El tradicional debate sobre la reforma de la Constitución, un clásico de esta fiesta, ha perdido este año relevancia, sazón y pertinencia. No tiene sentido deliberar sobre una modificación de la ley fundamental cuando el Gobierno ha decidido dejarla indefensa ante cualquier intento no ya de desobedecerla sino de sublevarse directamente contra ella. El mejor homenaje que se le ha ocurrido a Sánchez como regalo de cumpleaños consiste en ponerla a los pies de sus adversarios para que la pateen a su gusto cuando les parezca oportuno sin riesgo de salir condenados. Y por si queda algún juez capaz de encontrar un resquicio para penalizar como acto subversivo un eventual levantamiento contra el orden jurídico, el presidente ha desembarcado en el Tribunal de Garantías a uno de sus ex ministros y a una alta funcionaria del Ejecutivo. Feliz aniversario; qué tiempo aquel en que el mayor agravio del separatismo era ausentarse de la efeméride oficial como signo de repudio político.

En adelante, bastará un simple pronunciamiento para que un dirigente autonómico o, por qué no, un monterilla municipal henchido de cantonalismo xenófobo, declare abrogada la vigencia de la soberanía nacional española en su territorio. Si no hay desórdenes públicos no le pasará nada; con algo de suerte se convertirá en un héroe civil y sus paisanos acabarán dedicándole una estatua o verá su nombre inscrito en una plaza. Sólo tendrá que cuidar que no haya muchas algaradas callejeras para que no lo acusen de instigar una rebelión violenta; con esa precaución podrá tentar incluso la independencia como quien juega a la ruleta. Y si además el motín es colectivo y hay un referéndum por medio, alcanzará la honorable categoría de autodeterminación patriótica del pueblo y sus promotores serán aclamados por la izquierda como modelo de gentes de progreso. De hecho ya ha ocurrido así con Junqueras y sus colegas insurrectos, constituidos ahora nada menos que en fuentes del Derecho.

En este contexto, la celebración del 6-D se antoja una parodia. El Estado fundado sobre el pacto de convivencia de la Carta Magna vive una crisis histórica a la que acaso aún le falten capítulos de naturaleza más bochornosa. Por ejemplo, que la enmienda del delito de malversación acabe en la humillante devolución del dinero de las fianzas y avales, que los líderes de la insurrección vuelvan a las instituciones con aires triunfantes o que el prófugo Puigdemont regrese exento de responsabilidades. Con todo, ninguno de esos verosímiles episodios será tan grave como la deconstrucción en marcha del llamado `régimen del 78´, el proceso destituyente que los socios gubernamentales se han marcado como objetivo de fondo. Sánchez duerme cómodo, apoltronado en el colchón de sus inquietantes apoyos, pero ahora, como él mismo predijo, somos los ciudadanos constitucionalistas los que padecemos insomnio.