El asunto continúa siendo el agua de la piscina. ¿Hay o no? No hay consenso suficiente para reformar el Estatuto ni la norma que vincula euskera y posibilidad o no de tener un empleo público. Puede haber números, si se vuelve a la concentración de fuerzas nacionalistas; les sobran. Pero eso sería dramático para jeltzales y socialistas, y para buena parte de la ciudadanía vasca. Sin mochila de apoyo socialista, el PNV se enfrentaría con sus solas fuerzas a Bildu, y sus días en el poder estarían contados. Sin acuerdo con el PNV, los socialistas perderían la razón de ser de su política: atemperar los impulsos homogeneizadores del nacionalismo y hacerlo desde los gobiernos. Así han satisfecho históricamente a su élite militante, con puestos gubernamentales, y a su base electoral menos exigente. Obviamente, la sociedad vasca no nacionalista –mayoritaria según las encuestas-, incluida la que vota a los nacionalistas, se vería amenazada por un proyecto y visión de país que no cuenta con ella. El debate sobre euskera y empleo público es tan ilustrativo de esa pulsión que incomoda a todo el nacionalismo, al más templado y pragmático, pero también a Bildu.

Y es que, en esta ocasión en que se habla de cosas de comer y no de esencias intangibles, se ha visto que cada partido se ha movido influido por sus entornos. Es claro en el PSE e incluso en la llamada izquierda confederal (Sumar, IU y demás), que han respondido a las advertencias de colectivos alarmados por las consecuencias de una reforma del decreto vasco de perfiles lingüísticos que aplican los jueces vascos impidiendo desafueros en las instituciones vascas. Pero también lo es en el PNV y en Bildu, atenazados por las presiones de sus facciones y lobbies particulares. Los jeltzales siguen pagando el precio de una visión sacralizada del euskera, que en el caso de la encomienda personal de Olano da para otro meme personal no menos ofensivo. El sector guipuzcoano rompe la línea pragmática del EBB e impone unas exigencias que alejan a su partido de su aliado socialista. Por su parte, las organizaciones populares que paga el erario público empujan a Bildu a posicionamientos tan exigentes que impugnan su tesis de convertirse lenta y silenciosamente en la mayoría social. Lo vimos en la crisis de la Korrika con Comisiones Obreras y lo volvemos a ver ahora. Sus jefes, aunque coincidan en los objetivos finales, no están cómodos con unas urgencias que dejan a la vista la sociedad que nos espera cuando triunfen.

Luego hay una política nacional que pasa de estas cuitas de caserío y que se aplica a lo gordo, a si hay agua en este caso en la piscina de Sánchez. El PNV se pone serio a través de su comisionada en Cortes y le falla en alguna votación de manera más o menos trascendental. Bildu sigue fiel hasta la muerte y así mantiene el estupefaciente de un Ejecutivo dispuesto a pasar aquí por todo a cambio de sus votos. Su consecuencia en Euskadi es lo que lleva a Andueza a apurar su autonomía para dejar claro que los socios necesarios en un lugar son los mismos que amenazan su razón de ser en otro. Pero eso no es nuevo y va siendo así desde el inicio de la legislatura.

De modo que hay que volver al tema: ¿quiere el PNV romper consensos básicos del país como son la arquitectura institucional interna, los derechos de ciudadanía vasca y la manera de estar en España (reforma del Estatuto), y la igualdad en el acceso a la función pública (reforma del sistema de perfiles lingüísticos)? Tiene votos para hacerlo si suma los de un socio puntual que le sopla la nuca y que le recordaría con ello la jungla en que ya vivimos los vascos cuando ese maridaje se produjo. Si piensa que no va por ahí, puede secarse con la toalla, dejar de disimular enfados y volver a sus lealtades originales.