EL MUNDO – 14/04/16
· Se abstiene en el Congreso y acusa al PP de haber apoyado el golpe de Estado de 2002 en Venezuela.
· Podemos eludió ayer condenar al Gobierno de Nicolás Maduro por la situación de los presos políticos en Venezuela, y se abstuvo en la votación de una proposición no de ley con la que el Congreso de los Diputados declaró esta realidad «incompatible» con la democracia.
Pese a que la iniciativa del PP –pactada con PSOE, Ciudadanos, Democracia y Libertad y PNV– obtuvo el no rotundo de ERC e Izquierda Unida, fue Podemos quien acaparó el foco de la polémica en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Su portavoz, Pablo Bustinduy, protagonizó una dura intervención en la que, más que justificarse, arremetió contra los grupos de la mayoría; en particular contra el PP, al que –sin llegar a acusarle de haberlo promovido, como en su día hizo Hugo Chávez– le reprochó haber apoyado el golpe de Estado de 2002 en Venezuela: «Qué vergüenza que aquel golpe de Estado que puso al presidente de la patronal venezolana como presidente del país fuera apoyado por sólo dos gobiernos en el mundo: Estados Unidos, España y…», añadió Bustinduy, «un editorial de infausto recuerdo del Grupo Prisa».
La formación de Pablo Iglesias presentó unas enmiendas al texto de condena, en las que apelaba al diálogo con el propio régimen venezolano. Su portavoz llegó a invocar al «Papa Francisco» para apostar por «la mediación» y «el diálogo para la resolución de conflictos», al tiempo que hacía un benévolo diagnóstico sobre el chavismo: «Venezuela está atravesando una gravísima crisis económica cuyas raíces son profundas y tienen que ver con una economía tremendamente dependiente del petróleo y de la caída de su precio; que no ha podido superar el rentismo, con problemas de corrupción endémica, con una altísima polarización y división social, y una sociedad que vive distintas manifestaciones de violencia. A un ciclo político con grandes avances sociales le ha seguido una situación muy difícil», afirmó.
Pero el grueso de su discurso, en el que no hizo mención alguna a los presos políticos venezolanos, y sí se quejó repetidamente de las recientes «fabricaciones» sobre la presunta e ilegal financiación chavista a su partido, fue un curioso y desacomplejado ataque a los Gobiernos del PP. De lo menos que les acusó ayer Bustinduy fue de «utilizar la política de Estado para perseguir fines partidistas». De lo más, de haber «estado vendiendo inmensas cantidades de material antidisturbios a ese mismo gobierno al que denuncian en los medios». Además, insistió en advertir de que la política de «injerencia» conduce a los mencionados golpes de Estado, como el de Venezuela.
Pero su ataque se hizo extensivo a todos los grupos cuando se quejó: «Convertir Venezuela en un tema de política interior no se hace por una cuestión de compromiso con los derechos humanos. ¿Dónde están las portadas respecto de los 120 periodistas muertos en México en los últimos años; de los 670 presos palestinos sin cargos en cárceles de Israel; de los 50 presos políticos saharauis en Marruecos; de los 1.134 muertos por la policía de Estados Unidos en el último año?…» Y así. El portavoz llegó a reprochar a sus compañeros de escaño esa pretendida falta de compromiso con los derechos humanos incluso «en Panamá», donde «no les importa llevarse su dinero».
Al cabo del debate, la mayoría de los grupos dio a luz a un texto que expresaba la «profunda preocupación» del Congreso por el fallo del Tribunal Supremo venezolano que declara inconstitucional la Ley de Amnistía, tal como pedía el Gobierno de Nicolás Maduro. El portavoz popular, José Ramón García Hernández, destacó que la juez que ha firmado dicha resolución fue la misma que preparó la orden de detención del opositor Leopoldo López.
La Cámara respaldó además al presidente en funciones frente a los insultos de Maduro y la consiguiente retirada temporal del embajador en Caracas. A la vez, pedía a Venezuela que «acepte» la oferta de ayuda de España para paliar su «grave crisis humanitaria y alimenticia».
EL MUNDO – 14/04/16