Roberto R. Aramayo-El Correo
Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC e historiador de las ideas morales y políticas
- Urgen medidas de control para evitar las adjudicaciones ilícitas que merman la confianza y manchan la imagen de empresas honestas
El Congreso de los diputados vive una mala época. En lugar de duelos dialécticos elaborados con una retórica brillante para defender las propias ideas e implementar los argumentos de quienes no piensan igual, asistimos a un concurso de zafiedades absolutamente inapropiadas para el Parlamento en que reside la soberanía popular. La mala educación alcanza cotas inimaginables en ese foro y proyectan una imagen desoladora de quienes nos representan para gestionar la esfera pública. Ese torbellino borra del mapa cualquier iniciativa sensata y una deseable búsqueda conjunta de soluciones para los problemas cotidianos. Todo se difumina por un protagonismo digno de mejor causa, con el que los primeros espadas de ciertas formaciones logran abochornarnos con creces mediante su pueril comportamiento.
Tenemos a quien se ausenta del hemiciclo sin esperar la respuesta que demandan sus preguntas, formuladas además con ademanes toscos y un lenguaje chabacano. Pero lo peor es que quien se postula como recambio gubernamental cultive una zafiedad realmente arrabalera, demostrando con ello que la corrupción le trae al pairo y que solo pretende socavar la figura de quien preside ahora mismo La Moncloa. Cuando abandonó la Xunta y sus paseos marítimos en compañías de dudosa calaña (es que no había Google para informarse sobre sus actividades), el recién electo presidente del Partido Popular se presentó como un hombre tranquilo, que no pensaba recurrir al insulto para desvirtuar la política y arruinar con ello posibles pactos para las grandes cuestiones. Madrid parece haber cambiado mucho al presunto líder de la oposición.
Se diría que Feijóo está sumamente nervioso, al comprobar que su acceso al Palacio de la Moncloa puede no ser tan inminente como le gustaría. Solo eso explica sus groseros ataques personales a Pedro Sánchez y su entorno familiar. Da grima reproducir sus improperios, pero es lamentable que puedan propagarse infundios tan patanes impunemente. Debería haber mecanismos de control para evitar que desde un escaño puedan proferirse sin respaldo alguno acusaciones tan abominables. Tampoco debería sorprendernos cuando acaba de convertir en secretario general del partido a Miguel Tellado, ese personaje que se reía como un poseso mientras mostraba fotos de gente asesinada por ETA y que sigue instrumentalizando el terrorismo para descalificar al adversario político.
Reprochar a Patxi López un compadreo con esa organización terrorista es algo particularmente mezquino, puesto que, bien al contrario, la banda desapareció mientras ejercía como lehendakari, con Zapatero en la presidencia del Gobierno y Rubalcaba en el Ministerio de Interior. La consigna es calumniar por si algo queda y logra calar en la opinión pública, por muy falsas e injustas que sean las acusaciones vertidas. Resulta patético asistir a semejante degradación de la política. Lejos de discutirse las medidas propuestas para luchar contra la corrupción, se pusieron sobre la mesa unas catetas difamaciones contra Pedro Sánchez. Es lógico que se haya planteado la dimisión, porque sería lo más cómodo para su familia y él mismo, al que no le costaría mucho cultivar sus compromisos políticos en unos ruedos internacionales donde sus propuestas no pasan desapercibidas, como sucedió con la excepción ibérica en su momento.
Es una lástima tener que recordar hazañas pretéritas como las protagonizadas por los antiguos ministros de Aznar encarcelados o los altos cargos que a Esperanza Aguirre le salieron rana, por no hablar de las proezas del novio en cuyo ático reside la presidenta madrileña. Casado tuvo que irse al recordar las comisiones cobradas por el hermano de Ayuso en plena pandemia y su asesor áulico quiere defenestrar al Fiscal General con ayuda de algún juez claramente parcial. En lugar de rendir cuentas por haber discriminado a las personas mayores que no tenían una cobertura médica privada, privándoles de una eventual asistencia hospitalaria, quien se ha erigido en la frutera mayor del reino ha patentado una gracieta para insultar al primer ministro coreada por sus penosas huestes.
El caso Cerdán es de una gravedad que no admite matizaciones y las conversaciones con Ábalos grabadas por el tal Koldo sobre sus lances eróticos resultan escalofriantes. Deben pagar literalmente por el dinero que hayan podido embolsarse, pero urge activar mecanismos de control para evitar las adjudicaciones ilícitas que dañan la libre competencia, menoscaban la confianza en las instituciones y manchan la imagen de las empresas honestas. No es de recibo que los granujas acaben secuestrándolo todo en términos mediáticos y consigan que se haga una zafia política de arrabal.