Tonia Etxarri-El Correo
El PNV evitó referirse al juicio del ‘procés’ en su primer gran acto electoral de cara a mayo
El 12 de febrero arrancará el juicio más mediático y uno de los más importantes de la historia reciente de nuestro país. El mismo día que el Congreso deberá celebrar el pleno de los Presupuestos y se sabrá si los independentistas catalanes apoyan, o no, el plan de Pedro Sánchez. Las causas para tanta expectación están justificadas. Doce independentistas acusados. Seiscientos periodistas. Más de quinientos testigos entre los que figurarán Rajoy y Urkullu. Y un público que llenará el aforo del salón hasta la bandera. Los secesionistas divididos y los socios de la Generalitat calentando la calle. Será un juicio televisado. Con todas las condiciones garantistas. Con la máxima transparencia. Un proceso en el que la propaganda independentista contra España se tendrá que medir con los hechos. En un Estado democrático no existen presos políticos. Quienes comparecerán ante la Justicia no están en esta situación por ser independentistas o «por haber puesto las urnas» sino por haber tratado de imponer un orden político que excluía de su condición de ciudadanos a millones de catalanes, vulnerando la Constitución y su propio Estatuto. Por haber desbordado la legalidad. Será un juicio penal. Porque los políticos que comparecen están acusados de haber incurrido en graves delitos. Habrá que ver cómo el Supremo deja fuera de la sala los mítines políticos.
Un proceso que incomoda tanto a los dirigentes del PNV que ayer, en su acto de precampaña con 700 candidatos y 5.000 simpatizantes, ni Urkullu ni Ortuzar lo mencionaron. El partido jeltzale, siguiendo la estela de EH Bildu, se personará en el juicio. Pero ayer optó por tomar distancia. En tiempo de precampaña ha preferido guardar el victimismo en la trastienda para exhibir gestión. Su presidente asumía, como si tratara de excusarse, que les ha tocado hacer equilibrios en el alambre. Quizás para justificar que mientras despotricaban de la aplicación del 155 en Cataluña apoyaban los Presupuestos de Rajoy. Ahora siguen haciendo equilibrios. Ayer, ni mención al juicio. Pero la próxima semana Egibar, Oregi e Iturrate se desplazarán a Madrid para asistir al ‘ procés’. Junto a otros tres parlamentarios de EH Bildu. La Cámara decidió, por voluntad de EH Bildu secundado por el PNV, tener « enviados especiales». Los socialistas, que gobiernan con el PNV, se desmarcaron de la iniciativa. El PP también. Podemos se abstuvo. Por lo tanto, en todo el tiempo que pueda durar la macro causa (tres meses aproximadamente) estos parlamentarios vascos se ausentarán del hemiciclo de Vitoria para ‘controlar’ el juicio. Porque ponen en duda la legitimidad de esta causa que, según ellos, pretende «descabezar líderes del soberanismo catalán y liquidar el independentismo».
Entre los quinientos testigos, el lehendakari Urkullu, citado por la defensa, no ha ocultado su incomodidad. Entre otras cosas porque se enteró por la Prensa que le reclamaban para que explique su papel de mediador entre La Moncloa y la Generalitat antes de que Puigdemont decidiera tirar por la calle de en medio y, en vez de convocar elecciones, terminara por proclamar la república independiente virtual de la que huyó dos días después.
Su discreción en el acto de ayer se interpreta como un deseo de no dejarse arrastrar por la izquierda abertzale, que está muy activada con la causa independentista catalana. Colaborando en la propaganda contra España. Dando prioridad absoluta a la campaña contra un país que no consideran democrático. Por eso reclamaban observadores internacionales. Como si estuviéramos en Venezuela. La propaganda secesionista lleva ya tanto tiempo con la maquinaria puesta en marcha que el Gobierno actual ha decidido poner en circulación un vídeo sobre la imagen de la España democrática.
Resulta contradictorio que el mismo Gobierno que pacta con secesionistas que quieren romper el país impulse una ‘promo’ en clave patriótica. La banquera Ana Patricia Botín, la bióloga molecular María Blasco, el cocinero José Andrés, o la cineasta Isabel Coixet, entre otros, hablando de nuestros valores. Mientras la Generalitat compraba espacios en los medios y cultivaba las relaciones internacionales, los anteriores gobiernos no supieron valorar la persistencia de los secesionistas. Aún están a tiempo. En este juicio se libra la batalla del principio de la legalidad en un Estado de Derecho. También la de la imagen de España.