La tensión que venía acumulándose en las últimas dos semanas entre el Congreso y el Tribunal Supremo por la condena impuesta al diputado morado Alberto Rodríguez desembocó en la tarde de este viernes en un choque sin precedentes a tres bandas entre los poderes del Estado y deja a la coalición de Gobierno en una situación muy delicada, partida en dos. Todo se precipitó a lo largo de la jornada. La respuesta del TS a la solicitud de aclaración de la Cámara Baja sobre la inhabilitación de Rodríguez y la inmediata decisión de la presidenta parlamentaria Meritxell Batet de retirarle el escaño desembocó en una ristra de acusaciones de prevaricación contra el tribunal y contra la tercera autoridad del Estado por parte de Unidas Podemos, que ha anunciado querella. El fuego cruzado entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial ha ido subiendo de intensidad y nada apunta a que vaya a rebajarse. 

Los ataques contra el tribunal vinieron en forma de declaraciones formuladas nada menos que por una ministra del Ejecutivo. Ione Belarra, titular de Derechos Sociales, calificó como prevaricadora de la retirada del escaño y acusó al TS de presionar a Batet. «Ambos saben que no es lo que dice la sentencia», indicaba la ministra en un tuit en referencia al tipo de condena de inhabilitación impuesta a Rodríguez. El argumento de Podemos es que la pena que pesa en su contra se limita a prohibirle el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, ser elegido en unas elecciones. Pese a que la ley electoral y la jurisprudencia indican que este tipo de pena desencadena de forma automática la pérdida de la elegibilidad, y con ella el escaño, Podemos niega ese efecto.

Poco después del incendiario mensaje de Belarra, el socio del Gobierno anunció que se querellará contra Batet. Los argumentos dados en este caso son similares a los del tuit de la ministra. «La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño. Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación. La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país», indicaba la formación en un comunicado. Si pretende cumplir este anuncio, Podemos tendrá que acudir a la misma Sala del Supremo a la que critica para formalizar su acción penal, dado que Batet es aforada. 

En medio de la escalada, el Consejo General del Poder Judicial reaccionó con duras críticas, en un tono muy poco común en el órgano de gobierno de los jueces. En un acuerdo respaldado por la mayoría de vocales —tres de ellos votaron en contra— mostró su «absoluto y rotundo rechazo» a las manifestaciones de Belarra. Explicó su rotundidad en la gravedad de las afirmaciones que atribuyen «un delito a los magistrados» del TS, algo que «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión». «Máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», remató el CGPJ.

Más allá del triple choque institucional, la reacción de Podemos está tensionando al máximo las costuras del gobierno de coalición. La querella contra Batet toca a una de los suyos y supone por extensión un ataque al PSOE. A última hora de la noche del viernes, los socialistas cerraron filas con la presidenta del Congreso. Fuentes del PSOE reiteraron su respeto absoluto a la independencia judicial y la obligación de acatar y cumplir las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones. «La presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación. Las sentencias se pueden recurrir, pero no se pueden incumplir», recordaron.

Por su parte, el PP atacó a la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El líder ‘popular’, Pablo Casado, resaltó que «en cualquier Gobierno serio un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato», en referencia a las declaraciones de Belarra. «El ataque a la Justicia y a las instituciones por parte de los socios radicales de Sánchez es intolerable. Si no actúa ya se convertirá en su cómplice», destacó en su cuenta de Twitter. Fuentes del partido, en la misma línea, cargaron contra el «silencio» de Sánchez y reiteraron su respeto por la separación de poderes: «Los ataques a la Justicia por parte del propio Gobierno deben cesar ya».

Dos semanas de tensión

El inicio de esta guerra arrancó hace dos semanas. En los últimos días los oficios y escritos han viajado desde la Plaza de las Salesas hasta la Carrera de San Jerónimo y de vuelta. El pasado 6 de octubre, el tribunal notificó la sentencia con la que condenaba al diputado de Unidas Podemos a 45 días de prisión por atentado a la autoridad con la accesoria de inhabilitación para ser elegido cargo público, pero desde su partido pusieron en duda que tuviera que abandonar el escaño desde el primer momento. Según argumentaban, la pena de cárcel se había sustituido por una multa de 540 euros, situación ante la que consideraban que la pérdida del escaño también quedaba en papel mojado. 

Para confirmar esta tesis, la defensa de Rodríguez pidió entonces al tribunal que aclarara la sentencia y rectificara lo que definía como errores materiales en dos aspectos de la misma: la inhabilitación y la responsabilidad civil por el delito leve de lesiones. Lejos de atender su solicitud, el Supremo respondió tajante el pasado día 15: no procedía rectificación en relación con la pena impuesta porque la sentencia explicaba «con suficiente claridad todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria». La pelota quedaba así sobre el tejado del Congreso y, cuatro días después, la Mesa avaló que el diputado continuara ejerciendo sus responsabilidades.

La decisión, sacada adelante con los votos del PSOE y Unidas Podemos, se adoptó con base en un informe de los letrados del Congreso que seguía la misma línea que la defensa de Rodríguez: «No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez, no concurriendo ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la LOREG, ni ninguno de los supuestos que, en aplicación de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, comportarían bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado, bien la pérdida de la condición».

Después de la conclusión de la mesa, el Supremo preguntó a Batet por Rodríguez el miércoles. En concreto, le pidió que remitiera al tribunal el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta «con la finalidad de realizar la liquidación de su condena». A la vista de esta consulta, Batet terminó por ceder este jueves. Marchena respondió a la misma a través del oficio notificado esta mañana y, una vez más, insiste en lo ya dicho a la defensa del propio Rodríguez: «Descartábamos, por tanto, cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pues esta pena accesoria es obligada a la vista de lo dispuesto en el artículo 56.1.2 del Código Penal. Así lo exige este precepto cuando se imponga una pena privativa de libertad como ha sucedido en el presente caso», advertía en el mismo.