Podemos colaboró con Fiscalía para cerrar la causa contra Juan Carlos I en la Audiencia

Podemos se ha alzado como la voz más crítica con Juan Carlos I por ocultar más de 65 millones en Suiza, pero el partido de Pablo Iglesias colaboró con la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2018 para cerrar en tiempo récord la primera gran investigación judicial que podía haber descubierto esos fondos.

Mensajes internos del equipo jurídico de Podemos revelan que el partido supo en aquel momento que los representantes del Ministerio Público estaban maniobrando para que la Audiencia Nacional dejara de investigar las presuntas operaciones irregulares del monarca. La formación colaboró en esa estrategia evitando presentar un recurso de apelación contra el archivo de la causa. El procedimiento fue finalmente cerrado. No se reabrió hasta la semana pasada, y no porque lo solicitara Podemos, sino por decisión del nuevo instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón.

Los movimientos de Podemos y Anticorrupción se produjeron en torno al caso Villarejo. El primer juez que dirigió esas diligencias, Diego de Egea, acordó la apertura de una pieza separada el 20 de julio de 2018 para investigar el contenido de varias grabaciones publicadas por ‘OkDiario’ y ‘El Español’, supuestamente realizadas por el comisario de Policía, en las que la examante del Rey emérito Corinna Larsen aseguraba que el monarca había cobrado comisiones de empresas españolas, escondía dinero en Suiza, utilizaba a su primo Álvaro de Orleans como testaferro y había recibido unos terrenos en Marruecos como regalo del rey de ese país, entre otras acusaciones. De Egea bautizó la pieza separada con el nombre de Carol, decretó el secreto de sumario y citó a declarar a Villarejo ese mismo 26 de julio en calidad de imputado por los delitos de revelación de secretos y cohecho.

De los mensajes del chat interno del equipo jurídico de Podemos se desprende que, al día siguiente de la declaración del policía, los abogados que ejercían la acusación popular en el caso Villarejo en representación del partido se reunieron con los dos fiscales anticorrupción del procedimiento, Ignacio Stampa y Miguel Serrano. A las 12.43 horas del 27 de julio de 2018, uno de los dos abogados que asistieron al encuentro, Alejandro Gámez, informó a sus compañeros de Podemos de que la reunión había durado “casi dos horas” y el resultado había sido muy satisfactorio.

Según el letrado, uno de los asuntos que habían tratado era la “pieza del Rey”, en referencia a Carol. “Que muy bien que el juez siga investigando esta pieza, pero a ellos no les va a alterar el calendario del resto de piezas”, habían asegurado en la cita los fiscales Stampa y Serrano, según el abogado de Podemos. “Además, esta pieza es también salvaguarda. Si archiva respecto de algún otro, levantan el secreto de sumario de todo y a tomar por saco”, dijeron supuestamente los fiscales.

Lo cierto es que los representantes del Ministerio Público ya habían tenido varios encontronazos con De Egea porque este había archivado las primeras piezas del caso Villarejo. La investigación sobre los presuntos negocios del rey Juan Carlos no era prioritaria para los fiscales, que querían centrarse en otras operaciones del comisario. Pero sabían que el contenido de esa parte de las actuaciones era especialmente sensible y aseguraron a los letrados de Podemos que lo usarían para presionar al magistrado. Según el letrado del partido, si De Egea cerraba alguna otra pieza del caso Villarejo, Stampa y Serrano pedirían que se levantara el secreto de sumario de Carol, dejando al descubierto las revelaciones de Corinna sobre el Rey emérito.

Minutos después, a las 12.53 horas, la exabogada de Pablo Iglesias en el caso Dina, Marta Flor, componente también del equipo jurídico de Podemos y que había asistido igualmente a esa reunión con los fiscales, redactó un mensaje en el chat interno para confirmar que la cita se había desarrollado tal y como acababa de explicar su compañero. “Muy bien todo como dice Alejandro, cada vez nos dan más datos y más información…”, escribió Flor. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya está investigando si los fiscales del caso Villarejo filtraron información a esta abogada, a raíz de otros mensajes desvelados por El Confidencial.

