Poca exigencia y división al fondo

La encuesta refleja la prisa de muchos partidos políticos por cerrar, con cierta urgencia, los casi cincuenta años de terrorismo

Si la mayoría de los encuestados por el estudio de Ikerfel prefiere que el PNV se alíe, en la próxima legislatura, con EH Bildu, los resultados de opinión sobre ETA y sus presos no desentonan en absoluto con la intención de voto mayoritariamente nacionalista que van arrojando los sondeos. Favorables a una negociación con ETA, aunque no se sepa muy bien sobre qué hay que negociar. Partidarios del acercamiento de los presos sin que sea requisito previo desvincularse de la banda. Y divididos en torno a la posibilidad de que los presos reciban beneficios penitenciarios porque no perciben, en ellos, los pasos suficientes para hacerse merecedores de esa condición.

Quizás haya que empezar a aplicar, en las preguntas de los sondeos de opinión, requisitos similares a la Ley de la Claridad que implantó el ministro canadiense Stephan Dion, en los referéndums de Quebec para que los ciudadanos sepan exactamente qué están respondiendo. Qué es lo que creen que hay que negociar. O qué entienden por beneficios penitenciarios.

No sorprende que muchos de los consultados con voto decidido naveguen en un mar de dudas como en el caso de los votantes del PNV, entre una negociación sin condiciones o tras la disolución de ETA, porque son temas de hondo calado; que no se pueden resolver, siquiera, ni con jornadas intensivas similares a las de los juicios con jurado y que requieren un rigor que habitualmente no se utiliza en el mundo político, tan prisionero de forma inmediata de los votos a favor o en contra. Al hablar de acercamiento de presos estamos tratando de temas muy especializados, con los colectivos de víctimas como material sensible que no deberían caer en el olvido de las encuestas, sabiendo que, además, tienen su proyección en la Justicia. Es una asignatura que conlleva tantas connotaciones técnicas, éticas y judiciales ante la que los ciudadanos, en muchas ocasiones a la vista de los resultados del sondeo, optan por refugiarse en el abstencionismo.

De la encuesta que viene publicando EL CORREO se desprende una limitada exigencia por parte de los consultados sobre el acercamiento de los presos de ETA a cárceles más próximas al no tener en cuenta la gravedad del delito que cometieron en su día ni su actitud, de ruptura o no, hacia la banda. Que un 84% de los votantes de Bildu sean partidarios de esta medida no reviste ninguna novedad. Como su coincidencia con la mayoría de votantes de Ezker Anitza y más de la mitad de los del PNV. Otra cosa son los beneficios penitenciarios, en donde se refleja mayor división entre los encuestados y en donde los votantes del PNV vuelven a mostrarse «sin posición definida». Un empate a 31% entre quienes se muestran partidarios de los beneficios sin condiciones y quienes creen que, primero, tienen que pedir perdón, que supera el 34% de quienes se muestran contrarios a la aplicación de esa medida en ningún caso.

Todavía no tenemos fecha de convocatoria de las próximas elecciones y pueden ocurrir muchas cosas en estos meses. Pero, de lo que no cabe ninguna duda, es del vuelco que va a dar la mayoría en el próximo Parlamento vasco en cuanto irrumpa la izquierda abertzale, a la que esta primera encuesta ya la sitúa en el segundo puesto de donde ha desplazado, sin disimulo, al Partido Socialista. Independientemente de que el gobierno del PP tenga tiempo para reformar la ley para propiciar que los exiliados por culpa del terrorismo puedan volver a votar en su tierra, nadie duda de que el futuro en Euskadi será nacionalista. Y que las políticas relacionadas con la tolerancia a todo el entorno de ETA van a disfrutar del mayor protagonismo de los últimos tiempos.

Con el PNV gobernando y apoyado, o no, por la izquierda abertzale, las exigencias del mundo de Batasuna en relación a la política penitenciaria, estará a la orden del día, aunque el Gobierno autónomo no tenga competencias en la materia, y que cualquier movimiento en este capítulo, como todo el mundo sabe, dependa del Ejecutivo del PP.

La encuesta revela un dato que, con toda seguridad, estarán analizando, desde ya, los partidos no nacionalistas: que el mayor rechazo a que los presos puedan acogerse a beneficios penitenciarios se localiza en los jóvenes menores de 34 años, porque todas las fuerzas políticas están dedicando sus mayores esfuerzos a captar el interés de una juventud que, por definición, se alineaba, en su mayoría, con las opciones más radicales de la izquierda abertzale.

De la exigencia democrática hacia el mundo que no rompe con ETA quiere hacer el PP uno de sus ejes de campaña, consciente de que la encuesta le da muy poco desgaste (la pérdida de un escaño) en relación al Partido Socialista al que ha apoyado sin agotar todo el tiempo de la legislatura. Mientras, Patxi López sabe que tendrá que hacer encaje de bolillos para movilizar a ese tercio de votantes que quiere, esta vez, quedarse en casa.

En el fondo del sondeo late el mensaje de las fuerzas políticas que parecen transmitir la idea de cerrar cuanto antes el capítulo de casi cincuenta años de terrorismo para recuperar «la normalidad». El propio cuerpo social parece seguir en sus respuestas sin matices ese discurso cortoplacista con el riesgo de que la recuperación de los valores de la justicia, la equidad, la restitución a las víctimas, la proporcionalidad y los valores que dan músculo a la sociedad del futuro, queden tapados por la niebla del camino de las urgencias.