EL MUNDO 09/09/15
· Dignidad y Justicia se querellará también contra 19 jefes de ETA por delitos de lesa humanidad
Los representantes legales de la Asociación Dignidad y Justicia presentarán, a finales de esta semana, una querella ante los tribunales argentinos solicitando que estos actúen contra 22 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) y 19 dirigentes de ETA por su participación en presuntos delitos de lesa humanidad desde 1994 hasta 2004, en virtud del principio de justicia universal. Para que el proceso pueda llevarse a cabo pedirán la extradición de los querellados a Buenos Aires.
Dignidad y Justicia tiene previsto aportar dos datos representativos para fundamentar su solicitud ante los jueces argentinos: la aprobación de la ponencia Oldartzen por parte de la Mesa Nacional de Batasuna en 1994; y los asesinatos «selectivos» y sin resolver de los concejales del PP José Luis Caso y Francisco Zamarreño, consecuencia y confirmación de las directrices de esa decisión de HB.
La ponencia Oldartzen es un escrito atribuido al dirigente Rufi Etxeberría en el que la coalición proetarra apostaba por la que denominó «socialización del sufrimiento», es decir, por la extensión de los atentados a sectores como los formados por políticos, empresarios o periodistas. Las circunstancias de Zamarreño y Caso han sido elegidas porque resultaron ser especialmente representativas de la situación de terror creada por ETA: Zamarreño fue asesinado por la organización terrorista cuando decidió sustituir a Caso en su puesto de concejal, poco después de que a éste lo hubiesen asesinado.
A los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna de aquellas fechas –entre los que se cita al propio Exteberria o a Adolfo Araiz, actual portavoz de Bildu en el Parlamento Navarro–, Dignidad y Justicia les acusa de ser «inductores» y «colaboradores» de la política de «asesinatos selectivos y actos de persecución» ejecutados por los miembros de ETA. A los dirigentes de la organización terrorista hasta 2004 –desde Iñaki de Rentería hasta Aitzol Iriondo–, los querellantes les atribuyen la «responsabilidad por el mando».
La asociación, encabezada por Daniel Portero, tiene previsto pedir amparo a los tribunales argentinos ante la «imposibilidad de enjuiciar en España» 377 asesinatos sin resolver, tal y como se desprende de la decisión adoptada en julio por el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Efectivamente, la Audiencia, hasta ahora, ha aceptado la existencia de indicios de lesa humanidad en los atentados de ETA, pero los ha limitado a aquellos perpetrados a partir de octubre de 2004, que es cuando este delito fue incorporado al Código Penal español.
Los querellantes argumentan que los diferentes tribunales penales internacionales no atienden a este tipo de limitaciones temporales con delitos de tanta importancia. Por este motivo, han presentado un recurso que será abordado hoy por los jueces de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, convencidos de que su utilidad trasciende cualquier decisión inmediata. «El recurso no va a resolver si los crímenes cometidos por ETA antes de 2004 van a ser enjuiciados, sino que va a resolver dónde van a serlo. Si los tribunales españoles se niegan a investigar, la misma resolución habilitará automáticamente la entrada de la justicia universal argentina». «A ETA y a HB se les va a enjuiciar sí o sí», aseguran.
Dignidad y Justicia argumenta que acude a los tribunales argentinos porque su Carta Magna «es una de las que más genuinamente reconoce, desde sus orígenes, el principio de justicia universal y la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre las peores formas de crímenes internacionales cometidos en terceros estados».
La asociación detalla en su escrito las «decenas de miles de seres humanos forzados a huir del País Vasco –desplazados internos, según la ONU, cifrados entre 60.000 y 200.000–». También se refiere a los «asesinatos selectivos e indiscriminados» perpetrados por ETA «hasta alcanzar las 858 víctimas mortales». Y recuerda la incoherencia de los tribunales españoles al limitar su radio de acción a después de 2004 cuando, desde 1996, han ejercido activamente la jurisdicción universal en relación con crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en otros países; como cuando fue juzgado Scilingo.