La polémica levantada por el presidente Sánchez acerca de las universidades privadas es una de esas diatribas estúpidas a las que es tan aficionado, destinada a disimular lo inane de su gobierno. Lo es porque, afortunadamente, disponemos desde hace mucho tiempo de unas evaluaciones bien precisas de la calidad de nuestro sistema universitario, público y privado. Me refiero a los informes anuales de la Fundación CYD que cualquiera puede consultar sin mayor problema porque son accesibles para todos en la web de esa institución. Lo que nos dicen esos informes es muy sencillo: en España tenemos un reducido grupo de universidades de alto nivel y un conjunto amplio de instituciones más bien mediocres, ambos poblados por entidades públicas y privadas, aunque estas últimas sean menos frecuentes en la élite que en la masa.

Veamos: con referencia a las principales dimensiones de la calidad universitaria, el sector privado sólo despunta en los indicadores de «enseñanza y aprendizaje» –donde apenas asoma el público– y tiene una participación menor en los de «investigación», «transferencia del conocimiento», «orientación internacional» y «contribución al desarrollo» –en los que predominan las universidades públicas–. Ello señala que el cogollo fundamental de los investigadores científicos del país se alberga en los centros públicos de mayor nivel, aunque éstos no sean tan hábiles en las tareas de enseñanza como los privados más destacados. Y si ahora entramos en las diferentes áreas de conocimiento, siempre con referencia a las instituciones mejor valoradas, el predominio de las públicas es total en Economía, Educación, Historia, Sociología y Ciencias de la Tierra, y se muestra parcial en Periodismo, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas y Derecho, donde la participación del sector privado es minoritaria.

Por tanto, nada avala la calificación general como «chiringuitos» de las universidades privadas. A no ser que se quiera extender ese carácter también a las públicas que se agregan en el segmento mediocre de nuestro sistema universitario. Este es el verdadero problema que los poderes públicos –en especial, las Comunidades Autónomas, que son las que cuentan con las competencias para aprobar los planes de estudio y verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles a los centros para su continuidad– debieran abordar. Lo demás es gastar pólvora en gallinazos.