Juan Carlos Rodríguez Ibarra-El País

Los problemas que tenemos hoy no son atribuibles al modelo de Estado que se pretende corregir y reformar. Ningún modelo de Estado sea el que sea, autonómico o federal, va a ser aceptado por los nacionalistas. ¿Para qué, entonces, la reforma?

Algo me he perdido en el tiempo en que fui responsable de una comunidad autónoma o durante el periodo en el que dejé esa responsabilidad, porque no recuerdo que los ciudadanos pidieran, ni antes ni ahora, una reforma de la Constitución para hacerla federalizante ni para nada. Microsoft, empresa estadounidense, no reconoce la palabra federalizante. EE UU es un país claramente federal y, tal vez, esa sea la razón del desconocimiento, porque se es federal o se es centralista, pero no se conoce ningún Estado federalizante, de igual manera que o se está embarazada o no, pero no se conocen casos de mujeres embarazantes.

 Si ahora se habla de reformar la Constitución es porque el desafío independentista catalán intentó golpear al Estado desde dentro del propio Estado. Los problemas que estamos teniendo en estos momentos no son atribuibles al modelo de Estado que se pretende corregir y reformar. Se deben a la existencia en nuestro país de nacionalismos fuertes y de reivindicaciones sucesivas sin límite, hasta que llegaron a la independencia. Toda la cantidad de cesiones que hemos hecho durante más de treinta años no han servido para integrarlos en un modelo de Estado, ampliamente descentralizado pero unitario. Ningún modelo de Estado sea el que sea, autonómico o federal, va a ser aceptado por los nacionalistas. ¿Para qué, entonces, la reforma?

Ya sabemos, porque así se encargan de pregonarlo los reformadores, que las reformas no son para beneficiar a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas. Excusatio non petita, accusatio manifesta es el aforismo jurídico que se viene a la mente de quienes oímos esa reiterada justificación. Dicen que no son para beneficio de nadie, pero, cada vez que hablan aluden a los agravios que supuestamente padece Cataluña. Así, por ejemplo, no ha habido sistema de financiación autonómica que no haya sido discutido, pactado y votado afirmativamente con y por Convergencia y Unión de Cataluña. El resultado propagandístico de esos acuerdos siempre fue el mismo: cuando votaron sí en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se hizo creer a los españoles que el Gobierno de la Generalidad había salido ganando; a mitad del partido se hacía creer, al mismo público, que, de nuevo, Cataluña había resultado perdedora con un modelo de financiación que parecía que se había hecho a su medida.

 ¿De dónde sacan la idea de que algunas regiones transfieren dinero a otras?

Antoni Castells, consejero de Hacienda socialista en 2009, declaró tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio de 2009, cuando se aprobó el modelo que rige ahora, que el nuevo sistema “no sólo es bueno para Cataluña, sino que también lo es para el conjunto de España”. Castells celebró y valoró el acuerdo porque, “con él, se cumple estrictamente el Estatuto de Cataluña y por el hecho de que se produzca un cambio de modelo”. Eran esos días en los que la prensa valoraba la astucia de los negociadores catalanes que siempre acababan las negociaciones con las alforjas llenas. ¿Por qué quienes alababan tal modelo, hoy consideran necesario modificarlo para mejorar la financiación catalana?

No digo nada sobre el principio de ordinalidad (palabra que no existe en castellano) que defienden como un acto de justicia quienes parecen no saber nada del asunto. Se dice que “las regiones que dan dinero a las menos favorecidas, no pueden resultar después más perjudicadas que las receptoras de esas aportaciones”. ¿De dónde sacan la idea de que algunas regiones transfieren dinero a otras? En 24 años de presidente de Extremadura jamás he visto una partida procedente del presupuesto catalán con destino a otras regiones más deprimidas. Es falsa esa transferencia. Extremadura se financia por los impuestos propios, los cedidos por el Estado y por los fondos europeos. Y de igual manera que es falsa esa transferencia, es falso que el principio de ordinalidad rija en otros Estados federales. Ni siquiera en países donde se supone que lo de solidaridad coge demasiado lejos, como EE UU, se practica semejante despropósito. California, por ejemplo, contribuye con 8.028 dólares por persona y recibe 6.709. Connecticut entrega 11.522 dólares y recibe 8.795. Si en EE UU hicieran lo que quieren los nacionalistas catalanes, California, que con su aportación per capita se coloca en el puesto 9º, y se sitúa en el 38º en el ranking federal de ingresos per capita, o Connecticut, que resulta ser el mayor contribuyente per capita de EE UU, y pasa a ocupar el puesto número 13º en ingresos federales, estarían reclamando la independencia por no sentirse cómodos en un sistema tan solidario y tan alejado del principio de ordinalidad.

Pasado el turno del poli malo llega el acercamiento del poli bueno. Este nos dice: “Ya sabéis cómo se las gastan los Junqueras, los Puigdemont y compañía”. “Si no se cede algo, lo que sea, pero que sea lo suficiente significativo, volverán a las andadas”. “Es que fue muy duro que, aprobado el Estatuto catalán por el Parlamento catalán, las Cortes y los ciudadanos catalanes en referéndum, fuera el Tribunal Constitucional el que echara para atrás los artículos más significativos”. Quienes emplean ese argumento olvidan lo duro que sería que, después de aprobada la Constitución por las Cortes Generales y por los ciudadanos españoles en referéndum, una minoría, los independentistas catalanes, se cargaran los artículos la Constitución de 1978.

También es falso que el principio de ‘ordinalidad’ rija en otros Estados federales, como EE UU

El poli bueno tratará de convencernos para que aceptemos sus propuestas más livianas. El problema es que no sabemos qué piden. No podemos fiarnos de quienes jamás hablan claro. Dígannos qué pretenden y podremos responder. ¿Qué significa un referéndum pactado? ¿Qué es una nación de naciones? ¿A qué naciones se refieren cuando hablan de la España plurinacional? ¿Qué significa el federalismo asimétrico? ¿Qué nuevos derechos quieren incorporar a su cuerpo legislativo?

Quienes se adentran en el camino de la reforma para dar satisfacción a quien no la quiere, no deberían olvidar que la Constitución actual conjugó las tres visiones que había en los años setenta: la visión del nacionalismo español y unitario, la de los nacionalismos periféricos, y la tradición federal de la izquierda. Al tratar de conciliar esas tres visiones, el resultado fue una fórmula ambigua: ni Estado unitario puro, ni Estado federal puro. El texto constitucional se hace eco de esas tres visiones: referencias a la singularidad identitaria, descentralización política, y nación española, patria común e indivisible. ¿Qué se pretende con las reformas? ¿Qué visión prevalecerá?

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de Extremadura entre 1983 y 2007.