El grupo de Unidos Podemos registró ayer una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a suprimir íntegramente del Código Penal el artículo 578 para eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo; el que protege a las víctimas del «descrédito, menosprecio o humillación» a través de actos o manifestaciones públicas.
La justificación dada ayer por Pablo Iglesias para reivindicar este gran cambio fue que había que salvaguardar la «libertad de expresión» y evitar que nadie «pueda ir a la cárcel o ser inhabilitado» por escribir un mensaje en las redes sociales como Twitter o Facebook. Por ello, la iniciativa presentada urge al Gobierno a presentar en el Congreso en el plazo de un mes «un Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en el sentido de suprimir el artículo 578 del Código Penal».
Así, Unidos Podemos no se limita a pedir una modificación o una nueva redacción para evitar posibles excesos, sino que plantea directamente la supresión íntegra del artículo. Esto puesto en práctica supone eliminar la persecución del enaltecimiento del terrorismo tal y como lo conocemos de la legislación y abriría la puerta a dejar sin castigo penal, por ejemplo, los homenajes a los etarras o las conmemoraciones de actos terroristas, de ETA o yihadistas. Asimismo, sin dicha regulación sólo se podría acusar a alguien cuando incitara expresamente a la comisión de un delito, ya que eso sí estaría cubierto por otros artículos del Código Penal.
La proposición de Unidos Podemos también reclama «revisar inmediatamente los delitos relativos a las injurias y calumnias», así como otras disposiciones jurídicas que puedan «limitar o coartar el derecho de libertad de expresión» en las redes sociales.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario de Iglesias denuncia que la redacción actual del artículo tras la reforma del PP en 2015 está provocando que se esté juzgado en la Audiencia Nacional a «personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por proferir manifestaciones que se engloban en el denominado ‘humor negro’». Así, se advierte de que «si bien pueden ser de mal gusto o incluso ofensivas, no pueden tildarse de acto terrorista».
Podemos carga contra la citada reforma del PP por suponer «un terrible retroceso de los derechos fundamentales, en participar la libertad de expresión». «Nuestro ordenamiento jurídico ya contaba con instrumentos suficientes para perseguir la injuria, la amenaza o la calumnia, no siendo necesario establecer tipos delictivos adicionales. El hecho de que una persona pueda proferir comentarios desagradables en la red no requiere una regulación distinta; lo que no es delito en la calle, no es delito en Twitter», dice en su argumentación.
Para la presentación de la iniciativa, Iglesias se rodeó de dos personas que considera ejemplos de los excesos que denuncia: el humorista Facu Díaz y Cassandra Vera, una joven que ahora está siendo investigada por sus chistes en Twitter sobre el atentado y la muerte de Carrero Blanco. No obstante, el texto de la iniciativa recoge también otros casos mediáticos y recientes como el de los titiriteros de Madrid o el cantante del grupo Def con Dos César Strawberry.
En declaraciones a los medios, Iglesias tachó de «vergüenza» y «tomadura de pelo» que alguien pueda «ir a la cárcel o ser inhabilitado por hacer un tuit» mientras existe «impunidad por la corrupción». Así, recriminó al PP el haber llevado a España «al pasado» y a legislar para «atacar a quien piensa distinto». «Necesitamos que la política persiga a corruptos y mafiosos y no a personas que opinan diferente o hacen bromas a través de Twitter», insistió.
VETO A LA VENTA DE COCA-COLA
Senado.
El grupo de Unidos Podemos en la Cámara Alta pidió ayer que el Senado prohíba la venta de Coca-Cola en sus instalaciones en «solidaridad» con los trabajadores, que mantienen un conflicto laboral con la empresa en la planta de Fuenlabrada.
Ni una lata.
Exige la retirada de sus productos, que están a la venta en la cafetería, restaurante y máquinas expendedoras. Podemos llama al boicot a Coca-Cola hasta que ésta cumpla las sentencias judiciales en su conflicto con los trabajadores.