Es posible que un gobierno sea incompetente o ineficaz y los españoles hemos sido testigos desde 1978 hasta hoy de algunos Ejecutivos cuyo rendimiento sólo puede calificarse de penoso. Baste recordar el manejo que hizo Zapatero del crack financiero de 2008 o la forma escandalosa en que Rajoy desperdició la mayoría absoluta obtenida en 2011 para comprobar que una sociedad desarrollada, próspera y dinámica como la nuestra puede caer en manos de verdaderas nulidades. Si uno recuerda que el hoy registrador de la propiedad por fin ejerciente tuvo en sus manos la mayoría absoluta en el Congreso, la mayoría absoluta en el Senado, la alcaldía de cuarenta capitales de provincia y el control de trece Comunidades Autónomas y utilizó este inmenso capital político para sestear durante cuatro años, sin ni siquiera intentar las reformas estructurales que demandan perentoriamente nuestra economía y nuestras instituciones o sin revertir las barbaridades sectarias y disolventes de su antecesor, los sentimientos que inspira tal desidia no son para ser descritos sin caer en el uso de palabras ante las que el mismo Camilo José Cela hubiera vacilado. La comparación de la mutación agresiva de los cimientos al techo de España que Pedro Sánchez está llevando a cabo con sólo ciento veinte diputados con la pasividad abúlica del pseudo-prócer gallego, lo dice todo sobre el acierto del cuaderno azul de Aznar en 1996.

Arruinar Madrid

Ahora el Gobierno progresista que padecemos ha lanzado dos operaciones, a cual más nefasta, que, dado que es imposible que sean solamente fruto de la pura necedad, es evidente que obedecen a un plan preconcebido de los dos socios que ocupan La Moncloa o de uno de los dos mientras el otro consiente, posibilidades ambas equivalentes en su resultado. La primera de estas tropelías es el cierre de Madrid acompañado de una vuelta de tuerca a la limitación de su actividad comercial, empresarial y de ocio. En vez de tomar las medidas necesarias, con leal apoyo y total colaboración con las autoridades regionales, para frenar la propagación de la pandemia hasta niveles que equilibren el riesgo sanitario con el económico, Pedro Sánchez se ensaña con Isabel Díaz Ayuso para descabalgarla de la Casa de Correos, sin importarle paralizar el motor financiero, cultural y social de la Nación. Es más, lo hace con el propósito deliberado de arruinar Madrid y, como consecuencia, el conjunto de España, porque cuántos más ciudadanos dependan de los subsidios de un Estado endeudado hasta las trancas, más cerca estará el soñado paraíso bolivariano que alimenta los sueños húmedos de su moñudo compañero de equipo.

Lo más lacerante de semejante batería de crímenes educativos es que un Gobierno que se dice de izquierdas ensancha conscientemente la brecha en igualdad de oportunidades

La segunda barbaridad es el Real Decreto sobre educación que ha preparado Isabel Celaá, esa ministra que no existe salvo cuando emerge para asestar un renovado golpe a la calidad de nuestro sistema educativo. Ahora, también con el pretexto de la covid, ha llevado a la mesa del Consejo un ramillete de dislates que sin duda asestará la puntilla a nuestra ya muy decaída enseñanza, esa cenicienta de los Informes Pisa que, año tras año, renquea en el vagón de cola de la OCDE. Provoca indignación combinada con incredulidad saber que el Ministerio renuncia a su competencia principal de fijar los criterios de evaluación, promoción y titulación en las etapas Primaria, Secundaria y de Bachillerato para dárselas a las Comunidades Autónomas, que se podrá pasar de curso sin limitación de asignaturas suspendidas, que cada centro podrá decidir a su antojo qué alumnos repiten sin criterio alguno unificador que les proporcione seguridad jurídica, que se suprimen las pruebas nacionales al final de los distintos ciclos eliminado así cualquier estadística sobre rendimiento de centros, territorios o modalidades de enseñanza y que, en definitiva, se elimina sin reparo la cultura del mérito y del esfuerzo para reemplazarla por la legalización de la vagancia.

Lo más lacerante de semejante batería de crímenes educativos es que un Gobierno que se dice de izquierdas ensancha conscientemente la brecha en igualdad de oportunidades entre las familias de rentas altas, que continuarán llevando a sus hijos a centros de elite, y las más modestas, inermes ante los ataques de una ministra que las condena a los peldaños inferiores de la escalera social. Naturalmente, esto le es igual a una doctrinaria que no persigue una mejor educación para nuestros jóvenes ni la eliminación de la precariedad, sino la creación de una masa de borregos sin criterio fácil de manipular.

Ese es el diseño que la coalición de sanchistas moralmente vaciados (el PSOE, aquel partido socialdemócrata defensor de la Constitución y de la unidad nacional es solamente un recuerdo) y comunistas posmodernos ha trazado para nuestra desdichada patria, transformarla en una confusa agregación de tribus hostiles entre sí, pasto del analfabetismo funcional y de la miseria, desprestigiada internacionalmente, sin propósito común y sin dignidad individual ni colectiva. Pobres e ignorantes, carne de totalitarismo, carne de Podemos.