Los dos principales partidos vascos, al alza ambos en todas las instituciones según las encuestas más recientes, se han lanzado a la yugular del oponente con los últimos casos de presuntas irregularidades urbanísticas, prevaricación o amiguismo como munición. El resultado, una batalla sin cuartel en la que el PNV trata de desmontar uno de los eslóganes centrales de la coalición soberanista –el que presume de tener «cero» casos de corrupción en sus filas– mientras los de Arnaldo Otegi redoblan la presión sobre los jeltzales con escándalos tan mediáticos como el del palacete derribado en Getxo, en el que han tirado por elevación para cuestionar el «modelo de gobernanza» de los peneuvistas.

El cruce principal de golpes deriva de la decisión de EHBildu de unirse al resto de la oposición getxotarra para pedir en bloque la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre. La coalición abertzale considera que no está «legitimada» para continuar al frente del Consistorio por su falta de «transparencia» a la hora de atajar el ‘ caso palacete’, que se ha saldado con la sustitución de los tres ediles investigados por el derribo del edificio Irurak Bat para supuestamente acelerar la construcción de una promoción de pisos de lujo en la que dos de los concejales en cuestión participaban como cooperativistas. El levantamiento del secreto de sumario se ha solapado en el tiempo con otras diligencias que han pasado a ser públicas –ambas investigaciones ha estado a cargo de la misma unidad especial de la Ertzaintza– sobre presuntas irregularidades urbanísticas asociadas al vertedero de Zaldibar, cuyo derrumbe en 2020 provocó la muerte de dos trabajadores. En esta pieza está investigada la que fuera alcaldesa del municipio entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri, de EHBildu, por un delito de prevaricación urbanística.

En este terreno embarrado se han lanzado PNV y Bildu al marcaje del adversario. Sabin Etxea se ha apresurado a criticar –así lo hizo este jueves el presidente del Bizkai, Iñigo Ansola– la doble vara de medir de Bildu al exigir la dimisión de Amaia Agirre, que no está imputada, y «aplaudir» a la vez la gestión de Baigorri. «Quienes son tan exigentes con los cargos públicos de los demás deberían serlo con los suyos también. La ejemplaridad y la ética no pueden aplicarse a conveniencia», denunció Ansola, después de que ArnaldoOtegi defendiese a la exalcaldesa porque, según las explicaciones proporcionadas por EHBildu, se limitó a «firmar» previsiones avaladas por los técnicos para ampliar el vertedero que acabó colapsando.

Según esta versión, Baigorri simplemente se sumó al aval de los expertos municipales, la empresa asesora y la Diputación de Bizkaia alPlan General de Ordenación Urbanística para Zaldibar. Ayer, ‘Naiz’ apuntó a Imanol Pradales como corresponsable, al desvelar que su firma, entonces como diputado foral de Infraestructuras, también figuraba en el PGOU que legalizó la ampliación irregular de la escombrera. La diferencia con el PNV, según Otegi, es que en lo que afecta al vertedero no había «interés personal» mientras en Getxo «hay gente que ha tomado decisiones que supuestamente les pueden beneficiar».

«Dos condenas»

Ayer, fue el propio presidente del PNV,Aitor Esteban, el que insistió, en una entrevista en Euskadi Irratia, en que no cabe «comparación» posible entre ambas regidoras e instó a Bildu a «dar todas las explicaciones» sobre Zaldibar. Pero añadió un frente nuevo a los ya abiertos, al restregar a EHBildu, «por citar sólo el último» de los casos que niega tener, las «dos condenas por corrupción en la contratación pública» contra elAyuntamiento de Aramaio (Álava), gobernado por los soberanistas. Esteban se refiere a una sentencia judicial que condena por prácticas irregulares al Consistorio por la contratación de una técnica de euskera que era «conocida» de la anterior alcaldesa. En otro fallo, un juzgado obliga a la Corporación a regularizar la situación contractual de dos trabajadoras de la Kultur Etxea.

No es la primera pulla cruzada en territorio alavés, donde Bildu ya denunció el «escándalo» que supone que dos exdirectivos de Solaria ocupen ahora cargos de responsabilidad en el EVE y en una entidad foral «de la mano del PNV».

No hay tregua entre PNV yBildu, y no solo por la corrupción. Los de Otegi dan muestras de no soltar la presa por las vacunas caducadas en Osakidetza, un asunto en el que Esteban acusó ayer a la coalición de aprovecharse de la «inocencia» del consejero de Salud, Alberto Martínez, al hacer saltar la liebre con una pregunta parlamentaria. A su vez, las redes sociales afines al PNV han difundido el desalojo en Tolosa, gobernada por Bildu, de un grupo de migrantes que dormían en soportales de titularidad municipal.