ABC 15/02/17
EDITORIAL
· En el caso de Artur Mas, la inhabilitación para un cargo público sería una pena grave, pero cabe plantearse si es proporcional al daño que han causado sus conductas
PENDIENTE de sentencia el juicio a Artur Mas y a dos de sus consejeras por la preparación de la consulta del 9-N, queda patente la insuficiencia de unas posibles condenas a mera inhabilitación por delitos tan graves como la prevaricación y la desobediencia. El Derecho Penal solo protege, es cierto, los bienes jurídicos más importantes de una sociedad, algo que se ve cuestionado por la extensión de las reformas penales a ámbitos cada más amplios de la actividad pública y privada. Sin embargo, mientras el Derecho Penal aumenta de tamaño no sucede lo mismo con su eficacia. En el caso de Artur Mas, la inhabilitación para un cargo público sería, sin duda, una pena grave, pero cabe plantearse si es proporcional al daño que han causado las conductas atribuidas al expresidente de la Generalitat. Esos daños no se limitan únicamente al deber de todo funcionario de dictar resoluciones justas o acatar las sentencias de los tribunales. El proceso separatista en Cataluña ha dividido a la sociedad catalana, ha sembrado la discordia con el resto de España, ha empujado a los catalanes a vivir en un ambiente de ilegalidad y está agrediendo continuamente las bases del orden constitucional español. Poca cosa parece la inhabilitación para responder por estos perjuicios. El Gobierno de Aznar tomó la medida de este nacionalismo cuando incluyó en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum con una pena de prisión de tres a cinco años de cárcel. Su derogación inmediata fue el precio que Rodríguez Zapatero pagó, entre otros muchos, a los nacionalismos para firmar el Pacto del Tinell, aquel acuerdo antidemocrático contra el PP. Y el Gobierno de Rajoy no ha tenido la valentía de recuperarlo para reforzar al Estado frente a la estrategia sediciosa del Gobierno catalán.
Fruto de ese ambiente de impunidad es la presión coactiva contra jueces y fiscales en Cataluña, denunciada ayer por la fiscal jefe, Ana Magaldi, insultada después del juicio a Mas con gritos de «mierda» y «fascista». La condición primera para que un Estado exista y sea respetado es que haga cumplir la ley en todo su territorio. Con la anulación de las últimas resoluciones separatistas del Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional ha remitido al fiscal la conducta de su presidenta, Carme Forcadell, para que valore si inicia una causa penal contra ella y contra quienes tramitaron esas resoluciones. La decisión del TC es la correcta, pero luego los tiempos de respuesta se dilatan tanto que la justicia penal llega tarde y sin capacidad de disuasión. La prudencia del Gobierno es compatible con la toma de decisiones que empiecen a cambiar de manera efectiva el curso de los acontecimientos. Decisiones que hagan pagar el daño que está sufriendo España.