Antes de su expatriación el 3 de agosto pasado —equivalente a una “condena de extrañamiento”, según escribió Jaime Pérez Renovales, abogado del Estado, exsubsecretario del Ministerio de Presidencia con Sáenz de Santamaria y, en la actualidad, secretario del consejo de administración del Banco Santander—, pendían sobre el padre del Rey unas indagaciones prejudiciales que por decreto de 5 de junio pasado Dolores Delgado encomendó al fiscal de Sala ante el Supremo, Juan Ignacio Campos, luego reforzado por tres fiscales más y por inspectores de la Agencia Tributaria.

Tanto en círculos de la Fiscalía como de la magistratura, no se comprende cómo se anuncia una regularización sin que se haya formalizado

Estas averiguaciones habían concluido y en las próximas semanas se esperaba su archivo que se acompañaría de un relato de los presuntos comportamientos del Rey emérito que no podrían ser perseguidos penalmente por estar amparados por la inviolabilidad, tal y como también adelantó este periódico. El anuncio de una petición de regularización fiscal voluntaria por los asesores del Rey emérito para evitar consecuencias administrativas y/o penales por el uso de tarjetas contra cuentas nutridas con fondos opacos al fisco examinadas en otra investigación, separada de la primera, ha cogido por sorpresa a la Fiscalía que, como es lógico, detiene el cierre de las averiguaciones iniciales, espera a terminar el relato que acompañaría su archivo y se dispone a reclamar el escrito de solicitud de la regularización, si se presenta, para investigar si altera la primera de las indagaciones que se tenían por concluidas.

Tanto en círculos de la Fiscalía como de la magistratura, no se comprenden tres circunstancias concurrentes: cómo se anuncia una regularización sin que se haya formalizado ante la Agencia Tributaria; qué razones puede haber para mover ficha antes de que el fiscal Juan Ignacio Campos hubiera cerrado próximamente, como estaba previsto, las diligencias indagatorias iniciales, y a quién o quiénes interesaba que esta información precipitada se conociese en la jornada del 42º aniversario de la Constitución.

Se descartaría que el Rey emérito pretendiese rescatar a miembros de su familia de una responsabilidad que no les era ni siquiera sugerida

Las expresiones de perplejidad eran este domingo las que abundaban entre fiscalistas y abogados; y de sorpresa en el entorno de la Fiscalía General del Estado, que desconocería por completo esta iniciativa de Sánchez-Junco, letrado de Juan Carlos I. Es razonable, en todo caso, que el ministerio fiscal, ante el reconocimiento de parte que siempre comporta una petición de regularización, examine si la afloración de bienes y rentas se comunica con episodios anteriores cuya investigación estaba prácticamente resuelta. De tal modo que la situación de Juan Carlos I, lejos de haber mejorado con esta iniciativa —ya veremos si Sánchez-Junco la culmina—, ha empeorado claramente. No solo por lo que siempre conlleva de confesión la regularización voluntaria, sino porque, al hacerla afecta al conjunto de las diligencias indagatorias de la Fiscalía.

Cuando el Rey se expatrió, fijó la dirección del bufete de su abogado para la recepción de cualquier tipo de notificación, dejando al margen a la Zarzuela

Al parecer, y por lo que respecta a los pagos con tarjetas contra cuentas opacas, la investigación se centra en el Rey emérito, al que le llegaban las correspondientes facturas tanto de gastos propios como de otras personas de su entorno, sin que de manera específica se hubiera ampliado la investigación a la reina Sofía o a alguno de sus nietos. Por ello, se descartaría en principio que el Rey emérito pretendiese rescatar a miembros de su familia de una responsabilidad que, por el momento, no les era ni siquiera sugerida por la investigación a la que, además, quedaba un tiempo hasta su conclusión. Son muy iniciales las averiguaciones sobre la tercera de las investigaciones: la supuesta fortuna de Juan Carlos I en la isla de Jersey, sobre la que habría alertado el servicio contra el blanqueo de capitales.

Según quedó establecido en la nota de la Casa del Rey del 15 de marzo pasado, los asuntos de esta naturaleza que afecten a Juan Carlos I quedan en manos de su letrado Javier Sánchez-Junco y Mas, y no corresponde a los servicios de la Jefatura del Estado pronunciarse sobre ellos. Cuando el Rey emérito se expatrió, fijó la dirección del bufete de su abogado para la recepción de cualquier tipo de notificación, tanto administrativa como judicial, quedando al margen la Zarzuela de cualquier intervención.
Este asunto traerá cola, porque requiere de explicaciones que contextualicen este movimiento presuntamente precautorio de Juan Carlos I y que, en realidad, complica aún más la precaria situación en que se encuentra. Lo dicho: entre la perplejidad y la sorpresa.