En estos círculos, se ha buscado una justificación para este boicot: los miembros de las mesas han de estar expuestos durante 15 horas en una sala por donde pasarán cientos de ciudadanos y tienen un alto riesgo de contraer el covid. “¿Podremos demandar a alguien cuando después [de las votaciones] aumenten los casos de contagio?”, se preguntaba uno de los miembros de una plataforma. Otro planteaba el tema de que si al día siguiente un miembro de una mesa diese positivo, habrían de confinarse todos los que votaron en esa mesa. Esta justificación, sin embargo, es endeble, ya que para que se obligue a un confinamiento, ha de haber un contacto estrecho y prolongado en el tiempo.

Siguiendo la estela que ya expuso Meritxell Budó, la portavoz del Govern, en su comparecencia este martes, en la que arrojó la responsabilidad de las víctimas de la pandemia sobre los hombros del Gobierno central, el ‘gurú’ Xavier Sala i Martin también se sumó a estas teorías del ‘España nos mata’: “Ya que los miembros de las mesas electorales son escogidos al azar, se podría diseñar un estudio que examine el impacto que las elecciones tendrán sobre la tasa de infección del día 14-F. Así sabremos aproximadamente el número de muertos de los cuales será responsable el TSJC”, advirtió el hombre que, en un momento determinado, incluso sonaba para consejero de Economía de la Generalitat.

Los más exaltados son los que arman más ruido. Las críticas repetidas en las redes sociales acusan otra vez a los jueces de interferir en la política y en los círculos más extremistas se habla de “otro 155”, en referencia a la suspensión de la autonomía tras la declaración de independencia en el Parlament en octubre de 2017 y la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitía al Gobierno central tomar las riendas de las instituciones autonómicas. En algunos círculos independentistas, no obstante, quitan hierro al asunto, subrayando que los transportes públicos van abarrotados en hora punta y no se han tomado medidas o que en el puente de la Purísima, en Navidad, San Esteban, Nochevieja y Reyes, los catalanes salieron en masa pese a que estaban en confinamiento comarcal o municipal.

Movilizar de nuevo la calle

El tema generó un vivo debate en las redes sociales, con todo tipo de especulaciones y teorías de la conspiración. Desde los círculos más extremistas de JxCAT, se alerta, por ejemplo, de que la candidata, Laura Borràs, podría ser inhabilitada de aquí a mayo. Borràs está siendo investigada por presunta corrupción al haber adjudicado casi 250.000 euros en contratos a dedo a un amigo personal en pequeños contratos troceados para no tener que convocar concursos públicos, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

En los círculos independentistas, se asegura también que unas elecciones el 14 de febrero no permitirían votar a 200.000 ciudadanos. “Eso es una tremenda mentira —explica a El Confidencial un miembro de la dirección del PSC—. La normativa aprobada para los comicios prevé expresamente que no se prohíba votar a los confinados. Es más: se ha apuntado un horario específico para que pudiesen ir a votar en ese lapso las personas confinadas y así poder ejercer su derecho. Se han hecho cálculos y acudirían a las urnas la misma cantidad de ciudadanos que en otras votaciones, ya que quienes lo tendrán peor son los ciudadanos hospitalizados. Pero aun en ese caso, y aunque haya más gente en hospitales que en otros comicios, el resultado no alteraría los resultados electorales”.

Junts per Catalunya no perdió el tiempo estos tres días y confeccionó un decálogo para la votación del 30 de mayo que, entre otras cosas, prevé que se pueda votar durante dos jornadas, instalar medidores de CO₂ en todos los colegios, vacunar a todos los miembros de las mesas e interventores (para lo que habría que alterar el calendario de las elecciones), realizar test masivos antes de los comicios, establecer el voto anticipado para permitir votar en los ayuntamientos durante toda una semana, habilitar el sistema de votación de una urna móvil, impulsar el voto electrónico y promover la identidad digital para asegurar que se puede votar por correo sin salir de casa.

La influencia de Illa

“Lo que les ha ocurrido a los independentistas es que ha irrumpido Salvador Illa en la campaña catalana y eso les ha hecho entrar en pánico. Más que la fecha de las elecciones, lo que les metía miedo era el candidato socialista. Y por eso ha funcionado la ‘coalición del canguelo’, que ha unido a independentistas, Ciudadanos y populares en una misma estrategia y se han aliado para retrasar las elecciones”, explica a El Confidencial una fuente de la dirección del PSC.

 Esta fuente resalta que “a JxCAT le interesaba especialmente el aplazamiento para robar terreno a ERC. Su intención es todavía poder reeditar una nueva coalición de Junts pel Sí, como en 2015, aunque lo tengan difícil. Y en este tiempo, intentarán volver a acercarse al PDeCAT para sumar fuerzas, a la espera también de ver qué hacer con el Partit Nacionalista Català (PNC) y con ellos superar en votos a ERC. Por el otro lado, ya veremos qué pasa con PP y con Ciudadanos, porque se reavivan las especulaciones de una plataforma de estos dos partidos, favorecidas por el previsible bajón de Ciudadanos y por la irrupción de Vox, que puede igualarse al PP en Cataluña. Ello podría provocar movimientos en el panorama político preelectoral de Cataluña de aquí a mayo”.
 “Lo que les ha ocurrido a los independentistas es que ha irrumpido Salvador Illa en la campaña catalana y eso les ha hecho entrar en pánico

Desde el PSC, además, se acusa a la portavoz del Govern, Meritxell Budó, de mentir en la rueda de prensa de este martes, cuando aseguró que todos los partidos habían pactado el 30 de mayo como la fecha de las nuevas elecciones: para empezar, el PSC propuso el 21 de marzo; el PDeCAT propuso el 25 de abril, y los comunes propusieron el 16 de mayo. “En la decisión, solo se quedó la pinza de la ‘coalición del canguelo’: los partidos independentistas, a los que se sumaron Ciudadanos y PP, fueron los que votaron a favor, ya que los demás teníamos otras fechas”, enfatizan las fuentes.
 El tema sirvió también para recrudecer la cruenta batalla entre JxCAT y ERC. El vicepresidente del Parlament, Josep Costa, hombre de confianza de Puigdemont, fue el primero en abrir el fuego, reclamando que el fiasco de la convocatoria de elecciones se podría haber evitado si se hubiesen hecho las cosas bien, y pedía dimisiones. No señalaba a nadie, pero el dardo iba dirigido al vicepresidente catalán, el republicano Pere Aragonès. Tras el decreto firmado por Aragonès el pasado viernes anulando el 14-F y convocando nuevas elecciones para el 30 de mayo, Costa había advertido de que no se tenían que convocar elecciones “sin garantías de poderlas hacer. Pedimos aprobar por vía de urgencia las urnas móviles y el voto anticipado, propuestas para incluir en la ley electoral ya consensuadas desde hace mucho tiempo. Y nos quedamos solos”.