Pobre España

SI dos mil, cuatro mil o siete mil radicales se presentasen a ver un partido en el Camp Nou portando banderas españolas inconstitucionales, de las del águila, las fuerzas del orden impedirían su paso, y con toda lógica, por tratarse de una enseña que está fuera de nuestro orden legal. No habría polémica. Si acudiese al estadio una turba con enseñas nazis o fascistas también se frenaría su entrada, con razón y sin discusiones (los símbolos comunistas tienen bula, pese a tratarse de la otra gran ideología criminal del siglo XX).

Pero si miles de hinchas quieren acudir con banderas independentistas a la final de Copa en Madrid, un acto de organización privada, donde colabora la Corona y que encabezará el Rey, entonces resulta que evitar esa ofensa a España y a su Jefe del Estado constituye una brutal agresión a la libertad de expresión. Y no lo dicen solo los separatistas que tienen como meta confesa destruir España. Lo grave es que los apoyan teóricos puntales de la nación española, como el primer periódico del país, que condenó la prohibición de las esteladas con un contundente editorial; o la estrafalaria alcaldesa de la capital de España, que anunció presto que no iría al estadio en solidaridad con Ada Colau, a la que puso por delante de los 3,2 millones de madrileños a los que sirve. También salieron a hacer el caldo gordo a los separatistas el jefe del PP en Cataluña y el eventual líder de la oposición, Sánchez, de nuevo con esa equidistancia entre España y el secesionismo que luego lo cruje en las urnas (su razonable compañero Vara apoyó la prohibición). Incluso nuestro peculiar ministro del Interior lanzó balones fuera y pretextó que era un asunto de la Delegación del Gobierno, como si esta dependiese de la Comisión de Fiestas de Lecumberri.

Un país pusilánime ante quienes van a degüello contra él tiene mal pronóstico. La prohibición era razonable jurídicamente (de hecho, la Fiscalía la apoyaba). Y era necesaria políticamente, salvo que nos resignemos a ser el único país del mundo que tolera cada año provocaciones multitudinarias contra la existencia de la nación en la propia capital del Estado.