Ignacio Cembrero-El Confidencial

  • Responsables policiales de Marruecos amenazan con cortar la cooperación antiterrorista con España
Marruecos poseía tradicionalmente dos herramientas para presionar a España: la inmigración irregular y la cooperación en materia de seguridad, sobre todo la lucha antiterrorista. La primera la ha utilizado recientemente en Canarias, sobre todo en el último trimestre de 2020, cuando se alcanzó un récord de llegadas de ‘sin papeles’ procedentes en su mayoría del Sáhara Occidental, bajo control marroquí. La segunda está sopesando emplearla, a juzgar por las declaraciones de algunos de sus responsables policiales. 

La semana pasada, en Ceuta, Rabat estrenó una tercera herramienta, la amenaza híbrida. No es militar ni policial, pero tampoco es del todo migratoria, pese a que cerca de 10.000 marroquíes entraron en 48 horas en la ciudad autónoma. La gran mayoría pudieron ser devueltos a Marruecos a las pocas horas, aunque aún permanecen en Ceuta unos 800 menores de edad acogidos en hangares y más de un centenar deambulan por sus calles. Quedó así demostrada la vulnerabilidad de la ciudad.

En la Moncloa, redactan desde hace meses una nueva estrategia de seguridad nacional que estará lista en verano. La estrategia, elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional, tenía previsto incluir un plan global para Ceuta y Melilla con el que se quería dar respuesta a la asfixia a que Marruecos somete desde hace cuatro años a las dos ciudades. Cerró, en 2018, la aduana comercial de Melilla y en 2019 cortó el contrabando con Ceuta, una decisión legítima, pero sin informar a las autoridades españolas. Rabat ha ignorado además estos últimos meses las sugerencias españolas para una reapertura parcial de las fronteras terrestres de las dos ciudades cerradas en marzo de 2020 a causa de la pandemia.

Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, compareció el jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta, entre otras cosas, de la nueva estrategia de seguridad, pero no tenía previsto revelar que incluiría un apartado especial sobre Ceuta y Melilla. La ‘invasión’ pacífica de la ciudad, la semana pasada, le hizo, sin embargo, cambiar de opinión y hacer el anuncio. 

Para poner a punto ese plan específico sobre las dos ciudades, se creará un grupo de trabajo encabezado por un alto cargo de Moncloa. Los miembros del grupo deberán dar respuesta a cómo hacer frente a los retos de seguridad en las dos ciudades, sobre todo en sus fronteras; cómo garantizar su sostenibilidad económica, con o sin comercio con el país vecino; y cómo reaccionar a los desafíos lanzados por Marruecos como el de la semana pasada en Ceuta.

Aunque el plan supondrá, probablemente, un salto cualitativo, los gobiernos de España han tomado estos últimos años algunas medidas puntuales para paliar el estrangulamiento de Ceuta y Melilla. Cristóbal Montoro decidió, en 2018, cuando era ministro de Hacienda, otorgarles importantes ventajas fiscales para que pudieran atraer a las empresas del juego y apuestas ‘online’. Su sucesora en esa cartera, María Jesús Montero, amplió esos privilegios en los Presupuestos aprobados a finales de 2020. 

El anuncio de Redondo en el Congreso suscitará una reacción adversa marroquí. Los responsables policiales de Marruecos llevan ya días dejando planear la amenaza de romper amarras con sus colegas españoles. Cherkaoui Habboud, director del Buró Central de Investigaciones Judiciales, fue el último en esgrimirla, el miércoles pasado, en una entrevista con el diario digital ‘Rue 20’. La hospitalización en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, “amenaza con provocar la suspensión de la cooperación en el ámbito de la seguridad entre los dos países”, según Habboud. Con Alemania, otra potencia con la que Marruecos está enfrentado, ya está cortada, precisó.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió el miércoles en el Congreso de los Diputados en que la cooperación policial con el vecino marroquí “no se ha suspendido”. Cuando en 2014 Rabat cortó esa colaboración antiterrorista con su vecino español, no lo anunció públicamente, ni tampoco lo hizo con Francia cuando tomó la misma decisión el 20 de febrero de ese año.

Reinares: «La cooperación está afectada»

Fernando Reinares, el más reputado de los investigadores españoles en materia de terrorismo, lleva días poniendo en duda en Twitter el mantenimiento de esa cooperación con Marruecos y las palabras de Marlaska. “La cooperación en seguridad e inteligencia, incluida la antiterrorista, está afectada desde el día en que las autoridades marroquíes conocieron por cauces extraoficiales la acogida en España del líder del Polisario”, escribió.

“¿Quién sale desfavorecido mientras la cooperación antiterrorista (…) se encuentre comprometida?”, se preguntó a continuación Reinares, que es director de un programa de investigación sobre terrorismo en el Real Instituto Elcano y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. “La respuesta es: España”, contestó. “Desde 2012, ocho de cada 10 yihadistas activos en España son marroquíes o de origen marroquí”, añadió.

“En la Comisaría General de Información (CGI), dejaron de recibir contestaciones a las comunicaciones enviadas a Rabat ya en abril”, señala una fuente conocedora de las relaciones entre los dos países. La Dirección General de Supervisión del Territorio, interlocutora de la Policía española, daba la callada por respuesta. “Al principio no entendían lo que pasaba hasta que saltó la noticia de la acogida de Ghali en Logroño”, añade.