Archivo en tiempo récord

Tras la declaración del comisario, la pieza Carol no se movió durante el mes de agosto y, en los primeros días de septiembre, la Fiscalía demostró que había cambiado de planes. Solicitó el archivo provisional de las pesquisas solo cinco semanas después de que arrancaran alegando que las acusaciones contra Juan Carlos I eran “extremadamente débiles”; que en todo caso se referían a hechos acontecidos en la época previa a su abdicación en 2014, cuando era inviolable; y que operaciones como el supuesto regalo de los terrenos en Marruecos no eran “suficientes para iniciar una investigación penal”. En todo caso, Stampa y Serrano pidieron que se enviara a Anticorrupción la parte de los audios en la que se mencionaba un presunto pago de comisiones por la adjudicación del contrato del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas.

La petición de la Fiscalía provocó que, el 7 de septiembre de 2018, con una velocidad inusitada para los tiempos habituales de la Justicia, el juez De Egea decidiera el sobreseimiento provisional de Carol sin haber practicado más diligencias que el interrogatorio a Villarejo. No dio tiempo a ordenar ninguna otra prueba para profundizar en el contenido de las cintas. Corinna desvelaba en esas grabaciones, por ejemplo, que el Rey emérito había utilizado como testaferro al abogado suizo Dante Canonica, pero no se hizo ninguna indagación para ampliar ese dato. Lo mismo ocurrió con otros detalles.

Según De Egea, el archivo se debía a que no apreciaba ningún indicio racional de que el comisario Villarejo, único imputado en la pieza, hubiera cometido los delitos de revelación de secretos y cohecho que se le atribuían. Sobre las informaciones que afectaban específicamente a Juan Carlos I, el juez cuestionó la credibilidad de Corinna por la relación afectiva que había mantenido con el monarca hasta 2009, y consideró que tampoco había pruebas de que las afirmaciones de los audios tuvieran la más mínima base. Recordó que Corinna no había denunciado esos hechos ante ninguna instancia y que tampoco había aportado pruebas en este procedimiento, “no deduciéndose la existencia de actos de ocultación, transmisión o transformación del patrimonio obtenido merced a ninguna defraudación” cometida supuestamente por el Rey emérito. Con todo, De Egea accedió a la petición de Anticorrupción y le remitió las actuaciones para que siguiera investigando el supuesto pago de comisiones por el contrato del AVE a La Meca.

Podemos recurrió en reforma el archivo de la causa el 12 de septiembre de 2018. En su escrito, reclamó una “investigación efectiva” sobre el presunto patrimonio opaco del Rey y reprochó al juez que no hubiera tomado ninguna decisión para comprobar si se habían producido los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública que Corinna describió a Villarejo. De Egea rechazó el recurso de reforma unos días después, como suele ocurrir en ese trámite, salvo que el juez aprecie que efectivamente ha cometido un flagrante error de forma.

Lo lógico habría sido que, tras no prosperar su recurso de reforma, Podemos hubiera dado un nuevo paso presentando a continuación un recurso de apelación para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara la reapertura de Carol. El partido ya había recurrido en apelación el archivo de las pesquisas sobre un supuesto colaborador de Villarejo, el comisario Carlos Salamanca, y se había adherido a los recursos de apelación de la Fiscalía contra el archivo de las piezas separadas Iron y Land. Pero la formación de Pablo Iglesias decidió no hacer ningún otro movimiento en la pieza que afectaba a Juan Carlos I. Sorpresivamente, evitó recurrir en apelación y el caso quedó sobreseído.

La clave de esa omisión está en otro mensaje del equipo jurídico de Podemos. El 20 de septiembre de 2018, los representantes legales del partido mantuvieron otra cita secreta con los fiscales Stampa y Serrano. Estos les contaron ese día, según el chat de Telegram, que habían solicitado el archivo de la pieza para que se investigara “el fondo saudí” en otro juzgado, en referencia al fondo hispano-saudí para el desarrollo de infraestructuras que fue creado en 2006 con el impulso del rey Juan Carlos y que resultó un auténtico fiasco para las empresas españolas que aportaron fondos para sostenerlo.

