EL MUNDO 11/11/14
LUCÍA MÉNDEZ
El catedrático y académico Santiago Muñoz Machado comienza su libro Cataluña y las demás Españas hablando de la perplejidad del conjunto de los españoles a propósito del proceso catalán. «Cataluña está reclamando poder decidir sobre su independencia y las demás Españas contemplan asombradas las manifestaciones de esa voluntad que expresan continuamente los políticos en sedes institucionales, en los mítines, en los medios de comunicación y el pueblo en las calles». Lo sucedido en Cataluña el 9-N ha contribuido a multiplicar este asombro. Los españoles que el pasado domingo siguieran las noticias a través de los medios de comunicación pudieron asistir en directo a la liturgia propia de un referéndum o de unas elecciones. Conectamos con los colegios electorales. Normalidad absoluta en la jornada de votación. Atención, centro de datos de la Generalitat, ¿conocemos ya los primeros datos de participación? Las imágenes eran, efectivamente, de total normalidad. Los líderes políticos votando. Las mesas abiertas. Las colas de costumbre en los colegios. Las papeletas instaladas en las mesas. Las anécdotas propias de mesas que tardaban en constituirse por problemas de última hora. Incluso la tópica foto de la monja que deposita su voto. La vicepresidenta del Gobierno catalán dando datos de participación a las dos y a las seis de la tarde.
Hasta aquí todo normal. Normal si es que hubiera sido un referéndum de verdad. Pero no lo era. El presidente del Gobierno ha dicho una y mil veces que la consulta del 9-N no se celebraría porque era ilegal y las instituciones del Estado la impedirían. Y aquí está la razón del asombro de muchos españoles delante del Telediario a la hora de comer. Todas las Españas han visto con sus propios ojos que la consulta se celebraba. Es verdad que las urnas eran de cartón, pero tenían muy buena pinta. El Gobierno y el PP lo han calificado como un «simulacro» ilegal de consulta. Si es ilegal, ¿por qué se ha permitido? Aplicando el sentido común –no se puede pedir a nadie que sepa tanto Derecho como el profesor Muñoz Machado o el presidente del Gobierno– muchos españoles se pueden haber asombrado de que un acto ilegal se celebre tan a las claras.
Es obvio que el uso de la fuerza pública para retirar las urnas y cerrar los colegios hubiera sido un auténtico disparate. Tan obvio como que desde que empezó este proceso se sabía que Artur Mas sacaría las urnas a la calle, a pesar de que el Gobierno decía que no lo haría. Tan obvio como que en un momento en el que los ciudadanos exigen claridad a sus dirigentes, la actuación del Ejecutivo en este asunto aparece rodeada de una gran confusión. Tan obvio como que Mariano Rajoy tenía la obligación de haber aclarado las cosas en una comparecencia pública que no se ha producido. Quizá algún día el presidente caiga en la cuenta del daño que le está haciendo a sí mismo como líder político ese silencio suyo en los momentos decisivos para el país que gobierna. Lo que no es normal no es normal, por mucho que Rajoy nos haya acostumbrado a todos a esa «normalidad».
Tras el 9-N, muchos españoles pueden preguntarse con toda legitimidad por qué el Gobierno no autorizó una consulta legal en tiempo y forma si al final ha acabado celebrándose un simulacro. Por lo menos ahora tendríamos más claras las cosas. Porque además, olvidando la sobreactuación de Artur Mas derivada de su necesidad de reafirmarse ante Junqueras, los resultados del escrutinio –dando por buenas las cifras de los organizadores– no permiten asegurar que la mayoría de los catalanes quiera independizarse de España. Ningún país se ha independizado porque lo quiera el 33% del censo oficial.
¿Alguien puede aportar una razón de peso para que el presidente del Gobierno de las Españas renuncie a comunicar públicamente esto tan simple y aclare a los ciudadanos por qué no se podían retirar las urnas a la fuerza?