Por primera vez la Fiscalía ha considerado que el ataque de personas vinculadas al independentismo a miembros de una entidad constitucionalista puede tener un reproche penal por «discriminación ideológica».
El Ministerio Público ha presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) sus conclusiones provisionales en el caso de un ataque a Societat Civil Catalana. En ellas reclama tres años de prisión y multa de 5.400 euros para tres miembros del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans que presuntamente asaltaron la carpa que Societat Civil Catalana instaló en la Universitat Autónoma de Barcelona el 19 de abril de 2016. El fiscal coordinador de delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, considera que Bernat C. C., Lucas V. y Daniel M. T. son responsables de los delitos de coacciones para impedir el ejercicio de derechos fundamentales y ultrajes a la bandera con el «agravante de cometer los hechos por motivos de discriminación ideológica».
El escrito indica que Societat Civil instaló una carpa informativa –que contaba con todos los permisos correspondientes– en la universidad para «la promoción de su ideario, ejerciendo por tanto sus derechos constitucionales de libertad ideológica, libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de asociación, todo ello conforme a los valores superiores del ordenamiento jurídico de libertad y pluralismo político».
· 20 jóvenes participaron en el ataque a la carpa de Societat Civil en la universidad, entre ellos los 3 procesados.
Frente a ello, el fiscal indica que unos 20 jóvenes universitarios aproximadamente, pertenecientes al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, entre los que se encontraban los procesados, se acercaron a la carpa poco después y expresaron «su frontal animadversión a los postulados ideológicos» de los voluntarios de Societat Civil que había en el lugar.
La Fiscalía remarca que los manifestantes fueron «convocados a través de las redes sociales y coincidiendo a esa misma hora con la programación de otro acto, como era la presentación de un libro titulado Desmuntant Societat Civil Catalana, cuyo autor es el periodista Jordi Borrás». Al acercarse a la carpa, indica que los estudiantes del sindicato independentista «comenzaron a rodearles, increpándoles y amedrentándoles con gritos e insultos, todo ello con el fin de impedirles el libre ejercicio de los derechos constitucionales mencionados».
Además, detalla que los acusados, «junto a otras dos personas no identificadas, con evidente ánimo de menosprecio antidemocrático y de humillación a la bandera de España como símbolo constitucional del Estado, animaron a arrancar una insignia de España que ondeaba junto a la bandera de Cataluña en la citada carpa de Societat Civil Catalana, para inmediatamente rajarla con un objeto cortante en medio de la plaza y a modo de exhibición ante el público presente en la misma, arrojándola al suelo en diferentes trozos». El fiscal considera que «a consecuencia de estos hechos los voluntarios de Societat Civil Catalana, ante el temor de que la situación se agravara, se vieron obligados a desmontar rápidamente la carpa y a retirarse del lugar».
El escrito de la acusación pública afirma también que una hora después el grupo de 20 personas, «sin que conste acreditada la presencia de los acusados en ese momento», increparon con insultos como «fuera fascistas de la Universidad»al profesor de la Autónoma de Barcelona y en aquella época presidente de Societat Civil Catalana, Rafael Arenas, «que había interrumpido su labor docente al tener conocimiento de los hechos y había acudido al lugar para interesarse por los mismos».
El Ministerio Público también pide que los procesados no acudan durante tres años a la plaza de la universidad en la que se cometieron los hechos y que indemnicen con 6.000 euros a los cuatro voluntarios de Societat Civil que estaban en la carpa. La entidad, que se personó como acusación particular en el procedimiento, pide la misma pena de cárcel y multa que la Fiscalía para los tres procesados.