El Correo-F. JAVIER MERINO
La investidura ha fracasado sin que sepamos con claridad las razones tras la ruptura de una negociación apresurada, opaca y manifiestamente mejorable
Las frustradas negociaciones para formar un Gobierno de izquierdas han supuesto una profunda decepción para la opinión progresista y seguramente para la inmensa mayoría de votantes del PSOE y de Unidas Podemos. No es fácil poner de acuerdo a dos fuerzas políticas diferentes por su historia y su cultura política, pero quizá era la ocasión más clara desde el final de la dictadura franquista. Más allá de la frenética fase final –y, al parecer, única– de las negociaciones, suficientemente tratada y analizada desde los medios de comunicación, el planteamiento general de las mismas, y sobre todo su desenlace, permiten algunas reflexiones de más amplio alcance.
Sorprende, en primer lugar, que en el curso de las conversaciones y de los pronunciamientos paralelos apenas haya habido alusiones al programa que debía desplegar el nuevo Gobierno. No es necesario recordar el famoso «programa, programa, programa» de Julio Anguita para remarcar una tradición que pone lo colectivo, lo solidario, lo sustancial, al frente de los objetivos, muy por encima de las personas.
Podemos ha roto esta tradición, ya desde su irrupción en las europeas de 2014, con la reproducción de la figura de Pablo Iglesias en la papeleta electoral. Lo que fue un recurso para arañar votos en un fase de lanzamiento se ha revelado como el primer paso en la conformación –contradiciendo todas las proclamas– de una organización personalista, en la que el líder decide, por más que sus decisiones parezcan ratificadas por consultas a la afiliación. El cuándo y el cómo de esas consultas los acuerda el dirigente máximo, y tienen el objetivo principal de encubrir el autoritarismo en la dirección del partido. Y esto es especialmente grave en una fuerza que venía a combatir la oligarquización de la política por los partidos tradicionales –«lo llaman democracia y no lo es», «no nos representan»…– y a extender prácticas horizontales y novedosas de participación democrática. Si el referéndum que precedió a la ruptura de las conversaciones con el PSOE no es suficiente, puede recordarse el que sucedió a la compra del famoso chalet por Irene Montero y Pablo Iglesias. Sobra cualquier comentario.
La concentración del poder en la persona de Iglesias está teniendo consecuencias devastadoras para la izquierda alternativa. La inevitable confluencia de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE en las elecciones –no siempre posible, por otra parte, en los niveles municipales o regionales– no puede hacer desaparecer, o anular, la autonomía y capacidad de esas formaciones para actuar y expresarse en la vida política del país. Es lo que seguramente se ha echado de menos en relación sobre todo con IU en los últimos años. Es evidente que el apoyo recibido por Podemos en las elecciones propició que IU asumiera un papel subordinado en las sucesivas coaliciones.
Pero ello en ningún caso puede conducir al silencio permanente de IU y otros componentes de la izquierda alternativa ante el personalismo y el oscurantismo de Iglesias.
La investidura ha fracasado sin que sepamos exactamente las razones, rota una negociación apresurada, opaca y mejorable. Seguramente el PSOE no fue un ejemplo de juego limpio en esas conversaciones, pero no es menos cierto que estas trascurrieron por los derroteros –francamente criticables– que marcó Podemos desde el principio: nada de programas, solo reparto de carteras y con toma de decisiones en proporción al voto obtenido. Es ese planteamiento el que conduce al lamentable final, sin eludir con esta afirmación la responsabilidad que cabe atribuir a quien supuestamente ha pretendido engañar en el juego. No es razonable pedir negociación televisada en directo, pero el formato elegido es propio de trileros y oscurantistas. Como tales se han comportado los protagonistas. Una negociación en torno a programas obliga a informar a la afiliación y a la ciudadanía en su conjunto del resultado final –positivo o no– y, sobre todo. es lo más razonable si realmente se piensa en los intereses de los más débiles y no en los de la ‘casta’.
La garantía del cumplimiento del programa es el texto del mism. Es obvio que si el PSOE decidiera en un momento dado incumplir los acuerdos, lo haría igualmente con ministros de Podemos o sin ellos. Además, los 42 diputados de Unidas Podemos son imprescindibles para conformar mayorías parlamentarias, salvo que el PSOE decidiera pactar con las derechas, en cuyo caso no hay ministros que valgan. Pretender que la presencia en el Gobierno de Irene Montero o de Iglesias es condición inexcusable para asegurar que el PSOE haga honor al compromiso es una broma de pésimo gusto.
La consecuencia es una coyuntura política preocupante, en la que la gestión del líder está cerca de dilapidar un buen resultado electoral que permitía superar la amenaza de un Gobierno de derechas. La solución menos mala sería la que diera paso a un acuerdo programático con Ejecutivo de coalición o sin él en septiembre, ante el que solo cabría lamentar la irresponsabilidad de haber dejado perder este tiempo de manera tan absurda como gratuita. Mucho peor es la perspectiva de una ruptura abierta entre las dos organizaciones de izquierda, llegando al escenario de pesadilla de unas nuevas elecciones en las que parece casi imposible que la suma de PSOE y Unidas Podemos sea más favorable que la obtenida el 28 de abril. Desde el punto de vista interno de Unidas Podemos, es claro que no es aceptable la continuación del actual estado de cosas; su afiliación de Podemos debería sacar conclusiones, y quienes forman parte de la confluencia desde otras fuerzas plantear unas condiciones de funcionamiento basadas en principios elementales de democracia y respeto.