Podemos decidió no interferir en esos planes y no se opuso en apelación a la solicitud de la Fiscalía para que las pesquisas sobre el Rey emérito se archivaran. A cambio, como ya ha revelado este diario, el Ministerio Público ayudó a la formación para impulsar otras investigaciones que eran clave para sus intereses políticos, como la pieza Kitchen contra las supuestas cloacas de la policía del PP y el caso Dina sobre el presunto espionaje al actual vicepresidente segundo del Gobierno.

En dos años ha quedado claro el enorme valor probatorio que tenían las grabaciones de Corinna. El fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa utilizó esos audios desechados por Anticorrupción y la Audiencia Nacional como único punto de partida de una investigación sobre el presunto blanqueo de dinero de Juan Carlos I en su territorio. Registró los despachos de Dante Canonica y de otro testaferro clave, el también suizo Arturo Fasana. La justicia española podía haber acordado esas diligencias. Ya intervino documentación en el despacho de Fasana con motivo del caso Gürtel, pero Stampa y Serrano no solicitaron esos registros ni ninguna otra actuación.

Bertossa encontró en esas oficinas datos sobre dos fundaciones instrumentales del monarca, Lucum y Zagatka, y también de cuentas bancarias que habían albergado millones de euros. Citó a declarar como investigados a Corinna, Canonica y Fasana, e interrogó como testigo a Álvaro de Orleans. También citó a los administradores del banco Mirabaud, en el que estaba la cuenta principal del Rey emérito. Esas diligencias afloraron una teórica donación de Arabia Saudí a Juan Carlos I en 2008 de 65 millones de euros y, como ha desvelado El Confidencial, continuas retiradas en efectivo de esos fondos por importes superiores a los 100.000 euros al mes. El dinero era presuntamente trasladado desde Ginebra hasta Madrid en vuelos regulares por Canonica y Fasana. El germen de todas estas revelaciones no fue otro que los audios de Corinna.

La acumulación de informaciones sobre las presuntas prácticas corruptas del Rey provocaron un giro en el guion de la Audiencia Nacional el pasado 27 de julio. El actual instructor del caso Villarejo, el juez Manuel García-Castellón, acordó la reapertura del caso Carol por la existencia de nuevos informes policiales sobre las grabaciones y, sobre todo, la llegada a su juzgado de una comisión rogatoria enviada por el fiscal Bertossa con una avalancha de indicios de criminalidad en el entramado que rodeaba a Juan Carlos I. Paradójicamente, los audios han terminado volviendo a la Audiencia Nacional como un bumerán.

Por ahora, las pesquisas del Juzgado Central de Instrucción número 6 se centran en si la examante del Rey emérito contrató los servicios de Villarejo, un extremo que ella niega. Pero el magistrado ha dejado la puerta abierta a ampliar el foco de sus indagaciones al resto del contenido de las grabaciones. No puede investigar directamente al monarca porque, después de su abdicación, pasó a tener la condición de aforado. Pero García-Castellón sí está capacitado para desentrañar la maraña de testaferros y sociedades instrumentales que habría empleado para esconder sus cuentas suizas, algo que aún no se ha hecho en España.

Por su parte, aquella investigación que inició en septiembre de 2018 la Fiscalía sobre el “fondo saudí”, según el chat de Podemos, se convirtió en realidad en unas diligencias sobre las comisiones del AVE a La Meca, un caso complejo que empezó dejando al margen al monarca. Sin embargo, las pesquisas fueron avanzando lentamente hasta que, el pasado junio, por sorpresa, Anticorrupción decidió trasladar el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo tras concluir que, nuevamente, había aparecido la figura del Rey emérito en el curso de sus averiguaciones. También en este procedimiento será clave la información encontrada en Suiza con las pruebas que despreció España. El Ministerio Público tiene que decidir si los hechos posteriores a la abdicación conocidos hasta ahora son suficientes para imputar al que fue jefe del Estado durante 39 años.