sólo perdona los delitos ya sentenciados: los anula, los da por no cometidos y en consecuencia legitima la posibilidad de volver a consumarlos. Por tanto, la secuencia de medidas de gracia que el sanchismo ha llevado a cabo –indultos, supresión del tipo penal y ahora borrado general de los hechos del ‘procès’– plantea una cuestión esencial en el futuro inmediato: la de cómo puede la nación defenderse jurídicamente de otro eventual levantamiento separatista, sea institucional o multitudinario.

El borrador de la magistrada Montalbán viene a considerar que la Constitución admite, o al menos no prohíbe, la vulneración de sus propios preceptos. Porque eso fue el ‘procés’, tal como entendió el Supremo: una transgresión múltiple del ordenamiento emanado de la Carta Magna y desarrollado a través del ‘corpus’ normativo del Derecho. Amnistiarlo por «generosidad» o «sensibilidad» equivale a disculparlo en función de un contexto, el político, que responde a las necesidades concretas de un gobernante en aprietos. Es decir, concederle la impunidad y en consecuencia el permiso para repetirlo cuando los dirigentes independentistas consideren adecuadas las condiciones y propicio el momento. La afirmación crucial de que la amnistía no está vetada de forma explícita en el texto constitucional podría extenderse, y no es descartable que así ocurra, al ejercicio de la autodeterminación mediante referéndum. En la práctica es casi una invitación a hacerlo.

Y puede suceder, no ahora porque el movimiento secesionista está en horas bajas, pero sí más adelante. Por ejemplo, cuando no goce de los privilegios concedidos por Sánchez y tenga enfrente una derecha contra la que movilizarse. Por eso en el programa de la alternativa debe figurar en sus primeros lugares una batería de medidas de rearme jurídico inaplazable, con la que Feijóo ha de comprometerse con firmeza tajante aunque ello le genere la hostilidad de una parte de los catalanes que de todos modos no piensan votarle. La regeneración prometida pasa de modo ineludible por regresar a la observancia de los principios sobre los que los constituyentes establecieron las bases de una nación de ciudadanos iguales. Ésa será la principal prueba de contraste de la voluntad de poner el imperio de la ley en el centro de las prioridades de una vida pública degradada por la arbitrariedad, la desviación de poder y la normalización del chantaje.